San Antonio: el desalojo que desnuda la crisis habitacional y la política de expulsión
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El desalojo iniciado este lunes en la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, no es solo un operativo policial de gran envergadura: es el retrato crudo de una crisis habitacional que Chile arrastra hace décadas y que los distintos gobiernos han sido incapaces —o no han querido— resolver desde una lógica de derechos.
Desde temprano, efectivos de Carabineros de Chile, apoyados por carros lanza agua, lanza gases, maquinaria pesada y drones de vigilancia, comenzaron a ejecutar la orden judicial que afecta a cerca de 2.000 familias, muchas de ellas con niños, adultos mayores y personas en situación de alta vulnerabilidad social. Durante las primeras horas se levantaron barricadas en un intento de frenar el operativo, pero la respuesta fue la habitual: gases lacrimógenos, dispersión forzada y al menos tres personas detenidas.
La toma de San Antonio —la más grande del país— comenzó a formarse durante la pandemia y se expandió hasta albergar hoy más de 4.100 hogares. Según datos oficiales, el 31% de sus habitantes son niños y adolescentes, y otro 30% adultos mayores. No se trata, como suele caricaturizarse, de un fenómeno marginal o delictual, sino de familias expulsadas del mercado formal de la vivienda por el alza del suelo, los arriendos impagables y la precarización laboral.
Desalojar sin alternativa: una promesa rota
El operativo se ejecuta pese a compromisos públicos reiterados del Estado de no desalojar sin soluciones habitacionales dignas. En los hechos, no existen cronogramas claros de reubicación, ni viviendas disponibles, ni respuestas efectivas a las necesidades de quienes hoy están siendo expulsados.
La estrategia estatal ha sido, como en otros casos, fragmentaria y contradictoria. Se anunció la expropiación parcial de solo 100 de las 215 hectáreas ocupadas, mientras se empuja al resto de las familias a abandonar el territorio. Es decir, se reconoce implícitamente la legitimidad de una parte del asentamiento, pero se criminaliza al resto, profundizando la incertidumbre y el desarraigo.
Vecinos y organizaciones han recurrido a tribunales con recursos de protección contra la Delegación Presidencial y empresas privadas involucradas, recordando que existen fallos previos que han reconocido la posesión legítima de parte de los habitantes del cerro Centinela. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido, una vez más, policial.
Una crisis estructural, no un problema “de orden público”
Lo ocurrido en San Antonio no es un hecho aislado. Según la fundación TECHO, en Chile existen más de 115 mil familias viviendo en 1.290 asentamientos informales, el nivel más alto desde los años noventa. Cerca del 70% son familias chilenas, desmontando el discurso que intenta reducir el problema a la migración.
El déficit habitacional alcanza cifras históricas. Datos del Censo 2024 indican que 491.900 hogares requieren una vivienda nueva, equivalente al 7,5% del total de hogares del país. Investigaciones académicas advierten que, si no se acelera drásticamente la construcción de vivienda social, el déficit podría llegar a 750 mil viviendas hacia fines de 2025.
En la región de Valparaíso, la escena se repite: desalojos en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, con respuestas estatales limitadas a albergues temporales de dos o tres días. No hay diferencias sustantivas entre administraciones de distinto signo político: el patrón es el mismo.
Política de clase y especulación del suelo
Reducir la megatoma de San Antonio a un “problema técnico” o de “orden público” es una operación política. Lo que está en juego es la prioridad del derecho de propiedad y la especulación inmobiliaria por sobre el derecho social a la vivienda.
El Estado actúa con rapidez para proteger el valor del suelo urbano y los intereses privados, pero muestra una lentitud estructural cuando se trata de garantizar condiciones mínimas de vida digna. La represión aparece como sustituto de una política pública integral.
No se trata de ausencia de recursos, sino de decisiones políticas: subsidios habitacionales recortados, plazos de entrega que se extienden por años y una negativa persistente a enfrentar la concentración y mercantilización del suelo urbano.
¿Qué significa garantizar el derecho a la vivienda?
Garantizar el derecho a la vivienda implica mucho más que administrar desalojos “ordenados”. Supone terminar con la especulación, expropiar terrenos ociosos, impulsar proyectos de vivienda social bien localizados y reconocer que el acceso a un hogar no puede depender exclusivamente del mercado.
Mientras el Estado siga optando por expulsar familias en vez de integrarlas a soluciones habitacionales reales, la crisis no solo continuará, sino que se profundizará. San Antonio no es una anomalía: es el espejo de un modelo que produce campamentos y luego los castiga.
Hoy, miles de familias son empujadas nuevamente a la precariedad. No por falta de diagnóstico, sino por la persistencia de una política que, frente a la desigualdad, sigue eligiendo el desalojo antes que el derecho.
