Sala cuna: la cortina de humo de la derecha y el verdadero veto empresarial

By Simon Del Valle 1 febrero, 2026 No comment

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La caída del proyecto de Sala Cuna Universal no fue un accidente legislativo, ni el resultado de errores técnicos de último minuto, como pretende instalar la Unión Demócrata Independiente y el conjunto de la derecha. Fue una decisión política consciente, coherente con una matriz ideológica y con intereses económicos muy concretos. Todo lo demás —las supuestas “indicaciones tardías”, los “problemas de diseño” o la “responsabilidad fiscal”— funciona como una cortina de humo destinada a engañar incautos y a disfrazar un veto que incomoda decir en voz alta.

El proyecto de Sala Cuna Universal apuntaba a corregir una de las inequidades más persistentes del mercado laboral chileno: la penalización estructural que enfrentan las mujeres trabajadoras por la maternidad, la segmentación del acceso al derecho a sala cuna y la vigencia del artículo 203 del Código del Trabajo, que terminó transformándose en un incentivo perverso para la discriminación laboral. No era un proyecto improvisado. Arrastraba años de debate, diálogo social y trabajo técnico, con participación de organizaciones sindicales, de mujeres, de infancia y del propio mundo empresarial.

Sin embargo, cuando el acuerdo parecía al alcance de la mano, la UDI decidió frenar la tramitación. No citó la Comisión de Educación del Senado. No dejó subrogancia. Cerró la puerta, de facto, a la votación. Y lo hizo en un momento políticamente decisivo: el cierre del ciclo legislativo del actual gobierno y el inicio del tránsito hacia una administración de ultraderecha encabezada por José Antonio Kast.

Los argumentos esgrimidos para justificar esta maniobra no resisten mayor análisis. La supuesta “tardanza” del Ejecutivo en presentar indicaciones es, en el mejor de los casos, una excusa. El diálogo legislativo llevaba meses. Las observaciones de la oposición habían sido incorporadas una y otra vez. Incluso la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue explícita al señalar que el Ejecutivo estaba dispuesto a que el proyecto no se despachara durante su período, con tal de que avanzara. Es decir, no había prisa electoral ni cálculo corto: había voluntad de acuerdo.

El segundo argumento —el financiamiento— tampoco se sostiene. La derecha ha legislado históricamente derechos sociales con costos fiscales mucho más elevados cuando estos beneficiaban a otros sectores. Aquí, el problema no es el gasto, sino quién lo paga y para qué. La Sala Cuna Universal implica reconocer que el cuidado infantil no es un asunto privado de las mujeres, ni una externalidad del mercado laboral, sino un componente de la seguridad social. Y esa idea, simple y poderosa, choca de frente con la concepción ideológica de la derecha chilena.

Porque el núcleo del rechazo está ahí. En la incomodidad profunda que genera cualquier avance que fortalezca derechos sociales universales y reduzca la lógica mercantil en áreas sensibles de la vida. Para la UDI y para el mundo empresarial que la respalda, la protección social no es un derecho, sino un costo. Un costo que, además, no están dispuestos a asumir.

De hecho, el argumento que aparece con mayor nitidez —aunque pocas veces se dice de forma explícita— es el de la “competitividad empresarial”. Obligar a las empresas a contribuir a un sistema de sala cuna universal, aunque sea de manera acotada y gradual, sería, según esta visión, un golpe a la productividad, al empleo y al crecimiento. Es la misma lógica que durante décadas se utilizó para oponerse al salario mínimo, a la jornada de 40 horas, a la negociación colectiva o a cualquier regulación laboral que equilibrara mínimamente la relación entre capital y trabajo.

Este veto se inscribe, además, en una señal política más amplia. La paralización del proyecto de Sala Cuna Universal es coherente con el programa económico del presidente electo José Antonio Kast, basado en recortes fiscales, reducción del rol del Estado y desmantelamiento progresivo de políticas de protección social. No es casual que la UDI, partido eje de su futura coalición, haya asumido el costo político de bloquear una iniciativa largamente demandada por mujeres trabajadoras y organizaciones sociales.

Lo que está en juego, entonces, no es solo una ley específica, sino un modelo de sociedad. Para la derecha, la inserción laboral femenina sigue siendo un problema individual, que debe resolverse en el ámbito privado, con arreglos familiares o soluciones de mercado. Para las organizaciones sindicales, feministas y de trabajadores, en cambio, es una responsabilidad colectiva, que requiere políticas públicas robustas y universales.

La reacción de la Central Unitaria de Trabajadores, de ChileMujeres y de múltiples organizaciones no es, por tanto, exagerada ni ideológica. Es la constatación de una pérdida concreta y dolorosa para cientos de miles de mujeres y niños. Como señaló Silvia Silva, vicepresidenta de la CUT, no se perdió un proyecto abstracto, sino una oportunidad histórica de avanzar en corresponsabilidad social y en igualdad real.

En este contexto, resulta aún más cínico presentar el bloqueo como un gesto de “prudencia técnica”. No hubo prudencia, hubo cálculo. No hubo responsabilidad fiscal, hubo defensa de intereses. Y no hubo preocupación por la calidad de la política pública, sino una decisión consciente de impedir que el cuidado infantil dejara de ser un privilegio y se transformara en un derecho.

La Sala Cuna Universal incomodaba porque tocaba el corazón del modelo. Por eso fue frenada. Todo lo demás es relato.