AFEP exige extradición inmediata de Armando Fernández Larios tras su detención en Estados Unidos
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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en la que exhorta al Estado chileno a actuar con urgencia para concretar la extradición desde Estados Unidos del excapitán del Ejército Armando Fernández Larios, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y uno de los responsables más notorios de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La declaración surge tras conocerse que Fernández Larios fue detenido en la ciudad de Fort Myers, en el estado de Florida, y que su nombre figura en la plataforma del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) bajo la categoría “Arrestados: lo peor de lo peor”, un listado reservado para criminales extranjeros considerados de alta peligrosidad y sujetos a procesos de expulsión.
Para la AFEP, este hecho vuelve a poner en el centro del debate la deuda histórica del Estado chileno en materia de verdad, justicia y sanción efectiva de los responsables de violaciones a los derechos humanos. “La detención de Armando Fernández Larios con fines de expulsión desde los Estados Unidos pone nuevamente sobre la mesa la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la necesidad urgente de verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar”, señala el comunicado.
Un agente clave del terrorismo de Estado
Armando Fernández Larios fue oficial del Ejército e integrante de la DINA, el principal aparato represivo del régimen pinochetista. Su nombre está asociado a algunos de los episodios más brutales del terrorismo de Estado, tanto dentro como fuera de Chile.
La AFEP recuerda que Fernández Larios está comprometido en la Caravana de la Muerte, una operación militar que recorrió diversas ciudades del país semanas después del golpe de 1973, dejando decenas de prisioneros políticos ejecutados extrajudicialmente. En particular, enfrenta solicitudes de extradición por crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua, zonas donde la represión alcanzó niveles especialmente cruentos.
A ello se suma su vinculación con el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en Santiago en 1976, y con el atentado terrorista que acabó con la vida del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington, el mismo año. Este último crimen, ejecutado en pleno corazón de la capital estadounidense, evidenció la dimensión internacional de la represión chilena y la coordinación de la dictadura con redes clandestinas en el extranjero.
Expulsión como vía para romper la impunidad
En su declaración, la AFEP sostiene que la eventual expulsión de Fernández Larios desde Estados Unidos aparece hoy como el camino más expedito para que enfrente a la justicia chilena. “La expulsión desde los Estados Unidos, por estar calificado como un sujeto extremadamente peligroso, aparece como el camino más expedito para que pueda ser juzgado en nuestro país”, afirma la agrupación.
Durante décadas, los procesos de extradición contra Fernández Larios han sido extensos, complejos y, hasta ahora, infructuosos. En 2017, la Corte Suprema de Chile declaró procedente solicitar su extradición por el caso Pisagua, pero el exagente permaneció en territorio estadounidense, beneficiado por dilaciones judiciales y por su condición migratoria.
Para los familiares de las víctimas, esta detención abre una oportunidad concreta para revertir ese escenario. Por ello, la AFEP exhorta a las autoridades chilenas a “tomar acciones concretas y urgentes para que dicha expulsión se materialice a la brevedad”, subrayando que la demora solo ha profundizado la impunidad y prolongado el dolor de las familias.
Memoria, justicia y no repetición
La agrupación enfatiza que el eventual retorno de Fernández Larios a Chile no es solo una cuestión judicial, sino un imperativo ético y político. Juzgar a uno de los agentes más emblemáticos de la DINA sería una señal clara de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y de que el Estado mantiene su compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“La detención con fines de expulsión de este ex agente de la DINA renueva las esperanzas de verdad y justicia”, sostiene la AFEP, reafirmando que la lucha de las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos no ha cesado, pese al paso del tiempo y a los obstáculos institucionales.
En un contexto regional e internacional marcado por el avance de discursos negacionistas y por intentos de relativizar los crímenes de las dictaduras, el caso Fernández Larios vuelve a interpelar al Estado chileno. La forma en que se actúe en las próximas semanas será una prueba concreta del compromiso real con la memoria, la justicia y la garantía de no repetición.
Felipe Portales says:
Pertinente planteamiento de la AFEP, sobre todo, porque hasta la fecha no ha habido declaraciones del Gobierno en ese sentido. Esperemos que la Cancillería esté diplomáticamente empleándose a fondo para el logro de dicho objetivo.