El plan Quiroz: arrasar con derechos en nombre del crecimiento

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Las primeras definiciones económicas del gobierno entrante de José Antonio Kast comienzan a despejar una de las interrogantes centrales del nuevo ciclo político: qué tipo de Estado se pretende construir —o desmantelar— desde marzo en adelante. Las declaraciones de Jorge Quiroz, principal asesor económico del presidente electo y carta casi segura para el Ministerio de Hacienda, entregan una señal inequívoca: el eje no estará puesto en una modernización regulatoria selectiva, sino en una ofensiva generalizada contra el entramado normativo que limita la acción del gran capital.

Quiroz expuso esta visión ante un público particularmente receptivo: empresarios reunidos en un foro de ICARE, instancia tradicional donde se delinean los consensos del poder económico. Allí, el economista sostuvo que Chile funciona atrapado en una “maraña regulatoria” anormal y asfixiante, afirmando que el próximo gobierno se montará sobre los actuales sistemas de facilitación de permisos para eliminar derechamente regulaciones, especialmente en sectores como el urbanismo y la construcción.

No se trata de una declaración aislada ni improvisada. La propuesta incluye suprimir miles de instructivos, reducir drásticamente las circulares administrativas y avanzar hacia lo que Quiroz denomina una “liberalización del suelo”, comparando su impacto macroeconómico con la apertura comercial de los años noventa. En otras palabras, el suelo urbano y rural —con todas sus implicancias sociales, ambientales y territoriales— pasa a ser concebido principalmente como un activo económico que debe ser liberado de restricciones.

Desregulación como dogma, no como herramienta

El problema de fondo no es discutir la existencia de regulaciones ineficientes o redundantes, cuestión legítima en cualquier democracia. Lo inquietante es el carácter ideológico y maximalista del diagnóstico. En el relato de Quiroz, las normas no aparecen como instrumentos de equilibrio entre intereses privados y bienes públicos, sino como obstáculos que encarecen artificialmente la vida y frenan la inversión.

Bajo esta lógica, las viviendas no son inaccesibles por la precariedad salarial, la especulación inmobiliaria o la concentración del suelo, sino porque “hemos inventado formas de que sean caras”. La solución, entonces, no pasa por fortalecer políticas habitacionales o regular el mercado, sino por desatar completamente las amarras normativas que hoy contienen al sector inmobiliario.

Este enfoque no es neutro. Supone trasladar poder desde el Estado hacia los grandes actores económicos, debilitando los mecanismos de control democrático, evaluación ambiental y planificación territorial. En nombre de la inversión, se relativiza el impacto social y ecológico de proyectos que afectan directamente la vida de millones de personas.

Un nombre con historia

La figura de Jorge Quiroz no es nueva en el debate público chileno. Durante décadas ha sido un defensor consistente de la ortodoxia promercado, asesorando a grandes empresas y participando en controversias económicas de alto impacto. Su nombre ha estado vinculado a defensas técnicas de sectores empresariales involucrados en casos de colusión, como los de las farmacias y los pollos, episodios que dañaron profundamente la confianza pública en el mercado como mecanismo autorregulado.

Que una figura con ese historial esté llamada a conducir la política fiscal y económica del país no es un dato menor. Refuerza la percepción de que el nuevo gobierno no busca corregir los excesos del modelo, sino profundizarlos bajo una narrativa de eficiencia y crecimiento.

El Estado reducido a facilitador

En las palabras de Quiroz, el Estado deja de ser un garante de derechos y un regulador del interés general para convertirse, principalmente, en un facilitador de inversiones privadas. La Dirección de Obras, las evaluaciones ambientales, las normas urbanísticas y los controles administrativos aparecen como vestigios de un pasado que debe ser superado para que el mercado despliegue todo su potencial.

Este giro no solo tiene consecuencias económicas. Implica una reconfiguración profunda de la relación entre política y sociedad, donde las decisiones estratégicas se desplazan desde espacios deliberativos hacia acuerdos tecnocráticos con el empresariado. La promesa de crecimiento se ofrece como compensación frente a la pérdida de control ciudadano sobre el territorio, el medio ambiente y las condiciones de vida urbana.

Una regresión con lenguaje moderno

Paradójicamente, el discurso se presenta como modernizador, cuando en realidad remite a una vieja matriz neoliberal: menos Estado, menos regulación, más mercado. La diferencia es que ahora se enuncia sin complejos, con una franqueza que revela la confianza de quienes sienten que el ciclo político les es favorable.

En un país marcado por conflictos socioambientales, crisis habitacional y desconfianza hacia las élites económicas, arrasar con regulaciones en nombre de la inversión no es una política inocua. Es una apuesta de alto riesgo social, que puede profundizar desigualdades, degradar territorios y debilitar aún más la legitimidad del Estado.

Las declaraciones de Jorge Quiroz no son solo un anticipo técnico del programa económico de Kast. Son, sobre todo, una definición política: el nuevo gobierno entiende el desarrollo como un problema de restricciones al capital, no como un desafío de justicia social, cohesión territorial y derechos colectivos. El conflicto, inevitablemente, está servido.

Paul Walder

Paul Walder

Periodista