Emergencia o estrategia política: el verdadero sentido del Plan “Desafío 90”
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El Presidente electo José Antonio Kast ha definido el inicio de su mandato bajo la noción de un “gobierno de emergencia”, articulado en el llamado Plan Desafío 90: una batería de medidas administrativas, proyectos de ley y modificaciones reglamentarias destinadas a mostrar resultados rápidos en economía, seguridad, salud, vivienda e infraestructura. El encuadre es claro: el país requeriría una intervención urgente, casi extraordinaria, para revertir un deterioro profundo heredado del gobierno de Gabriel Boric.
Sin embargo, una evaluación más detenida de la situación chilena obliga a matizar esa premisa. Boric no entrega un país en estado de catástrofe. Chile no atraviesa una crisis comparable a las que ha vivido Argentina en distintas etapas de su historia reciente: hiperinflación, defaults soberanos, colapso bancario, pérdida abrupta del valor de la moneda o desintegración institucional. El sistema financiero chileno funciona, la inflación ha sido contenida tras el shock pospandemia, el crecimiento es bajo pero positivo, y las instituciones democráticas mantienen estabilidad pese a los múltiples y severos cuestionamientos, como es, entre algunos de ellos, la extendida corrupción.
Eso no significa que el país esté bien. Significa que el problema no es coyuntural, sino estructural.
La raíz del malestar: desigualdad y estancamiento
Los desafíos que enfrenta Chile no nacen en 2022. Son el resultado de un ciclo más largo de estancamiento económico y desigualdad persistente. Desde el fin del súper ciclo del cobre, el crecimiento ha sido moderado; la productividad se ha estancado; el mercado laboral muestra una dualidad persistente entre formalidad e informalidad; el acceso a servicios sociales se mantiene segmentado; y la concentración económica sigue siendo elevada.
El modelo de desarrollo chileno —basado en un mercado relativamente desregulado, fuerte apertura comercial y protagonismo privado en la provisión de bienes sociales— generó expansión significativa durante décadas. Pero también consolidó brechas estructurales en educación, vivienda, salud y patrimonio. La desigualdad territorial y la sensación de abandono en sectores populares no son fenómenos nuevos. Son acumulativos.
En este contexto, el gobierno de Boric enfrentó un escenario complejo: alta inflación heredada del ciclo pospandemia, tensiones fiscales y un clima político polarizado tras el estallido social y el fracaso del primer proceso constituyente. Su administración no logró producir un salto estructural en crecimiento ni revertir la crisis de seguridad, pero tampoco dejó un país colapsado. Lo que entrega es una economía con bajo dinamismo y una sociedad fatigada, no una estructura en ruinas.
El Plan Desafío 90: ¿transformación o táctica?
El Plan Desafío 90 se presenta como respuesta a esa “emergencia”. Según lo delineado por el equipo del Presidente electo, el programa combinará cerca de veinte proyectos de ley considerados de fácil despacho, medidas administrativas inmediatas, urgencias legislativas y modificaciones reglamentarias. El énfasis está puesto en rapidez y visibilidad.
En economía, según se desprende del Plan, el foco será la certeza jurídica, la desburocratización y la reducción del impuesto corporativo desde el 27% actual hacia niveles cercanos al promedio OCDE. En seguridad, se buscará tipificar el ingreso ilegal al país, intervenir barrios críticos y segregar líderes criminales en el sistema penitenciario. En salud, se impulsarán convenios público-privados para reducir listas de espera. En vivienda e infraestructura, se proyectan planes de construcción y un paquete de obras estratégicas.
Son medidas reales y ejecutables. Pero el carácter del plan es más táctico que estructural.
No hay en él un cuestionamiento a la arquitectura económica que generó las desigualdades acumuladas. No se abordan transformaciones profundas en el régimen de competencia, en la estructura tributaria progresiva, en la redistribución patrimonial o en la segmentación social. El énfasis está en dinamizar el modelo existente, no en reformularlo.
Emergencia política más que económica
La palabra “emergencia” cumple una función política. No responde a un colapso macroeconómico, sino a una crisis de legitimidad y confianza. La inseguridad, la percepción de deterioro urbano y el malestar social construyen una sensación de urgencia que Kast busca capitalizar.
En ese sentido, el Plan 90 tiene un fuerte componente comunicacional. Permite instalar liderazgo desde el primer día, marcar contraste con el gobierno anterior y ordenar expectativas. También permite estructurar el relato de que el país requiere decisión y rapidez.
Pero más importante aún, el plan cumple una función institucional: organizar fuerzas en el Congreso y medir correlación política.
Una prueba de poder
Al incluir proyectos de “fácil despacho” y combinar herramientas administrativas que no dependen exclusivamente del Legislativo, el Plan Desafío 90 forzará al Congreso a posicionarse rápidamente. Será un test de disciplina oficialista y de capacidad de negociación con la oposición. Cada votación será un indicador de fortaleza o fragilidad del nuevo gobierno.
Asimismo, el uso intensivo de potestades reglamentarias permitirá reorientar políticas públicas sin reformas estructurales profundas. Cambiar criterios administrativos, flexibilizar normas urbanas o acelerar permisos puede alterar significativamente el funcionamiento del Estado. En ese sentido, el plan puede convertirse en una herramienta para desmantelar o reconfigurar marcos regulatorios heredados con efectos, hasta el momento, impredecibles.
Los primeros 90 días serán, entonces, menos una solución estructural que una prueba de fuerza política.
¿Impacto real en sectores populares?
La pregunta crucial es si este paquete tendrá efectos directos y visibles para los sectores populares que votaron por Kast. Esos votantes no priorizaron tasas impositivas corporativas. Priorizaron seguridad, empleo y estabilidad cotidiana.
Algunas medidas —como intervenciones focalizadas en barrios críticos o reducción de listas de espera mediante convenios privados— podrían generar resultados perceptibles en el corto plazo. Sin embargo, los problemas estructurales que enfrentan esos sectores —empleo precario, acceso desigual a servicios, vivienda insuficiente— no se resuelven en 90 días ni mediante ajustes reglamentarios.
La reducción del impuesto corporativo puede incentivar inversión a mediano plazo, pero su impacto en ingresos familiares no es inmediato. La flexibilización normativa puede dinamizar proyectos, pero no altera la estructura distributiva.
Aquí aparece una tensión central: el plan promete rapidez en un contexto donde los problemas son de larga duración. Donde los problemas son estructurales.
Entre narrativa y realidad
El riesgo político es evidente. Si la percepción de seguridad y estabilidad mejora, el gobierno consolidará autoridad. Si no hay cambios visibles, la narrativa de emergencia puede erosionarse rápidamente.
Chile no enfrenta una crisis terminal. Enfrenta un agotamiento estructural derivado de desigualdades acumuladas y bajo crecimiento sostenido. El Plan Desafío 90 no aborda esas raíces profundas. Apunta a dinamizar, ordenar y mostrar acción.
En ese sentido, su éxito no dependerá solo de resultados técnicos, sino de la capacidad del Ejecutivo para convertir narrativa en poder efectivo y señales en percepción de cambio.
Los primeros 90 días no definirán la solución a la desigualdad chilena. Tal vez la aumente. Definirán, más bien, la fortaleza política inicial del gobierno de Kast. Lo que estará en juego no es la superación del modelo que produjo las brechas estructurales, sino la capacidad de administrarlo con mayor rapidez y control.
Y allí radica la diferencia esencial entre emergencia estructural y estrategia de gobierno.
Paul Walder
