Polémica en el Senado: aprueban proyecto que permite reclusión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 14 segundos
Por estrecho margen y tras un debate cargado de recriminaciones, advertencias jurídicas y acusaciones de impunidad, el Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud, discapacidad o edad avanzada. La iniciativa, que ahora continuará su tramitación legislativa, fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra, una diferencia mínima que refleja la profunda división política y ética que ha provocado.
El proyecto —presentado originalmente por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel— plantea que, en determinadas circunstancias, las personas condenadas puedan terminar de cumplir su pena en reclusión domiciliaria total, es decir, encerradas en su hogar durante las 24 horas del día. Sus impulsores sostienen que se trata de una medida “humanitaria” destinada a personas gravemente enfermas, discapacitadas o de edad muy avanzada.
Pero para una parte significativa del Senado, organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia internacional, la iniciativa abre una peligrosa puerta a la impunidad, especialmente para condenados por delitos de lesa humanidad o crímenes graves.
Un debate cargado de tensión
La discusión parlamentaria estuvo marcada por posiciones irreconciliables. Quienes respaldaron el proyecto defendieron que el objetivo no es eliminar condenas ni indultar delitos, sino “humanizar” el sistema penal en casos extremos en los que el Estado no puede garantizar condiciones adecuadas para reclusos gravemente enfermos.
Según este argumento, mantener a internos en cárceles cuando padecen enfermedades terminales o condiciones médicas graves puede derivar en tratos inhumanos o indignos. En ese escenario, sostienen los partidarios de la iniciativa, permitir que cumplan el resto de su condena en sus domicilios sería una alternativa más compatible con los estándares de dignidad humana.
Sin embargo, la oposición al proyecto fue igual de contundente. Senadores críticos advirtieron que la redacción del texto es demasiado amplia y ambigua, lo que podría permitir que personas condenadas por delitos extremadamente graves accedan a este beneficio.
Durante la sesión, parlamentarios como Daniel Núñez, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual y Fabiola Campillai, entre otros, cuestionaron duramente el alcance del proyecto. A su juicio, los requisitos establecidos son “laxos” y pueden terminar beneficiando a condenados por homicidio, parricidio, violación o crímenes de lesa humanidad.
Choque con el derecho internacional
Uno de los puntos más controvertidos del debate fue la eventual contradicción del proyecto con tratados internacionales firmados por Chile, especialmente el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional.
Tras la votación, la senadora Yasna Provoste anunció que presentará una reserva de constitucionalidad, argumentando que la iniciativa podría incumplir compromisos internacionales asumidos por el país en materia de persecución y sanción de crímenes graves.
El senador Fidel Espinoza se sumó a esta postura, señalando que la norma podría terminar debilitando el principio de justicia frente a delitos que la comunidad internacional considera particularmente graves.
Diversos especialistas han advertido que, en materia de crímenes de lesa humanidad, el derecho internacional establece obligaciones estrictas para los Estados, entre ellas garantizar que las penas sean efectivas y que no existan mecanismos que puedan interpretarse como formas de impunidad.
El contenido del proyecto
La iniciativa consta de cuatro artículos que establecen los principios y condiciones bajo los cuales se podría aplicar esta modalidad de cumplimiento de condena.
El punto central es la posibilidad de sustituir el encarcelamiento por reclusión domiciliaria total cuando el tribunal determine que se cumplen determinadas condiciones. Entre ellas se incluyen:
Internos con enfermedades graves que no puedan ser tratadas adecuadamente en prisión.
Personas con enfermedades incurables en fase terminal.
Personas con discapacidad para quienes el encarcelamiento pueda constituir un trato indigno o cruel.
Condenados de edad avanzada, cuando la suma de su edad real más los años que han pasado en prisión alcance 80 años, siempre que tengan al menos 70 años de edad.
Además, el proyecto establece que el domicilio elegido para cumplir la pena no puede coincidir con el lugar de residencia de la víctima.
Para los detractores de la iniciativa, estos criterios son demasiado abiertos y podrían ser utilizados por condenados para obtener beneficios que, en la práctica, significarían una reducción sustancial del castigo impuesto por los tribunales.
Temor a un precedente
El temor central de quienes critican la iniciativa es que el proyecto termine convirtiéndose en un precedente legal que facilite beneficios penitenciarios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, particularmente aquellos cometidos durante la dictadura militar.
Organizaciones de derechos humanos han advertido durante años que iniciativas similares suelen presentarse bajo argumentos humanitarios, pero que en la práctica pueden favorecer a personas condenadas por crímenes particularmente sensibles para la memoria histórica del país.
Para estos sectores, el riesgo no es solo jurídico, sino también simbólico: una señal de debilitamiento del compromiso del Estado con la justicia y la reparación.
Próximos pasos
A pesar de su aprobación en general, el proyecto aún debe enfrentar un largo camino legislativo. La senadora Claudia Pascual solicitó abrir un plazo para presentar indicaciones, lo que fue aceptado por la Sala. Los parlamentarios tendrán hasta el 16 de marzo al mediodía para introducir modificaciones al texto.
Además, algunos senadores han planteado que la iniciativa debería ser analizada también por la Comisión de Constitución, debido a sus implicancias legales y a las dudas que genera en relación con tratados internacionales.
La estrecha votación dejó en evidencia que el proyecto continuará siendo objeto de una intensa disputa política y jurídica.
Mientras tanto, el debate de fondo permanece abierto: cómo equilibrar consideraciones humanitarias dentro del sistema penitenciario sin abrir espacios de impunidad frente a los delitos más graves. En un país marcado por su historia reciente y por las demandas de justicia de miles de víctimas, esa línea sigue siendo una de las más sensibles del debate público chileno.
