Los números mágicos
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No hay razón ni argumento alguno en el campo de la teoría económica que permita decir que un 2% es la cantidad máxima de déficit fiscal que debe imperar en una economía y, por lo tanto, que un 2.5% o un 3% son malos. Tampoco hay nada que mandate que la tasa de inflación de 3% sea la inflación máxima que se puede permitir a un país.
Esas cifras se basan en las decisiones que la Unión Europea se vio obligada a tomar en un momento de su existencia. En 1992, ese bloque adoptó las llamadas «decisiones de Maastricht», que implicaban el compromiso de todos los países que en ese entonces conformaban la UE de adherir a la moneda única, el euro. Eso hacía necesario asumir también ciertos compromisos en términos de unificar, hasta donde fuera posible, la política fiscal y la política monetaria de ese conjunto de países que pasaban a tener una sola moneda.
En aquel contexto tomaron la decisión de que esas naciones deberían tener como máximo un 3% de déficit fiscal y un 2% de inflación. Tales cifras, sobre todo la relativa al déficit fiscal, se tomaron en base a la experiencia francesa del momento, y se estimó que eran una meta posible de alcanzar por todo el colectivo de países. Pero fue un acuerdo político, no una decisión con base en la teoría económica. Incluso en su momento se habló de los «números mágicos» para señalar que eran cifras de enorme importancia, pero que no tenían su origen en el razonamiento simple y modesto de los humanos.
La teoría económica no se atreve a decir que el déficit fiscal o la inflación tengan que llegar a cero. Niveles positivos de esas variables pueden ser positivos para una economía. Todo depende de las situaciones y las coyunturas económicas, sociales y políticas por las que se atraviese. Por lo demás, nunca, en la experiencia concreta de los países del mundo contemporáneo, esas variables llegan a cero. Lo único que la teoría económica puede decir es que es bueno tener metas cuantitativas ―anuales, bianuales o en el periodo que sea― para efectos de guiar las políticas fiscales y monetarias que se intenten llevar adelante. Lo contrario es actuar absolutamente a ciegas, o sin norte alguno. Pero no son metas que deben durar toda la vida, sino que pueden y deben ir adaptándose a las condiciones y dificultades que la realidad concreta aconseje. En cada caso, se trata siempre de decisiones intrínsecamente políticas.
Una expresión de ese necesario carácter flexible de las metas de inflación y de déficit fiscal es que las normas europeas han sido violadas en forma sistemática por una mayoría de sus países, y como no hay ninguna suerte de sanción a quien incumple la norma, esta infracción perdura o se repite. Así, por ejemplo, entre 1999 y 2019 los países de la UE se saltaron esos límites en 160 veces, sin que ello generara un escándalo político ni económico y sin que el bloque entrara en crisis.
En nuestro Chile, como muchos siguen pensando en europeo, se adoptaron medidas similares poniendo metas cuantitativas al máximo de déficit fiscal y de inflación, como si fueran cifras mágicas o divinas que el país debe respetar por el resto de su vida, o por lo menos por períodos largos de su devenir económico. Aquí fueron un poco más generosos y ubicaron la meta o el límite máximo en materia de inflación en un 3%, que debe alcanzarse llueva, truene o relampaguee, aun a costa de sacrificar el crecimiento económico y generar dolor y desempleo.
Esas cifras han alcanzado tal grado de magnetismo, que ya no se discute si son metas buenas o malas, o si las coyunturas económicas por las que atraviesa el país, o las aspiraciones sociales de su población, hacen recomendable modificar esos horizontes. Son objetivos que han pasado a ser cuestiones indiscutibles e irrevocables. Frente a ello, no cabe solo proponer un poco más de pragmatismo en la política económica, sino que también un poco menos de dogmatismo y un poco más de buena teoría económica.
