Abogados de Pinochet al corazón del nuevo gobierno: señales de retroceso y provocación democrática
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La designación de dos antiguos abogados del dictador Augusto Pinochet como futuros ministros de Justicia y Defensa del gobierno de José Antonio Kast no solo encendió alertas en organizaciones de derechos humanos, sino que consolidó una señal política de alto impacto: el nuevo ciclo gubernamental no busca cerrar las heridas del pasado, sino reordenar el poder desde una lectura revisionista de la historia reciente.
Se trata de Fernando Rabat, futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Fernando Barros, quien asumirá Defensa y la coordinación de las Fuerzas Armadas a partir del 11 de marzo. Ambos nombres están directamente vinculados a la defensa jurídica del régimen de Augusto Pinochet, y su arribo a carteras clave ha sido calificado por expertos como un retroceso democrático, una provocación política y una señal de negacionismo institucional.
Justicia en manos del pasado
Fernando Rabat, abogado de 53 años, especialista en derecho civil y académico de la Universidad del Desarrollo, formó parte del equipo jurídico que defendió a Pinochet en causas emblemáticas como la Operación Colombo, uno de los montajes más brutales de la dictadura para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores, y el Caso Riggs, que destapó la fortuna secreta del general en el extranjero.
Rabat integra el estudio jurídico del fallecido Pablo Rodríguez, líder de Patria y Libertad, organización paramilitar de extrema derecha que operó mediante la violencia política contra el gobierno de la Salvador Allende. Su nombramiento al frente de la cartera que debe garantizar el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos resulta, para muchos, una contradicción insalvable.
“El nombramiento es una señal negativa, incluso provocativa”, advirtió el académico Octavio Avendaño, subrayando que no se trata de un gesto técnico, sino de una definición política que tensionará al sistema desde el primer día. A ello se suma que Rabat deberá enfrentar una profunda crisis del Poder Judicial, marcada por destituciones de ministros de la Corte Suprema y jueces por casos de corrupción, en un escenario donde la confianza institucional ya se encuentra erosionada.
Defensa y Fuerzas Armadas: continuidad sin ruptura
En el Ministerio de Defensa, Fernando Barros —68 años, abogado independiente pero cercano a Kast— fue vocero y defensor de Pinochet tras su detención en Londres en 1998, episodio clave del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Durante más de tres décadas también fue abogado personal del expresidente Sebastián Piñera y administrador de la fortuna familiar.
Barros preside actualmente el directorio de la empresa química Oxiquim y participa en otros directorios empresariales y académicos, cargos a los que deberá renunciar formalmente al asumir. No obstante, su trayectoria refuerza la percepción de un gabinete donde la frontera entre poder político, económico y militar aparece deliberadamente difuminada.
Para organizaciones de derechos humanos, su designación no garantiza una conducción civil orientada a la subordinación democrática de las Fuerzas Armadas, sino más bien una lógica de continuidad ideológica con el pasado autoritario.
“Una ofensa directa a la memoria”
El rechazo no se hizo esperar. Dieciséis agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos emitieron una declaración conjunta calificando la designación de Rabat como “una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, fue categórica: “Es un retroceso enorme en los avances que Chile ha logrado en materia de derechos humanos”. El temor central es que desde Justicia se impulsen cambios regresivos, se debilite la persecución penal de crímenes de lesa humanidad o se ponga término al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric.
Flor Lazo, de la Agrupación de Familiares Detenidos y Desaparecidos del Paine, fue aún más clara: “Si el plan de búsqueda se termina, nos rebelaremos. Nuestra esperanza es encontrar a todas las víctimas”.
Un gobierno que deja de disimular
A diferencia de sus campañas presidenciales de 2017 y 2021, Kast evitó en esta ocasión referirse explícitamente a la dictadura. Sin embargo, la conformación de su gabinete revela lo que el discurso electoral buscó ocultar: un proyecto político que no rompe con el pinochetismo, sino que lo reintegra al centro del Estado.
Kast no solo defendió públicamente el legado de Pinochet en el pasado, sino que participó activamente en la franja televisiva a favor del “Sí” en el plebiscito de 1988. Su hermano, Miguel Kast, fue ministro del régimen, presidente del Banco Central e integrante de los Chicago Boys, arquitectos del modelo neoliberal impuesto bajo dictadura.
En ese contexto, los nombramientos de Rabat y Barros no aparecen como errores ni casualidades, sino como coherencia política: el retorno explícito de una elite que entiende los derechos humanos como un obstáculo y no como un pilar de la democracia.
Más que ministros, un mensaje
Lo que está en juego no es solo la idoneidad de dos figuras, sino el mensaje estructural que envía el nuevo gobierno: justicia y defensa bajo conducción de quienes defendieron jurídicamente al dictador, en un país donde aún existen más de mil detenidos desaparecidos y donde la memoria sigue siendo una disputa abierta.
Para amplios sectores sociales, este gabinete no inaugura una etapa de reconciliación, sino una de revisión regresiva del pacto democrático, en la que la historia no se enfrenta para superarla, sino que se administra para neutralizarla.
En ese sentido, el arribo de abogados de Pinochet al corazón del Estado no es solo una provocación simbólica. Es, sobre todo, una advertencia política.
Fuente: Efe
