Derogar tarde, asumir poco: la ley Nain-Retamal y el «gesto» que no alcanza

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La presentación de dos proyectos de ley por parte de parlamentarios oficialistas para derogar los artículos de la Ley Nain-Retamal que consagran la llamada “legítima defensa privilegiada” de agentes del Estado vuelve a poner en el centro una discusión incómoda, pero inevitable: no solo qué dice hoy el derecho penal chileno sobre el uso de la fuerza policial, sino también cómo el propio oficialismo administra sus responsabilidades políticas cuando los efectos de una ley que apoyó —o permitió— se vuelven evidentes.

Las iniciativas, impulsadas por diputadas y diputados del Frente Amplio, Acción Humanista y el Partido Comunista, apuntan a derogar los párrafos tercero al sexto del numeral 6° del artículo 10 del Código Penal, incorporados en 2023, en un contexto de fuerte presión política y social tras el asesinato de carabineros. El argumento es conocido: la presunción legal a favor del uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales debilita el control judicial, traslada la carga de la prueba hacia las víctimas y entra en tensión con estándares internacionales de derechos humanos.

Nada de eso es nuevo. Estas advertencias fueron formuladas con claridad durante la tramitación de la ley, tanto por organismos nacionales como internacionales, por académicos, organizaciones de derechos humanos y por sectores del propio oficialismo. Aun así, la ley fue aprobada, con los votos decisivos del llamado Socialismo Democrático y con el respaldo del Gobierno, que optó por priorizar una señal política en materia de seguridad pública, aun a costa de introducir una norma jurídicamente riesgosa.

Hoy, a la luz del fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica —pese a que el tribunal dio por acreditado que el disparo que lo dejó ciego provino de su arma—, el problema ya no es teórico. Es político, jurídico y moral. Pero también es temporal: llega tarde.

Los proyectos presentados ahora no parecen tener un recorrido legislativo realista. A semanas del término del actual período parlamentario, con una Cámara que cambiará de signo político a partir de marzo, con una derecha fortalecida y con un Socialismo Democrático que no solo votó a favor de la Ley Nain-Retamal, sino que además ha marcado distancia con el Frente Amplio y el Partido Comunista, la posibilidad de que estas iniciativas prosperen es, en el mejor de los casos, remota.

Por eso, más que una ofensiva legislativa efectiva, lo que se observa es un gesto político. Un llamado de atención. Un intento de dejar constancia.

Las declaraciones de los autores de los proyectos son consistentes con esa lectura. Tomás Hirsch habla de “un daño incalculable” al respeto de los derechos humanos; Maite Orsini subraya la revictimización institucional; Ana María Gazmuri recuerda que la ley se aprobó en un momento de conmoción y que “no era la respuesta adecuada”. Desde el Partido Comunista, Nathalie Castillo apunta al riesgo de consolidar el “gatillo fácil” y a la erosión de principios básicos del derecho penal.

Todo eso es atendible. Pero la pregunta que queda flotando es otra: ¿por qué ahora?

La dificultad no está solo en la correlación de fuerzas futura, sino en la falta de una asunción clara de responsabilidades pasadas. La Ley Nain-Retamal no fue un accidente legislativo ni una imposición unilateral de la derecha. Fue una decisión política tomada por el Gobierno y validada por una parte sustantiva de su coalición, en nombre de la gobernabilidad, del orden público y de la urgencia. Esa decisión tuvo costos advertidos. Hoy esos costos se materializan.

Presentar proyectos de derogación en el tramo final del mandato, cuando quienes los impulsan saben que no cuentan con los votos necesarios, corre el riesgo de leerse menos como una corrección efectiva y más como un acto testimonial, incluso defensivo. Más aún cuando varios de sus impulsores no fueron reelectos o están en sus últimos días en el Congreso.

Nada de esto invalida el fondo del debate. Al contrario: confirma que la discusión sobre el uso de la fuerza estatal, la responsabilidad penal de los agentes del Estado y el estándar democrático en materia de derechos humanos sigue abierta y es ineludible. Pero también evidencia una fractura más profunda en el oficialismo, y una dificultad persistente para hacerse cargo, en tiempo y forma, de las decisiones adoptadas cuando el poder estaba plenamente disponible.

Derogar una norma que se considera injusta es legítimo. Hacerlo tarde, sin mayoría, y sin un balance político explícito sobre por qué se aprobó, deja un sabor amargo. No repara a las víctimas, no modifica el marco jurídico vigente y no resuelve la desconfianza ciudadana frente a un sistema que parece reaccionar solo cuando el daño ya está hecho.

Tal vez el principal valor de estos proyectos no esté en su eventual aprobación, sino en lo que revelan: una señal de conciencia tardía en un ciclo político que se cierra, y la constatación de que, en materia de derechos humanos, las decisiones tomadas bajo presión rara vez son neutras, y casi nunca gratuitas.

Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista