Mega incendios en el Biobío: organizaciones apuntan al modelo forestal y exigen responsabilidades estructurales
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Las organizaciones territoriales, socioambientales y culturales de la Región del Biobío levantaron una severa denuncia pública frente a la nueva ola de mega incendios que afecta a amplios sectores del territorio. En un pronunciamiento conjunto, advierten que la devastación actual no responde a una catástrofe imprevisible, sino a las consecuencias directas de un modelo forestal extractivo, la ausencia de planificación territorial y decisiones políticas sostenidas durante décadas.
Los incendios que se han propagado durante enero de 2026 han golpeado con fuerza a comunas como Penco, Lirquén, Florida y zonas periurbanas de Concepción, destruyendo viviendas, infraestructura comunitaria, cuencas hídricas y ecosistemas completos. Las organizaciones sostienen que los sectores más afectados vuelven a ser comunidades populares, rurales y costeras, históricamente expuestas a la expansión de monocultivos forestales altamente combustibles.
Una catástrofe anunciada
El comunicado subraya que lo ocurrido en el Biobío no es un hecho aislado. Recuerda los incendios de 2017, que arrasaron más de 25 mil hectáreas y dejaron 19 personas fallecidas; los siniestros de 2023, con 24 víctimas fatales; y la tragedia de Valparaíso en 2024, donde murieron 134 personas y miles de familias siguen esperando soluciones definitivas.
Desde esta perspectiva, los incendios forestales son definidos como desastres socioambientales, cuyas consecuencias no se limitan a la pérdida material. El impacto se extiende al tejido social, la salud mental, la memoria comunitaria y las formas de vida ligadas al territorio, profundizando la vulnerabilidad estructural de las comunidades afectadas.
El modelo forestal en el centro de las críticas
Uno de los ejes más claros y directos del pronunciamiento apunta al modelo forestal chileno. Las organizaciones sostienen que la transformación del paisaje en extensas plantaciones de pino y eucalipto ha creado un escenario de riesgo permanente, caracterizado por alta carga combustible, pérdida de biodiversidad y una peligrosa cercanía con zonas habitadas.
Recuerdan que ya existen antecedentes científicos y jurídicos que vinculan directamente la expansión forestal con la propagación e intensidad de los incendios. En ese marco, mencionan el fallo del 11° Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza, realizado en enero de 2024 en el denominado Caso Biobío, que recogió testimonios de comunidades y del pueblo mapuche afectadas por los incendios de 2023. Aquel tribunal estableció responsabilidades éticas y territoriales del extractivismo forestal y recomendó medidas como la restauración de ecosistemas, una moratoria a la expansión de monocultivos invasivos y reformas ambientales estructurales, recomendaciones que —según denuncian— han sido ignoradas por el Estado.
Cuestionamientos al Estado y al gobierno
Las organizaciones también dirigen sus críticas al Estado y al gobierno central, acusándolos de persistir en políticas que favorecen al sector forestal incluso en un contexto de emergencia climática. Como ejemplo, mencionan el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, que contempla incentivos para ampliar las plantaciones forestales bajo el argumento de reactivar la inversión, una estrategia que, a juicio de los firmantes, profundiza las causas de fondo de los incendios.
Desde esta mirada, la respuesta estatal sigue siendo reactiva y centrada en la emergencia, sin abordar los factores estructurales que hacen que estas tragedias se repitan con mayor gravedad año tras año.
Exigencias inmediatas y de largo plazo
El pronunciamiento plantea una serie de demandas urgentes: reparación integral para las personas damnificadas, indemnizaciones directas, congelamiento de precios de materiales de construcción, subsidios de arriendo y soluciones habitacionales definitivas. También exigen detener la expansión de las plantaciones forestales, establecer zonas de amortiguación libres de monocultivos en la interfaz urbano-rural y reforzar cortafuegos efectivos dentro de los predios forestales.
De manera explícita, las organizaciones demandan que las grandes empresas del sector —como Arauco, Mininco y CMPC— asuman la responsabilidad financiera y ambiental por los daños provocados, financiando la restauración de los territorios afectados.
Entre las propuestas estructurales, plantean declarar a las regiones entre Valparaíso y La Araucanía como “Zonas Saturadas de Extractivismo Forestal”, revisar los instrumentos de ordenamiento territorial y someter las plantaciones forestales densas al sistema de evaluación ambiental, incorporando el cambio climático como un riesgo permanente para la vida y los ecosistemas.
Más allá de la emergencia
El comunicado concluye con un llamado a no aceptar discursos de “sustentabilidad” o “responsabilidad social” que, según denuncian, buscan encubrir décadas de explotación intensiva de la naturaleza. Las organizaciones anuncian que continuarán articuladas, denunciando a los responsables directos e indirectos de estas catástrofes y exigiendo un cambio profundo en la relación entre el Estado, el mercado y los territorios.
En medio de una nueva emergencia, el pronunciamiento del Biobío vuelve a instalar una pregunta incómoda pero persistente en el debate público chileno: si el país seguirá abordando los incendios forestales como tragedias inevitables o si, finalmente, asumirá que se trata de una crisis profundamente política, económica y territorial.
Fuente:
Comunicado público de organizaciones territoriales, socioambientales y culturales de la Región del Biobío, enero de 2026.
