Gobierno frena tramo clave de ciclovía en Alameda en medio de alza de combustibles
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La suspensión de un tramo clave de la ciclovía en la Alameda no sería, por sí sola, una noticia mayor. Pero el contexto en que ocurre la transforma en algo más que un ajuste técnico: la convierte en una señal. Justo cuando el precio de los combustibles presiona el bolsillo de las familias y obliga a repensar las formas de movilidad, el Estado decide frenar una de las pocas alternativas concretas para reducir esa dependencia.
No es solo una obra. Es una definición.
El proyecto de la ciclovía Nueva Alameda no era marginal ni experimental. Se trataba de un eje estructural de movilidad, diseñado para conectar comunas, facilitar desplazamientos cotidianos y avanzar hacia una ciudad menos dependiente del automóvil. Sin embargo, la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de suspender su etapa final —la que se extiende hacia sectores de menores ingresos— introduce una duda razonable: ¿cuáles son realmente las prioridades?
El argumento oficial apunta a restricciones presupuestarias. No hay recursos suficientes, se dice, y es necesario ajustar el gasto. En abstracto, es una explicación comprensible. Todos los gobiernos enfrentan límites fiscales y deben tomar decisiones difíciles. Pero no todas las decisiones son equivalentes. Algunas revelan más que otras.
Aquí, lo que aparece no es solo un recorte, sino una contradicción.
Por un lado, se promueve —al menos en el discurso— una transición hacia ciudades más sustentables, con menor uso del automóvil y mayor protagonismo del transporte público y los modos activos. Por otro, se detiene una infraestructura que precisamente permite avanzar en esa dirección. No se trata de un proyecto accesorio, sino de una pieza básica en cualquier política urbana moderna.
La pregunta entonces no es si faltan recursos, sino cómo se asignan.
Porque el recorte no es neutro. La parte del proyecto que se suspende no es cualquiera: corresponde al tramo que conecta con sectores históricamente más postergados. Es ahí donde la ciclovía deja de ser solo una apuesta ambiental y se convierte en una herramienta de equidad. Para muchos, no es una opción recreativa, sino una alternativa real de transporte frente al costo creciente de movilizarse.
Al interrumpir ese tramo, el mensaje es claro, aunque no sea intencional: la integración puede esperar.
Este tipo de decisiones suele explicarse desde la lógica técnica. Se priorizan obras más avanzadas, se evita dejar proyectos a medio camino, se ordenan las cuentas. Pero esa lógica, cuando se aplica sin una visión de conjunto, termina reproduciendo desigualdades. Lo que queda pendiente no es solo un tramo de infraestructura, sino una promesa de ciudad más equilibrada.
Y ahí es donde el problema deja de ser puntual y pasa a ser estructural.
Lo ocurrido con la ciclovía no es un hecho aislado, sino el síntoma de una forma de gobernar. Una en la que las decisiones parecen responder más a urgencias administrativas que a una planificación consistente. Se actúa sobre proyectos individuales, pero no sobre el sistema urbano en su conjunto.
La ciudad, sin embargo, no funciona por partes. Movilidad, vivienda, acceso a servicios y calidad de vida están profundamente conectados. Intervenir uno de estos elementos sin considerar los demás no solo reduce la efectividad de las políticas, sino que puede generar efectos contrarios a los buscados.
En este caso, la contradicción es evidente. Mientras se encarece el uso del automóvil, se debilitan las alternativas. Mientras se habla de sustentabilidad, se posterga su implementación. Mientras se reconoce la necesidad de mayor equidad territorial, se aplazan proyectos que podrían contribuir a ella.
No es una cuestión ideológica, sino de coherencia.
Una política urbana sólida no se define solo por sus objetivos declarados, sino por la consistencia de sus decisiones. Requiere continuidad, priorización y una comprensión clara de cómo cada intervención contribuye —o no— a un modelo de ciudad.
Cuando esa coherencia se pierde, lo que queda es una suma de medidas desconectadas. Algunas bien intencionadas, otras inevitables, pero en conjunto incapaces de construir una dirección clara.
La suspensión de esta ciclovía es, en ese sentido, más que un ajuste presupuestario. Es una señal de que la planificación urbana ha quedado subordinada a la contingencia. Que el corto plazo se impone sobre el largo. Que las restricciones fiscales, en lugar de ser gestionadas estratégicamente, terminan definiendo el rumbo.
Y ese es, probablemente, el problema de fondo.
Porque las ciudades no se transforman por inercia. Requieren decisiones sostenidas en el tiempo, incluso —y especialmente— en contextos adversos. Renunciar a proyectos estructurales en momentos de dificultad puede parecer razonable en lo inmediato, pero tiene costos acumulativos que se hacen evidentes más adelante.
En definitiva, no se trata solo de una ciclovía. Se trata de la idea de ciudad que se está construyendo —o dejando de construir.
Y hoy, más que una dirección clara, lo que parece haber es una ausencia de rumbo.
