Memoria viva: la infamia que el tiempo no podrá borrar
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 21 segundos
El 29 de marzo de 1985 quedó grabado como una herida abierta en la historia reciente de Chile. Ese día fueron encontrados los cuerpos de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, brutalmente asesinados tras haber sido secuestrados por agentes del propio Estado. El crimen, conocido como el “Caso Degollados”, no solo estremeció al país por su crueldad, sino que expuso con crudeza el nivel de violencia política ejercida durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
Los hechos ocurrieron en un contexto de fuerte represión. Chile vivía bajo estado de sitio, con libertades restringidas y una persecución sistemática contra opositores políticos, especialmente contra quienes estaban vinculados al Partido Comunista o a organizaciones de defensa de los derechos humanos. En ese escenario, la captura de las víctimas no fue un hecho aislado, sino parte de una maquinaria represiva organizada.
Santiago Nattino fue secuestrado primero, el 28 de marzo de 1985. Al día siguiente, en una acción que evidenció total impunidad, Manuel Guerrero y José Manuel Parada fueron detenidos a plena luz del día frente a un colegio en Providencia, en presencia de estudiantes, profesores y apoderados. La escena fue impactante: hombres armados actuando sin ocultarse, como si la violencia estatal fuera algo cotidiano y permitido.
Los tres fueron trasladados a dependencias de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), un organismo que operaba como aparato represivo dentro de la policía uniformada. Allí fueron sometidos a torturas. Horas después, sus cuerpos aparecieron en las afueras de Santiago, con signos evidentes de violencia extrema. El nivel de brutalidad no solo buscaba eliminar a las víctimas, sino también enviar un mensaje de terror a toda la sociedad.
La reacción fue inmediata. La noticia se propagó rápidamente, generando indignación en amplios sectores de la población. Era imposible encubrir un crimen de tal magnitud. A pesar de los intentos iniciales del régimen por instalar la versión de un supuesto “ajuste de cuentas”, la evidencia apuntaba directamente a agentes del Estado. La crudeza del caso rompió el cerco del miedo y obligó incluso a sectores cercanos al gobierno militar a tomar distancia.
El impacto político fue significativo. La presión nacional e internacional obligó a que se investigara el crimen, algo poco habitual en ese periodo. Como consecuencia, se produjo la salida del general César Mendoza de la Junta Militar y la disolución de la DICOMCAR. Aunque estas medidas no reparaban el daño causado, sí reflejaban el nivel de crisis que había generado el caso dentro del propio régimen.
Sin embargo, la justicia fue lenta. Durante años, las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos debieron luchar contra la impunidad. No fue sino hasta el retorno a la democracia que avanzaron las investigaciones y se dictaron condenas contra varios de los responsables. Este proceso, aunque tardío, marcó un precedente en la búsqueda de verdad y justicia en Chile.
Recordar el “Caso Degollados” no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino también un acto de responsabilidad. Este crimen simboliza el extremo al que puede llegar el abuso de poder cuando no existen controles ni respeto por la dignidad humana. Nos recuerda que la violencia política no es una abstracción, sino una realidad que afecta vidas concretas, familias, comunidades enteras.
También es un llamado a valorar las instituciones democráticas y los derechos humanos. La labor de organismos como la Vicaría de la Solidaridad, donde trabajaba José Manuel Parada, fue fundamental para documentar abusos y acompañar a las víctimas. Su existencia demuestra que incluso en los contextos más oscuros hay quienes resisten y defienden la justicia.
A más de cuatro décadas de los hechos, el recuerdo de Nattino, Guerrero y Parada sigue vigente. No solo como víctimas, sino como símbolos de una lucha por un país más justo. Su asesinato no logró silenciar las demandas de verdad y dignidad; por el contrario, contribuyó a fortalecerlas.
La memoria no busca quedarse en el pasado, sino iluminar el presente. En un mundo donde los derechos humanos aún enfrentan amenazas, recordar estos hechos es una forma de reafirmar un compromiso: que nunca más el Estado utilice su poder para perseguir, torturar o asesinar a quienes piensan distinto. Porque olvidar no es una opción, y la historia, cuando se ignora, corre el riesgo de repetirse.
