Diputados piden a Boric poner fin a la criminalización del cannabis y cumplir la ley antinarco

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A menos de un mes del término del mandato presidencial, una fractura silenciosa pero profunda vuelve a quedar en evidencia entre el discurso institucional del Estado y su práctica cotidiana. Esta semana, 50 diputadas y diputados del oficialismo solicitaron formalmente la intervención directa del presidente Gabriel Boric para corregir la aplicación de la legislación vigente y poner fin a la persecución penal contra pacientes y usuarios de cannabis en Chile.

La carta, liderada por las diputadas Ana María Gazmuri y el diputado Jorge Brito, apunta a una contradicción de fondo: aunque el Congreso aprobó y el propio Ejecutivo promulgó la Ley N° 21.575, conocida como Ley Antinarco, su implementación efectiva sigue bloqueada por la falta de protocolos claros y por una clasificación normativa del cannabis que no se condice con la nueva legislación.

Una ley aprobada, pero no aplicada

La Ley 21.575 introdujo cambios relevantes al marco penal en materia de drogas, con el objetivo explícito de diferenciar entre narcotráfico, autocultivo y uso personal o medicinal. Sin embargo, según denuncian los parlamentarios, la ausencia de instrucciones obligatorias para las policías y el Ministerio Público ha permitido que continúen allanamientos, detenciones y procesos penales improcedentes contra personas que deberían estar amparadas por la ley.

“La ley existe, fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente, pero sigue sin aplicarse”, señaló Ana María Gazmuri. A su juicio, esta omisión ha derivado en un escenario de criminalización persistente, donde pacientes medicinales continúan siendo tratados como delincuentes, incluso cuando la propia Corte Suprema ha corregido reiteradamente los excesos persecutorios.

El problema de fondo: la clasificación del cannabis

Uno de los puntos centrales de la carta enviada a La Moneda es la exigencia de reclasificar el cannabis en el reglamento de la Ley 20.000. Actualmente, la sustancia permanece incluida en la lista del artículo 1° del Decreto Supremo N° 867, reservada para drogas consideradas de alto riesgo y sin valor terapéutico reconocido.

Los diputados solicitan su traslado a la lista del artículo 2°, lo que permitiría armonizar la normativa administrativa con la legislación penal vigente. Mantener al cannabis en la categoría más restrictiva —advierten— no solo constituye una incoherencia normativa, sino que facilita interpretaciones penales regresivas que terminan siendo corregidas en tribunales superiores, generando incertidumbre jurídica y un uso ineficiente de recursos públicos.

“El efecto concreto es que la Fiscalía sigue actuando como si la ley no hubiera cambiado”, afirmó Gazmuri. “Eso no es un problema técnico, es una decisión política por omisión”.

Uso ineficiente del aparato penal

En la misiva, los parlamentarios advierten que la actual situación desvía recursos del Estado desde la persecución del narcotráfico hacia la criminalización de usuarios, lo que contradice el espíritu de la Ley Antinarco. Allanamientos a pacientes, incautaciones de cultivos personales y procesos judiciales que terminan archivados o revocados en instancias superiores se han vuelto una práctica recurrente.

Desde el oficialismo sostienen que esta distorsión debilita la legitimidad del sistema penal, sobrecarga a policías y fiscales, y reproduce una política de drogas que ha demostrado ser ineficaz y socialmente injusta.

Un compromiso pendiente del Ejecutivo

El diputado Jorge Brito fue enfático en señalar que la responsabilidad última recae en el Ejecutivo. “La ley es clara y todos debemos respetarla. Hemos enviado esta carta para que el Presidente cumpla su compromiso de terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile”, afirmó.

La solicitud no apunta a un nuevo proyecto de ley ni a una reforma estructural, sino a decisiones administrativas y políticas que dependen directamente del Gobierno: dictar protocolos obligatorios para las policías y la Fiscalía, y modificar el reglamento de clasificación del cannabis mediante decreto.

Derechos, salud y coherencia democrática

El trasfondo del conflicto no es menor. Para organizaciones de pacientes y defensores de derechos humanos, la criminalización del cannabis medicinal constituye una vulneración del derecho a la salud, además de un trato desigual ante la ley. Personas que buscan aliviar dolores crónicos, epilepsias refractarias u otras patologías continúan enfrentando procesos penales, mientras el Estado reconoce formalmente el uso terapéutico de la sustancia.

A un mes del cambio de mando, la carta de los 50 diputados funciona también como un llamado de atención político: dejar esta situación sin resolver significaría heredar al próximo gobierno un marco normativo incoherente, que contradice tanto la ley vigente como los estándares internacionales en materia de drogas y derechos humanos.

Más allá del desenlace, el episodio vuelve a exponer una constante de la política chilena reciente: las leyes que avanzan en derechos pueden quedar vacías si el Ejecutivo no asume la voluntad política de hacerlas cumplir. En este caso, la distancia entre la norma y la práctica sigue teniendo un costo concreto: personas criminalizadas por ejercer un derecho que el propio Estado dice reconocer.

El Clarín de Chile