Criminalización del movimiento estudiantil: la Confech rechaza el proyecto de ley «escuelas protegidas»
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 11 segundos
Su crítica al proyecto de ley de «escuelas protegidas» presentado por el gobierno y a su aplicación en universidades manifestó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), principal organización de estudiantes de educación superior del país, junto con advertir que la medida representa una amenaza de criminalización de la protesta que afectará el derecho a la movilización y la organización del movimiento estudiantil.
Luego de su primer Encuentro Nacional del año realizado este 11 de abril en la Universidad Alberto Hurtado en la capital, por medio de una declaración del vocero nacional Diego Torres la confederación apuntó su crítica al enfoque punitivo de «escuelas protegidas» y a que el proyecto privilegia la aplicación de sanciones por encima de la formulación de políticas integrales que representen soluciones estructurales a los problemas de fondo del sistema educativo.
La Confech rechazó además la posibilidad de que sean retirados beneficios sociales a estudiantes que participen en hechos de violencia, que es una de las disposiciones del proyecto de ley. La declaración se da en el contexto del debate surgido a raíz de que el gobierno se mostrara abierto a aplicar el proyecto «escuelas protegidas» no sólo a establecimientos escolares, como es su propósito inicial, sino también a universidades, luego del asedio estudiantil del que fue objeto en la Universidad Austral en Valdivia la ministra de ciencias, Ximena Lincolao.
La declaración de la Confederación de Estudiantes de Chile demanda un acceso a la educación que no dependa de la capacidad personal de endeudamiento del estudiantado ni de poder adquisitivo de sus familias, y exige al Estado un modelo de financiamiento justo y transparente. Asimismo la Confech anunció que está desarrollando una estrategia de movilizaciones coordinada a escala nacional no sólo en el ámbito estudiantil secundario, técnico y universitario, sino también en coordinación y alianzas con organizaciones sociales.
El proyecto “escuelas protegidas” es una de las dos iniciativas legales anunciadas por el presidente Kast el pasado 7 de abril para «mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educativos», según la presentación oficial. Uno de los proyectos propone modificar el Código Penal con la finalidad de establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales. El otro es “escuelas protegidas” y tiene un «enfoque preventivo para proteger a las comunidades educativas de actos delictivos».
En especial este último proyecto contiene cinco medidas de control: revisión de mochilas, bolsos o pertenencias personales de estudiantes; sanciones por la interrupción de clases; inhabilidad para acceder a la gratuidad para estudiantes sancionados; prohibición del uso de gorros o capuchas que impidan la identificación facial y la posibilidad de que profesores pongan en práctica «medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa».
Respecto de la gratuidad, según detalló el gobierno en la comunicación oficial de presentación de «escuelas protegidas», «el proyecto incorpora. entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública». Del mismo modo, en el apartado «escolares a cara descubierta» se refiere en detalle a aspectos de la indumentaria del alumnado.
«Los reglamentos internos deberán contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro que impida la identificación facial, y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada, tanto al interior del establecimiento como fuera de él durante el desarrollo de actividades programáticas o extraprogramáticas», se lee en la web del Gobierno, en una disposición que va más allá de la prevención de hechos de violencia. «Asimismo, deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley«.
