La “emergencia” como coartada: el relato que prepara el giro
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“Se ha pretendido instalar el relato de un Gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.
La frase del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pronunciada en CNN Chile, no fue una reacción menor ni un comentario defensivo de fin de ciclo. Fue una advertencia política directa: lo que está en disputa no son solo cifras fiscales, sino el sentido mismo del nuevo período que se abre.
Elizalde fue aún más explícito al señalar que se intenta construir la imagen de “un país que se cae a pedazos” como antesala de un eventual retroceso en conquistas sociales fundamentales. Y calificó como “una falacia aritmética, económica” la afirmación de que Chile estaría peor que hace cuatro años.
La palabra clave aquí es “relato”. Porque lo que está en juego no es únicamente el diagnóstico técnico de la economía, sino la narrativa que permitirá justificar las decisiones del próximo gobierno.
El “peor gobierno desde 1990”: una frase funcional
La consigna del presidente electo —que recibe “el peor país desde el retorno a la democracia”— cumple dos funciones estratégicas de enorme eficacia política.
Primero, instala urgencia. Si la situación es excepcional, se justifican medidas excepcionales. Si el país está al borde del abismo, cualquier ajuste se transforma en acto de responsabilidad histórica.
Segundo, crea una cláusula de exención anticipada. Si el punto de partida es el “peor escenario en décadas”, cualquier dificultad futura podrá atribuirse al legado del gobierno saliente de Gabriel Boric. La responsabilidad queda preasignada antes incluso de asumir.
No se trata de una táctica inédita. En la política comparada, los gobiernos que impulsan reformas de shock suelen comenzar por sobredimensionar el deterioro heredado. El diagnóstico dramático amplía el margen de maniobra y reduce el costo político del ajuste.
El frente fiscal como plataforma del relato
Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo han sido en estos días un nuevo soporte técnico de esta narrativa.
El CFA manifestó preocupación tras conocerse que el déficit fiscal efectivo de 2025 alcanzó el 2,8% del PIB y que el déficit estructural llegó al 3,55% (unos US$13.200 millones), muy por encima de la meta original del 1,1%. El desvío supera los dos puntos porcentuales. No es irrelevante.
Las observaciones fueron dirigidas al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos, en el marco institucional previsto para ello.
Pero aquí conviene separar planos.
Una desviación fiscal es una señal de alerta.
No es, por sí misma, una catástrofe.
Chile no enfrenta default, no ha perdido acceso a los mercados financieros, no registra hiperinflación ni colapso bancario. La discusión es sobre sostenibilidad y credibilidad de la regla fiscal, no sobre quiebra del Estado.
Sin embargo, la amplificación mediática de las actas del CFA convierte advertencias técnicas en prueba de derrumbe estructural. Se pasa de “hay que corregir” a “el país se cae a pedazos”.
La emergencia como habilitador ideológico
El programa del gobierno electo anticipa una reducción del gasto fiscal y una rebaja de tributos corporativos para “dar espacio al sector privado”. La apuesta es clara: menos Estado, más mercado.
Ese giro, en condiciones normales, enfrentaría resistencia política y social. Pero bajo la lógica de emergencia se presenta como inevitable.
La secuencia es simple:
Se instala que el país está en su peor momento desde 1990.
Se afirma que las finanzas públicas están desbordadas.
Se concluye que el ajuste no es ideológico, sino obligatorio.
Así, la política de shock deja de ser una opción programática y se transforma en una necesidad técnica.
Desde la izquierda se anticipa el efecto colateral: la reducción del gasto puede traducirse en menor financiamiento para derechos sociales y políticas públicas que fueron ampliadas en las últimas décadas. Lo que se presenta como corrección fiscal puede implicar redefinir el alcance del Estado social.
Y ahí emerge la sospecha central: que la emergencia no sea solo un diagnóstico, sino una coartada.
¿Es realmente el peor escenario desde 1990?
La afirmación merece escrutinio.
Para sostener que estamos ante el peor gobierno desde el retorno a la democracia deberían coincidir los peores registros simultáneos en crecimiento, desempleo, inflación, déficit, seguridad y estabilidad institucional.
Eso no ocurre.
Chile ha enfrentado recesiones más profundas (1999, 2009), episodios de inflación más altos en los años recientes pospandemia, crisis sociales de mayor intensidad (2019) y tasas de desempleo superiores en distintos momentos del ciclo democrático.
¿Existen problemas? Sin duda.
¿Hay bajo crecimiento tendencial? Sí.
¿Hay tensión fiscal? También.
¿Hay alta percepción de inseguridad y fragmentación política? Evidentemente.
Pero la complejidad no equivale automáticamente al peor momento en 35 años.
La frase funciona políticamente porque simplifica. Reduce un cuadro heterogéneo a una etiqueta contundente.
El seguro político del primer año
Hay un segundo efecto menos comentado. Si durante el primer año del nuevo gobierno persisten el estancamiento económico, la estrechez fiscal o los problemas de seguridad, la explicación ya estará instalada: la herencia era desastrosa.
La narrativa cumple entonces un rol preventivo. No solo habilita el ajuste inicial; también amortigua el costo de resultados insuficientes en el corto plazo.
En política, el encuadre importa tanto como la gestión.
El debate de fondo
La discusión no es solo contable. Es ideológica y estratégica.
¿Debe Chile responder a sus tensiones fiscales con un ajuste acelerado que reduzca el rol del Estado y priorice incentivos al sector privado?
¿O debe combinar disciplina fiscal con protección y consolidación de derechos sociales?
La palabra “emergencia” inclina la balanza. Porque cuando todo parece urgente, el espacio para el debate se estrecha.
Lo que está ocurriendo es una disputa por el sentido común económico del próximo ciclo. Si se impone la idea de que el país fue entregado en ruinas, el margen para cuestionar el shock será mínimo. Si se instala que hay tensiones pero no colapso, el ajuste deberá justificarse políticamente y no solo técnicamente.
Paul Walder
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
