Juristas internacionales denuncian ante la ONU un crimen de agresión de Estados Unidos contra Venezuela
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Un amplio grupo de juristas internacionales presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas una denuncia formal en la que califica el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores como un crimen de agresión, una violación manifiesta del derecho internacional y una amenaza directa a la paz y la seguridad mundiales.
En el documento, solicitado para su circulación oficial ante el Consejo de Seguridad, los firmantes condenan “en los términos más enérgicos” el bombardeo aéreo perpetrado por Estados Unidos contra Caracas y otras zonas del territorio venezolano durante la madrugada del 3 de enero de 2026, al considerar que constituye un uso ilícito de la fuerza en violación del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, norma que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
El texto subraya que la prohibición del uso de la fuerza reviste carácter de norma imperativa del derecho internacional (ius cogens) y recuerda la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que ha establecido que los principios de la Carta de la ONU en esta materia reflejan derecho internacional consuetudinario, citando el precedente del caso Nicaragua contra Estados Unidos de 1986.
Según los juristas, el ataque configura además un crimen de agresión conforme a la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General y al artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define como tal el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
El documento pone especial énfasis en la “gravedad jurídica sin precedentes” que representa el anuncio público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el secuestro y la privación ilegítima de la libertad del presidente constitucional de Venezuela y de su esposa, durante una operación militar que provocó víctimas civiles y militares. Para los firmantes, estos hechos constituyen no solo una violación flagrante del derecho internacional, sino también un atentado contra la soberanía popular y una ruptura del orden constitucional venezolano, susceptibles de ser calificados como crímenes internacionales.
La presentación sostiene además que el objetivo de apropiación y control de los recursos naturales soberanos de Venezuela ha sido expresamente reconocido por el propio Trump, lo que —afirman— confirma la finalidad ilícita de la agresión y refuerza su carácter de crimen internacional.
La denuncia cuenta con la firma de decenas de juristas, jueces, académicos y exfuncionarios judiciales de América Latina, Europa y otras regiones, entre ellos el exjuez de la Corte Interamericana Eugenio Raúl Zaffaroni, el exmagistrado español Baltasar Garzón, y representantes de asociaciones de juristas y derechos humanos de numerosos países. La amplitud y diversidad de las adhesiones refuerzan el carácter transnacional del reclamo y buscan situar el caso venezolano como una prueba decisiva para la vigencia del orden jurídico internacional basado en normas y no en la fuerza..
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