Organizaciones de Derechos Humanos exigen renuncia del director de Gendarmería tras beneficio a agresor de Fabiola Campillai
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Una amplia articulación de organizaciones de Derechos Humanos del país exigió públicamente la renuncia del director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, luego de que se concediera el beneficio de salida dominical al excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas tras haber cegado a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social de 2019.
La decisión, adoptada por el Consejo Técnico de la cárcel de Molina, se conoció la semana pasada y generó una inmediata reacción de repudio desde agrupaciones de víctimas, sitios de memoria y organismos históricos de defensa de los derechos humanos. Para estas organizaciones, el otorgamiento del beneficio no solo es jurídicamente cuestionable, sino que constituye una señal política de alto impacto en un contexto marcado por el cambio de gobierno y por anuncios de eventuales indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Un beneficio bajo sospecha
Según expusieron las agrupaciones firmantes, la gravedad del hecho se ve reforzada por el contexto en que se produce. El beneficio penitenciario fue aprobado apenas días después de una reunión sostenida entre el director nacional de Gendarmería y el presidente electo, José Antonio Kast, quien se ha manifestado públicamente a favor de indultar a Patricio Maturana.
A ello se suma un antecedente que las organizaciones consideran especialmente delicado: tras dicho encuentro, Rubén Pérez concurrió personalmente a la cárcel de Molina, recinto donde Maturana cumple su condena. Para los firmantes, esta secuencia de hechos no puede ser considerada casual ni meramente administrativa.
“Este beneficio se concede en un contexto político específico, marcado por señales explícitas del próximo gobierno en favor de la liberación de agentes estatales condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, señala la declaración.
Exigen pronunciamiento del Ministerio de Justicia
Las organizaciones emplazaron directamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a pronunciarse de manera pública y a adoptar medidas inmediatas. En particular, exigen que se solicite toda la documentación asociada a la decisión y que se exija la renuncia del director nacional de Gendarmería.
A juicio de las agrupaciones, Rubén Pérez estaría “implementando adelantadamente el programa del presidente electo”, concediendo beneficios carcelarios a un condenado que no ha demostrado arrepentimiento ni reconocimiento del daño causado, uno de los requisitos fundamentales para acceder a este tipo de medidas.
“El otorgamiento de este beneficio vulnera el sentido mismo de la pena y envía una señal devastadora a las víctimas de violencia estatal”, advierten.
Riesgo de un precedente de impunidad
Uno de los puntos centrales de la crítica es el precedente que este caso podría sentar. Las organizaciones alertan que la salida dominical concedida a Maturana “abre la puerta” para que otros condenados por violaciones a los derechos humanos —tanto del estallido social como de períodos anteriores— soliciten beneficios penitenciarios similares.
Desde el mundo de los derechos humanos subrayan que este tipo de decisiones debilita el principio de proporcionalidad de la pena, erosiona la confianza de las víctimas en el sistema de justicia y pone en cuestión el compromiso del Estado chileno con las garantías de no repetición.
El respaldo de decenas de organizaciones
La declaración cuenta con el respaldo de un amplio y diverso conjunto de organizaciones, entre ellas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión Ética Contra la Tortura, la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, Villa Grimaldi, el Sitio de Memoria Estadio Nacional, CINTRAS, CODEPU, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, entre muchas otras.
Este respaldo transversal refuerza la lectura de que no se trata de una controversia puntual, sino de un conflicto de fondo sobre el rumbo que tomará la política penitenciaria y de derechos humanos en Chile.
Campillai también exige responsabilidades
La propia senadora Fabiola Campillai se sumó a las exigencias, solicitando formalmente la renuncia de Rubén Pérez y demandando que se requiera toda la documentación vinculada al otorgamiento del beneficio. Desde su entorno han señalado que esta decisión profundiza el sentimiento de desprotección que enfrentan las víctimas de violaciones a los derechos humanos y confirma la fragilidad de las garantías institucionales.
Para Campillai y para las organizaciones firmantes, el caso no es solo personal ni simbólico, sino representativo de cientos de víctimas que aún esperan justicia efectiva y reparación integral.
Un debate que trasciende lo penitenciario
El caso Maturana vuelve a instalar una pregunta de fondo en el debate público chileno: cuál será el estándar ético, jurídico y político con el que el Estado enfrentará los crímenes cometidos por agentes estatales, y si el cambio de gobierno implicará un retroceso en materia de derechos humanos.
Las próximas decisiones del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo serán clave para definir si este episodio se transforma en un punto de inflexión o en el inicio de una política que, bajo el argumento de la “normalización”, termine debilitando décadas de lucha por verdad, justicia y no repetición
