Fenadaj tras la detención de Ángela Vivanco: “Más que una crisis, es una oportunidad para recuperar la justicia como derecho”
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La detención de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, sigue generando reacciones en el mundo jurídico y social. A las críticas institucionales y al impacto político que ha provocado el hecho, se sumó ahora la voz de quienes trabajan en el primer eslabón del acceso a la justicia: las y los funcionarios de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJ a nivel nacional, señalaron que el caso Vivanco no solo confirma la profunda crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial, sino que también abre una oportunidad histórica para cuestionar privilegios, fortalecer controles y reivindicar una concepción democrática de la justicia.
“La detención de una exministra de la Corte Suprema evidencia una crisis profunda, pero también puede ser el punto de inflexión para recuperar la confianza ciudadana”, señalaron desde la organización, subrayando que la gravedad del caso obliga a revisar no solo responsabilidades individuales, sino también las estructuras que han permitido prácticas opacas al interior del sistema judicial.
Una justicia capturada por el poder
La presidenta de Fenadaj, Victoria Escalante, fue enfática al afirmar que el caso Vivanco “es una señal clara de que en Chile han existido grupos de poder que han actuado desde la impunidad y el abuso de la justicia”, en alusión a la presunta utilización del cargo judicial para favorecer intereses económicos privados.
Escalante contrastó esa realidad con el trabajo cotidiano que desarrollan las Corporaciones de Asistencia Judicial, cuya misión es garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad social. “Mientras algunos han operado desde la cúspide del sistema con privilegios y redes de influencia, miles de funcionarias y funcionarios trabajan día a día para que la justicia sea un derecho real y no un bien transable”, señaló.
Desde Fenadaj apuntan a una fractura estructural: una justicia que, en los hechos, funciona con estándares muy distintos según la posición social, económica o política de quienes comparecen ante los tribunales.
Crisis institucional y déficit de control
El caso de la exministra Vivanco se suma a una serie de episodios recientes que han golpeado al Poder Judicial, incluyendo investigaciones por corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias que han involucrado a jueces, abogados influyentes y operadores políticos.
En ese contexto, Fenadaj insistió en la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos de fiscalización interna. “No basta con reaccionar cuando los escándalos estallan. Urge revisar los estándares éticos, los sistemas de nombramiento, evaluación y control de juezas y jueces”, afirmó Escalante.
La dirigenta sostuvo que la ausencia de controles eficaces ha permitido la consolidación de una cultura de impunidad en ciertos niveles del sistema judicial, particularmente en los cargos de mayor jerarquía, donde la rendición de cuentas ha sido históricamente débil.
Justicia como derecho, no como privilegio
Uno de los ejes del pronunciamiento de Fenadaj es la defensa de una concepción de la justicia como un derecho humano fundamental y no como un espacio capturado por intereses económicos o políticos. Desde la federación recalcaron que la crisis actual debe ser abordada con una mirada estructural, que considere tanto la independencia judicial como su responsabilidad democrática.
“Este no es solo un problema de personas, sino de un modelo que ha tolerado zonas de opacidad y privilegio. Si no se aprovecha este momento para introducir cambios profundos, la desconfianza ciudadana seguirá creciendo”, advirtieron.
En ese sentido, Fenadaj llamó a que las investigaciones se desarrollen con total transparencia, sin corporativismos ni defensas cerradas del estamento judicial, y que se garantice que los estándares de probidad y responsabilidad sean iguales para todos.
Un punto de inflexión necesario
La detención de Ángela Vivanco marca un hecho inédito en la historia reciente del Poder Judicial chileno. Para Fenadaj, ese carácter excepcional no debe ser visto solo como una crisis institucional, sino como una oportunidad para reordenar prioridades y devolverle legitimidad a un sistema profundamente cuestionado.
“Si la justicia quiere recuperar su rol como pilar democrático, debe comenzar por mirarse críticamente a sí misma”, concluyó Escalante, reafirmando que las y los trabajadores de la asistencia judicial seguirán defendiendo una justicia accesible, transparente y al servicio de la ciudadanía.
El desarrollo de esta causa, así como las eventuales responsabilidades penales que se establezcan, no solo determinarán el destino judicial de una exministra de la Corte Suprema, sino que pondrán a prueba la capacidad del Estado para enfrentar, sin privilegios ni excepciones, la corrupción en uno de sus poderes fundamentales
