Gobierno retira la Ley de Pesca: cuando “perfeccionar” significa no cambiar nada
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El anuncio del retiro del proyecto de nueva Ley General de Pesca por parte del gobierno no es un simple ajuste técnico. Es una señal política. Y como tal, merece ser leída más allá del lenguaje administrativo con que se intenta justificar.
El documento oficial habla de “perfeccionamiento”, de la necesidad de “mejor estudio” y de avanzar mediante reformas focalizadas en lugar de una transformación estructural. Sin embargo, en el fondo, lo que se está comunicando es otra cosa: la decisión de no alterar sustantivamente el modelo vigente.
Y ese modelo tiene historia.
La actual legislación pesquera ha sido durante años objeto de cuestionamientos por su origen, su legitimidad y, sobre todo, por sus efectos. Ha consolidado un sistema de asignación de cuotas altamente concentrado, donde la gran industria mantiene una posición dominante, mientras la pesca artesanal continúa enfrentando limitaciones estructurales para competir en condiciones justas.
En ese contexto, retirar un proyecto que buscaba —al menos en parte— abrir una discusión más profunda sobre la redistribución de los recursos pesqueros no es neutro. Es una decisión que favorece la continuidad por sobre el cambio.
El argumento del gobierno apunta a la “certeza jurídica” y a evitar los efectos de reformas “refundacionales”. Pero cabe preguntarse: ¿certeza para quién? ¿Estabilidad para qué intereses?
Porque mientras se resguardan las condiciones del sector industrial, se posterga nuevamente la posibilidad de corregir desigualdades históricas que afectan a miles de pescadores artesanales a lo largo del país. Se mantiene, en los hechos, un equilibrio que ha sido ampliamente criticado por su falta de equidad.
Además, el enfoque de “reformas por partes” puede terminar diluyendo los cambios más relevantes. Fragmentar la discusión implica también fragmentar las soluciones, reduciendo la capacidad de abordar problemas estructurales que requieren una mirada integral.
Por supuesto, mejorar técnicamente un proyecto es necesario. Nadie discute eso. Pero cuando esa mejora se traduce en retirar la discusión de fondo, el riesgo es claro: que el perfeccionamiento sea, en realidad, una forma de postergación.
Chile no necesita solo ajustes. Necesita definiciones.
La pregunta que queda abierta es incómoda, pero inevitable: ¿estamos frente a una decisión basada en criterios técnicos… o ante una señal de que, una vez más, la balanza se inclina hacia los intereses de la gran industria pesquera?
Porque en política pública, no decidir también es decidir. Y en este caso, todo indica que la decisión fue no cambiar lo esencial.
