Conflicto de interés: el cuestionado vínculo del ministro de transporte Louis de Grange con Uber
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El 31 de marzo, antes de cumplido un mes del gobierno de José Antonio Kast, la Contraloría General de la República emitió un instructivo dirigido al nuevo gabinete para reforzar principios de probidad y transparencia en torno a obligaciones como las declaraciones de intereses y patrimonio, administración de bienes y lobby. Hoy esas indicaciones se tornan especialmente relevantes para la cartera de Transportes y Telecomunicaciones, cuyo ministro Louis de Grange afronta cuestionamientos sobre conflicto de interés al haber recibido financiamiento de Uber para la elaboración de un estudio académico favorable a los intereses de esa firma.
Una investigación periodística del medio LaBot estableció que el estudio «Impactos de Ley EAT en conductores, usuarios y nivel de emisiones», en el que participó de Grange en 2023, recibió pagos parciales por parte de Uber. Es el mismo estudio a partir del cual el ministro hoy pretende introducir cambios en la reglamentación de la ley sobre aplicaciones de transporte de pasajeros ―reglamento cuya aprobación en estos días se encuentra pendiente―, y que ha sido usado directamente por Uber para impugnar ante la Contraloría ese reglamento.
Se trata de la ley de empresas de aplicaciones de transporte, más conocida por la sigla EAT o como «ley Uber EAT», cuyo fin es regular los servicios de aplicaciones de traslado de pasajeros como Uber, Cabify y Didi. Entre sus disposiciones, la iniciativa legal ordena crear un catastro público de la totalidad de conductores y vehículos activos en estas aplicaciones, determina controles sobre conductores y establece la obligatoriedad de contar con la licencia de conducir profesional para prestar ese servicio.
La ley fue promulgada en abril de 2023, pero su aplicación está pendiente en la espera del reglamento que permita ponerla en práctica. Luego de un primer borrador presentado en septiembre de 2023, el reglamento fue tomado en razón en la Contraloría en abril de 2025, durante la gestión del ministro Juan Carlos Muñoz. Más recientemente fue ingresado por el ministerio a la Contraloría en las últimas semanas del gobierno de Boric, en enero de este año, pero días antes del cambio de mando, de Grange pidió al saliente ministro Muñoz que no publicara el reglamento, petición que fue aceptada. «Le he planteado al actual Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que no persevere con la publicación del reglamento EAT ya que genera negativos impactos en pasajeros (precios y calidad) y conductores (desempleo). Requiere varios e importantes cambios», escribió de Grange en la red social X.
Desde 2023, mucho antes de ser nombrado ministro, Louis de Grange ha sido crítico de esta ley y del reglamento, en entrevistas y columnas de opinión pero también en instancias académicas. Cuando era decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales publicó como coautor el estudio «Impactos de Ley EAT en conductores, usuarios y nivel de emisiones«, que establece que más de la mitad de quienes hoy trabajan como conductores de aplicaciones no cumplen los requisitos planteados por el reglamento o la ley. Entre esos requerimientos figuran los relativos a la cilindrada y la antigüedad de los autos y la licencia de conducir profesional, aspectos que reducirían la flota disponible de vehículos y podrían aumentar en un 59% la espera por los viajes, de acuerdo con la publicación.
Lo relevante es que ese estudio favorable a los intereses de las aplicaciones de transporte contó con el financiamiento parcial de la propia empresa Uber. Como parte de la investigación fueron analizados los registros de más de diez millones de viajes realizados durante 2023 en aplicaciones de transporte, según se lee en el documento, mismo que establece que una de ellas solventó parte del estudio. “Las labores técnicas, asociadas a la extracción, almacenamiento y procesamiento de los datos fueron parcialmente financiadas por Uber Chile”, se lee en la página 6 del texto.
El estudio fue usado por la misma firma Uber en una presentación ante la Contraloría durante la tramitación del reglamento en el ente contralor. En esa presentación Uber citó el texto de la UDP en aspectos relacionados con la antigüedad de los vehículos y el número máximo de conductores permitido por vehículo, para concluir en la solicitud de que el reglamento no entrara en vigencia, por “manifiestos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad” en sus disposiciones. Luego de esas reclamaciones, el gobierno retiró por primera vez el reglamento de la Contraloría en junio de 2024.
Ante una pregunta de LaBot, la compañía reconoció esos aportes. “Uber firmó en 2023 una alianza estratégica con la Universidad Diego Portales para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre movilidad urbana en Chile”, respondió la firma. “La universidad realizó una investigación académica independiente, y la compañía aportó la información requerida para el estudio, sin participación en su diseño ni metodología. Este tipo de colaboración se ha realizado también con otras universidades y forma parte de iniciativas de innovación que la compañía realiza a nivel internacional”.
Especialistas y académicos consultados por el medio coinciden en que si bien estudios financiados por partes interesadas pueden ser considerados académicamente, eso depende de que cumplan condiciones estrictas de independencia y transparencia. Revistas académicas con revisión de pares exigen a los autores declaraciones explícitas de conflictos de interés antes de publicar sus estudios. En este caso «Impactos de Ley EAT en conductores, usuarios y nivel de emisiones» no tiene revisión de pares ni fue publicada en una revista académica.
Más allá de sus opiniones legítimas en contra de lo dispuesto en el actual reglamento en trámite, el cuestionamiento en torno al conflicto de interés para de Grange es haber recibido aportes de Uber para el financiamiento del estudio. De acuerdo con la propia Contraloría es causal de inhabilitación el que una autoridad haya tenido “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.
Más aún, la inhabilitación es posible incluso si el conflicto de interés es potencial, según el citado instructivo del ente contralor: “el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las personas que ejercen cargos o funciones públicas puedan ser afectadas por un conflicto de intereses en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo potencial, razón por la cual deben cumplir estrictamente con el referido deber de abstención”.
«La pregunta es si el financiamiento de la empresa constituye, de alguna manera, una circunstancia que le quite imparcialidad al ministro de Grange», plantea consultado por LaBot el abogado Enrique Rajevic, director de Chile Transparente. «Yo creo que ese es un tema que sí es pertinente que se le consulte al ministro y que el ministro lo clarifique. Si hubiera antecedentes que pudieran generar algún tipo de suspicacia mayor, es algo que se podría plantear ante la Contraloría o ante otras instancias”.
Por lo pronto el ministro Louis de Grange no respondió las preguntas del medio. Pero al respecto ya fue planteada en febrero una consulta a la Contraloría sobre el origen del financiamiento del citado estudio, formulada por Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Bachelet, de modo que dicha consulta podría motivar un pronunciamiento de la Contraloría sobre este asunto.
