Morir en paz, morir sin justicia: La paradoja moral de un proyecto que insulta a la memoria
Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 25 segundos
La humanidad selectiva
A veces la política chilena tiene esa habilidad singular de presentar como gesto humanitario lo que, mirado con cierta distancia histórica, parece más bien una operación de amnesia institucional.
Esta semana, tras más de media docena de intentos fallidos, las derechas lograron aprobar en general en el Senado un proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas para internos con enfermedades terminales o crónicas. El argumento, repetido con insistencia por sus promotores, es simple y potente: incluso quien ha cometido los crímenes más graves debería tener derecho a “morir en paz”.
La frase suena noble. Nadie en su sano juicio celebraría el sufrimiento de un enfermo terminal. Pero en política —y especialmente en política de memoria— las palabras nunca llegan solas: traen historia, contexto y consecuencias.
Y en Chile esa historia tiene un nombre inevitable.
Punta Peuco.
El nombre que nadie quiere decir
En los pasillos del Congreso el proyecto ya circula con un apodo que sus propios autores preferirían evitar: el “proyecto Punta Peuco”.
La razón no es un misterio. Aunque el texto legal no menciona explícitamente a condenados por violaciones a los derechos humanos, el debate público gira inevitablemente en torno a ellos. Muchos de los reos del penal especial para militares condenados por crímenes de la dictadura cumplen justamente con las condiciones que el proyecto plantea.
Los promotores del proyecto lo niegan. Insisten en que se trata de una norma general, aplicable a cualquier interno que enfrente condiciones médicas extremas. Pero la política, otra vez, tiene memoria.
Cuando durante décadas la derecha chilena defendió, relativizó o silenció los crímenes de la dictadura, cualquier iniciativa que toque el régimen de cumplimiento de penas de esos condenados inevitablemente se interpreta a la luz de esa historia.
No es paranoia política. Es contexto.
La ingeniería jurídica del escape
El problema no está solo en la intención declarada del proyecto, sino en su arquitectura jurídica.
La iniciativa establece cuatro hipótesis para que la justicia pueda autorizar el cumplimiento alternativo de una pena:
discapacidad incompatible con las condiciones penitenciarias
enfermedad crónica incurable
enfermedad terminal
o tener al menos 70 años y que la suma entre edad y condena alcance 80 años
A primera vista parecen criterios razonables. Pero hay un detalle técnico que ha encendido las alarmas en el oficialismo y en organizaciones de derechos humanos: las hipótesis no son copulativas.
Es decir, no necesitan cumplirse simultáneamente.
Basta con una.
Ese pequeño detalle jurídico abre un campo interpretativo mucho más amplio de lo que sus autores parecen admitir. En términos simples: el proyecto podría aplicarse a un número mucho mayor de internos que el que sus promotores reconocen públicamente.
Cuando el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, admite que el proyecto tiene “errores graves”, probablemente se refiere a esto.
Pero a veces en política lo que se presenta como error termina funcionando exactamente como diseño.
La contradicción estructural
Aquí aparece la contradicción central del debate.
La derecha chilena ha construido gran parte de su discurso político reciente en torno a una idea muy clara: endurecer las penas, fortalecer el sistema penal, combatir la impunidad.
Es la lógica del orden.
Sin embargo, en este caso el énfasis cambia. La preocupación ya no es la severidad de la pena, sino la humanidad del castigo.
De pronto aparece una sensibilidad penitenciaria que rara vez se ve cuando se discuten otras poblaciones carcelarias: jóvenes pobres, presos comunes, condenados por delitos menores o internos en cárceles sobrepobladas.
En ese mundo —el de las cárceles reales de Chile— la compasión legislativa suele ser bastante más escasa.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué la urgencia humanitaria aparece justo cuando se discuten las condiciones de ciertos condenados en particular?
La disputa política
El presidente Gabriel Boric reaccionó con dureza, señalando que el proyecto “consagra la impunidad para criminales”.
La frase refleja la preocupación del oficialismo: que la norma termine siendo interpretada como una forma indirecta de aliviar las penas de responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde la oposición, el jefe de bancada republicano Juan Irarrázaval respondió que el proyecto en ningún caso permitirá la salida masiva de reos.
Pero dentro del mismo mundo opositor las señales son contradictorias.
El senador Rojo Edwards ha sugerido que, si el proyecto no prospera, un eventual gobierno de José Antonio Kast podría considerar incluso indultos presidenciales.
La senadora electa Camila Flores fue aún más lejos: planteó que un futuro gobierno podría evaluar el indulto de Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai.
Cuando las propias voces que apoyan el proyecto empiezan a mencionar indultos, el debate deja de ser estrictamente jurídico y se vuelve inevitablemente político.
Memoria y democracia
Chile lleva más de tres décadas intentando construir un consenso mínimo sobre la memoria de la dictadura.
Ese consenso nunca ha sido perfecto ni completo. Pero ha permitido algo fundamental para cualquier democracia: establecer que ciertos crímenes no pueden relativizarse.
Los delitos de lesa humanidad pertenecen a esa categoría.
Por eso cada intento de modificar las condiciones de cumplimiento de las penas de quienes los cometieron genera inevitablemente una reacción política intensa.
No se trata de revancha ni de odio.
Se trata de memoria democrática.
El futuro del debate
La aprobación en general en el Senado no convierte aún el proyecto en ley. El debate legislativo continuará y probablemente será uno de los más ásperos de los próximos meses.
En el nuevo Congreso ya se anuncian posiciones claras. Figuras como Beatriz Sánchez han expresado un rechazo frontal a la iniciativa. En el otro extremo, sectores libertarios anuncian que pedirán urgencia legislativa si un eventual gobierno de Kast llega al poder.
La disputa recién comienza.
Porque más allá de los tecnicismos jurídicos, la discusión toca uno de los nervios más sensibles de la democracia chilena: cómo una sociedad decide enfrentar su pasado.
Y ahí la pregunta inevitable sigue flotando en el aire político del país:
si una democracia empieza a suavizar las consecuencias de los crímenes que la destruyeron…
¿qué dice eso sobre la memoria que está dispuesta a defender?
Simón del Valle
Felipe Portales says:
Es tan grotesco este proyecto de impunidad que -de aprobarse- significaría, de acuerdo a los cálculos del destacado abogado Mauricio Daza, la liberación de cerca de ¡doce mil delincuentes!: ¡Todos los mayores de 70 años condenados por delitos graves!; y no sólo los criminales contra la humanidad presos en Punta Peuco y Colina. Es obvio que doce mil personas en «reclusión domiciliaria», no podrían ser fiscalizados en absoluto. Es increíble, por lo tanto, que los políticos de derecha que se ufanan de ser mucho más «duros» en contra de la delincuencia, estén llegando a estos extremos de irresponsabilidad y de virtual justificación de todos los delitos más graves que pueden efectuarse en una sociedad. Están proponiendo una de las leyes más aberrantes -desde el punto de vista moral y social- de la historia de Chile…