Recorte fiscal del gobierno pone en riesgo la fiscalización laboral: más de $93 millones en multas a Cencosud evidencian su importancia
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En medio del anuncio del gobierno de José Antonio Kast de aplicar un recorte transversal del gasto público en los ministerios, surgen señales de alerta respecto del debilitamiento de una de las principales herramientas del Estado para proteger a los trabajadores: la fiscalización laboral.
Un reciente proceso de fiscalización instruido por la Dirección del Trabajo durante 2025, a solicitud de la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud, evidenció graves incumplimientos en distintas empresas del conglomerado Cencosud, incluyendo sus cadenas Jumbo, Easy, Paris y Santa Isabel en diversas regiones del país.
El operativo contempló 17 fiscalizaciones a nivel nacional, de las cuales 11 concluyeron con multas, acumulando sanciones por un total de $93.092.148. Los resultados, obtenidos por los trabajadores, revelan un patrón extendido de infracciones en el sector:
- Santa Isabel: $37.740.060 en multas, principalmente por incumplimientos en seguridad laboral, falta de medidas de protección, deficiencias en comités paritarios y condiciones de higiene inadecuadas.
- Easy y Paris: $12.580.020 en sanciones por falta de condiciones mínimas de infraestructura, vías de evacuación obstruidas y espacios inseguros.
- Paris (adicional): $6.709.344 por incumplimientos como la no entrega de descansos compensatorios.
- Jumbo: $36.062.724 en multas por irregularidades en contratos, reglamentos internos, seguridad laboral y no otorgamiento de domingos de descanso legal.
Entre las principales infracciones detectadas se encuentran la falta de respeto a los descansos legales, irregularidades en jornadas laborales y registros de asistencia, ausencia de formalización contractual, obstáculos al funcionamiento de comités paritarios y condiciones inseguras como vías de evacuación bloqueadas. A esto se suman falencias en capacitación en seguridad —como el uso de extintores— y deficiencias en infraestructura básica, incluyendo comedores y duchas para los trabajadores.
Estas situaciones no solo vulneran la normativa laboral vigente, sino que también comprometen directamente la salud y la vida de los trabajadores, impactando además la calidad del servicio entregado a los consumidores.
El caso demuestra que la fiscalización laboral constituye una herramienta concreta y eficaz del Estado para garantizar derechos. Sin embargo, el recorte presupuestario anunciado por el Ejecutivo amenaza con debilitar estas capacidades. Menores recursos implican menos fiscalizaciones, menor presencia territorial y una reducción real en la capacidad de hacer cumplir la ley.
La reiteración de infracciones en distintas empresas y regiones evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón estructural de incumplimiento en el sector del retail, donde la reducción de costos suele traducirse en precarización laboral.
Desde el mundo sindical advierten que avanzar en recortes sin resguardar áreas críticas como la fiscalización laboral constituye una señal preocupante. Sergio Fuentes, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud, señaló:
“Estos más de 93 millones en multas no son solo cifras; son la prueba de que, sin fiscalización, los abusos quedan impunes. Reducir el rol del Estado en esta materia es dejar a los trabajadores desprotegidos. Debilitar la fiscalización en este contexto solo profundiza la desigualdad y favorece la impunidad”.
El caso de Cencosud deja en evidencia que la fiscalización no es un gasto, sino una inversión en derechos, seguridad y calidad. Como concluyó el dirigente sindical:
“Reducir recursos en esta área no solo debilita al Estado, sino que pone en riesgo condiciones laborales dignas y estándares mínimos que toda sociedad democrática debe garantizar”.
