Makroceano: el polémico edificio que revive en Concón pese a las alertas ambientales
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La historia del proyecto inmobiliario Makroceano parece una radiografía de cómo, en Chile, iniciativas altamente cuestionadas logran volver a escena una y otra vez, incluso después de enfrentar fallos judiciales adversos, reparos técnicos y una evaluación ambiental negativa. Esta semana, el Comité de Ministros decidió revertir el rechazo que pesaba sobre el proyecto y permitir que retome su tramitación, en una determinación que vuelve a encender las alarmas sobre el respeto a las normas ambientales y urbanísticas en el borde costero de la Región de Valparaíso.
La instancia —integrada por seis ministros y presidida por el Ministerio del Medio Ambiente— acogió la reclamación presentada por la inmobiliaria titular del proyecto y dejó sin efecto la resolución que en septiembre de 2024 había rechazado la iniciativa dentro del Sistema de Evaluación Ambiental. Con ello, el edificio proyectado, ubicado a apenas 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón y cercano al sector donde se han registrado socavones en Viña del Mar, vuelve a contar con una calificación ambiental favorable que le permite seguir avanzando.
Se trata de un edificio aterrazado de nueve pisos cuya inversión bordea los 50 millones de dólares. Pero más allá de su magnitud, lo que preocupa es el lugar en el que pretende emplazarse: una zona costera que en los últimos años ha evidenciado fragilidad geológica y que además colinda con uno de los ecosistemas más sensibles de la región.
El Comité de Ministros justificó su decisión señalando que la empresa presentó nuevas medidas de compensación en materia de biodiversidad y que los informes de los organismos técnicos fueron revisados nuevamente junto al análisis del Servicio de Evaluación Ambiental. Según el organismo, estos antecedentes permitieron acoger el recurso del titular del proyecto.
Sin embargo, el episodio abre una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un proyecto rechazado por razones ambientales vuelva a obtener luz verde tras una reclamación administrativa? La respuesta apunta, en parte, al complejo entramado jurídico que ha rodeado esta iniciativa durante años.
El proyecto Makroceano obtuvo su primer permiso de edificación en 2019 por parte de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar. En ese entonces, incluso el Servicio de Evaluación Ambiental determinó que no era necesario someterlo a un Estudio de Impacto Ambiental, decisión que luego sería cuestionada en tribunales.
La controversia escaló cuando la Fundación Yarur Bascuñán presentó acciones judiciales argumentando que la cercanía con el santuario natural exigía una evaluación ambiental más estricta. La Corte de Apelaciones acogió ese planteamiento y la Corte Suprema lo confirmó, obligando al proyecto a ingresar formalmente al Sistema de Evaluación Ambiental y paralizando sus obras.
Ese fue el primer gran freno para Makroceano. Pero no el último.
En los años siguientes, la inmobiliaria desplegó una estrategia jurídica y técnica para revertir los obstáculos. Entre los respaldos presentados figura incluso un informe del excontralor Jorge Bermúdez, que analizó el procedimiento administrativo seguido en la evaluación ambiental y cuestionó los fundamentos del rechazo.
Paralelamente, el proyecto enfrentó nuevos tropiezos en el plano urbanístico. A fines de 2025, la Dirección de Obras Municipales rechazó un anteproyecto destinado a reactivar la construcción. La empresa apeló ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que finalmente acogió la reclamación y ordenó aprobar el anteproyecto.
Ahora, con la decisión del Comité de Ministros, Makroceano suma un nuevo respaldo institucional que lo devuelve al tablero. Para sus detractores, esto confirma una inquietante tendencia: proyectos cuestionados ambientalmente pueden reabrirse camino mediante recursos administrativos, aun cuando su emplazamiento se ubique en zonas ambientalmente sensibles o con riesgos geológicos conocidos.
El caso vuelve a tensionar el debate sobre el desarrollo inmobiliario en el borde costero del Gran Valparaíso, donde durante años se ha advertido sobre la presión urbanística en áreas frágiles y sobre la insuficiente coordinación entre decisiones urbanísticas, ambientales y judiciales.
La pregunta que queda abierta es si la institucionalidad ambiental está actuando como una barrera efectiva frente a proyectos potencialmente riesgosos, o si, por el contrario, se está transformando en una estación más dentro de un largo camino administrativo que finalmente termina favoreciendo su aprobación.
Por ahora, el edificio Makroceano vuelve a la escena. Y con él, también regresan las dudas sobre cuánto pesan realmente las normas cuando se trata de construir en uno de los territorios más disputados del litoral central.
Felipe Portales says:
La corrupción nuestra de cada día…