Afganistán: expertos de la ONU instan a una acción global rápida para proteger los derechos humanos y prevenir la «matanza de civiles»

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Varios expertos de la ONU en derechos humanos emitieron una declaración en la que instan a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas y preventivas para evitar la matanza de civiles, la destrucción de la infraestructura civil esencial y la destrucción de décadas de derechos humanos de la ley y la igualdad de género trabajan para promover la salud, la educación, la cultura y la infraestructura social de Afganistán.

“El mundo sigue los acontecimientos en Afganistán con el corazón apesadumbrado y una profunda inquietud por lo que se avecina. Todos hemos visto las imágenes en tiempo real. Caos. Agitación. Incertidumbre. Y miedo. Mucho está en el equilibrio. El progreso. La esperanza. Los sueños de una generación de jóvenes y niñas, niños y hombres afganos.

En esta hora tan grave, insto a todas las partes, especialmente a los talibanes, a que actúen con la máxima moderación para proteger vidas y garantizar que se puedan satisfacer las necesidades humanitarias. El conflicto ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. La ciudad capital ha visto una gran afluencia de desplazados internos de provincias de todo el país donde se sintieron inseguros o huyeron durante los combates.

Recuerdo a todas las partes su obligación de proteger a los civiles. Hago un llamamiento a todas las partes para que proporcionen a los trabajadores humanitarios acceso sin obstáculos para prestar servicios y ayuda oportunos y que salvan vidas.Y también insto a todos los países a que estén dispuestos a recibir refugiados afganos y se abstengan de cualquier deportación.

Hago un llamamiento a los talibanes y a todas las partes para que respeten y protejan el derecho internacional humanitario y los derechos y libertades de todas las personas. Estamos recibiendo informes escalofriantes sobre severas restricciones a los derechos humanos en todo el país. Me preocupan en particular los relatos sobre las crecientes violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas de Afganistán que temen un regreso a los días más oscuros. Es fundamental que se protejan los derechos adquiridos con tanto esfuerzo por las mujeres y las niñas afganas.

Hago un llamamiento al Consejo de Seguridad, y a la comunidad internacional en su conjunto, a que se unan, trabajen juntos y actúen juntos, y utilicen todas las herramientas a su disposición para reprimir la amenaza terrorista mundial en Afganistán y garantizar que se respeten los derechos humanos básicos respetado.

Seguimos teniendo personal y oficinas en zonas que han quedado bajo el control de los talibanes. Me siento aliviado de informar que, en gran medida, nuestro personal y nuestras instalaciones han sido respetados. Instamos a los talibanes a que sigan haciéndolo y respeten la integridad y la inviolabilidad de los enviados y los locales diplomáticos.

La crisis humanitaria en Afganistán afecta a 18 millones de personas, la mitad de la población del país. Es fundamental que se sigan proporcionando los servicios básicos.

En un comunicado emitido ayer, los talibanes dijeron que trabajarían con las instituciones existentes. Es fundamental que se sigan pagando los sueldos de los funcionarios públicos, se mantenga la infraestructura, se reabran los aeropuertos y continúen los servicios de salud y educación.

La presencia de Naciones Unidas se adaptará a la situación de seguridad. Pero, sobre todo, nos quedaremos y brindaremos apoyo al pueblo afgano en su hora de necesidad. De cara al futuro, pido que se ponga fin de inmediato a la violencia, que se respeten los derechos de todos los afganos y que Afganistán cumpla todos los acuerdos internacionales en los que es parte. Los afganos son un pueblo orgulloso con un rico patrimonio cultural. Han conocido generaciones de guerras y dificultades”, declaró Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

El trabajo realizado en asociación durante los últimos 20 años por la República Islámica del Afganistán y la comunidad internacional con los defensores de los derechos humanos afganos, los grupos de mujeres, otras organizaciones de la sociedad civil y el pueblo afgano está gravemente amenazado.

La reciente ofensiva militar de los talibanes parece haberse apoderado de gran parte del país por la fuerza y ​​ha atacado directamente los centros de las ciudades civiles. Además, como se informó anteriormente por los Procedimientos Especiales y como se plasmó recientemente en la Declaración del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ofensiva militar de los talibanes se ha caracterizado por una campaña incesante de ataques directos contra civiles, la sociedad civil y periodistas, ejecuciones sumarias, asesinatos de defensores de derechos humanos, ejecuciones masivas de civiles y restricciones ilegales de los derechos humanos de mujeres y niñas.

“Reiteramos categóricamente que es inaceptable que los Estados se mantengan al margen cuando una organización terrorista incluida en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invade el territorio del Afganistán y comete actos que pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En paralelo, identificamos las responsabilidades particulares de los Estados que han liderado y participado en un proceso de paz con los talibanes, donde los compromisos más básicos asumidos en el acuerdo actual, a saber, un compromiso de participar en un diálogo intra-afgano, en lugar de perseguir una ofensiva militar, se está rompiendo con impunidad. El derecho internacional exige que los involucrados en actos de terrorismo sean tratados plenamente con la considerable capacidad de la ley y la práctica que se ha desarrollado desde que los talibanes fueron designados por primera vez como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, declaran los expertos de las Naciones Unidas.

“Estamos indignados por los ataques sin sentido contra civiles, los ataques contra periodistas y medios independientes, y la violencia dirigida contra mujeres y niñas, incluida la imposición de restricciones a su capacidad para funcionar de manera independiente en la sociedad, lo cual es totalmente incompatible con la ley, la dignidad y derechos de mujeres y niñas. En la actualidad, los informes de 16 provincias siguen mostrando que la mayoría de las mujeres están sufriendo las mismas violaciones de derechos que hace 20 años bajo el control de los talibanes, incluido el uso forzado de un burka, el matrimonio forzado, la restricción de la libertad de movimiento y el uso obligatorio de un mahram, prohibición de trabajar y acceso restringido a la atención médica, la educación y más. Alrededor del 80 por ciento de casi un cuarto de millón de afganos que se vieron obligados a huir desde finales de mayo son mujeres y niños” denuncian los expertos. “Hasta la fecha, el Consejo de Seguridad ha emitido una declaración y ha acogido una reunión de emergencia sobre Afganistán. El Consejo ha sido inequívoco en su retórica, recordando la resolución 2513 (2020) y reafirmando que «no hay una solución militar al conflicto» y declarando que «no apoyan la restauración del Emirato Islámico». Ahora que los talibanes han entrado en Kabul, el último bastión de la República Islámica del Afganistán, el Consejo debe actuar de manera inequívoca. El pueblo del Afganistán merece algo mejor que soportar el silencio y la atención de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en este peligroso momento”.

Los expertos piden:

1) El Consejo de Seguridad debe tomar las medidas apropiadas en virtud del Capítulo VII de la Carta para salvaguardar los derechos humanos y las necesidades humanitarias del pueblo de Afganistán, incluidos los más vulnerables, y abordar el papel de los Estados Miembros para prevenir actos de terrorismo en virtud del derecho internacional.

2) Aplicar en la mayor medida y en consonancia con el derecho internacional, las sanciones internacionales a las organizaciones terroristas designadas, incluidas las obligaciones de todos los Estados de reprimir y prevenir los actos terroristas.

3) Asegurar que los civiles tengan acceso total y gratuito a la ayuda humanitaria a medida que las necesidades de asistencia de emergencia crezcan exponencialmente, incluso mediante la imposición de tales sanciones.

4) Los Estados miembros deben mantener abiertas sus fronteras para recibir a los solicitantes de asilo de Afganistán, garantizando al mismo tiempo una protección y asistencia humanitaria adecuadas para los refugiados afganos y los desplazados internos.

5) El Consejo de Derechos Humanos debe abordar en una sesión de emergencia las obligaciones de todos los Estados para promover la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo:

• Estableciendo una misión de investigación que se desplegará urgentemente en Afganistán para evaluar la situación sobre el terreno e informar al Consejo l sobre violaciones de derechos humanos y responsabilidades, incluidos, entre otros, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
• Apoyando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en sus esfuerzos por evitar que se sigan cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos y creando un mecanismo de responsabilidad internacional por estas violaciones sistémicas de los derechos humanos.
• Involucrando los mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU para apoyar la investigación y la rendición de cuentas sobre las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Afganistán.
• Prestando especial atención a la protección de los más vulnerables en Afganistán, incluidos los niños, las mujeres y las niñas, los desplazados internos, los discapacitados, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los medios de comunicación, los educadores y los agentes de la sociedad civil, utilizando toda la capacidad de los representantes diplomáticos y de la sociedad civil del Consejo para comprometerse con todas las partes interesadas para proteger y apoyar a estos grupos.

Recordamos que durante más de dos decenios de asociación sostenida entre la comunidad internacional y la República Islámica del Afganistán se ha apuntado firmemente a apoyar al pueblo del Afganistán. En este momento, no debemos olvidar ni ignorar los logros y los progresos realizados para promover una vida plena y digna para todos los habitantes del Afganistán. Los resultados de esta asociación, sin embargo, no solo están en riesgo, sino que ya han sido una víctima del actual estado de inacción. Debe contabilizarse la vida de más de 1.000 civiles muertos el mes pasado. Hay que contabilizar los cientos de miles de desplazados. Deben tenerse en cuenta los derechos del pueblo afgano a vivir en paz, con derechos humanos y dignidad.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las vidas del pueblo afgano son tratadas con desprecio, burla y cansancio. Afganistán es un caso de prueba del valor de la Carta de las Naciones Unidas y del compromiso de los Estados de evitar que el flagelo del terrorismo destruya sociedades y valores que gozan de derechos. Instamos a todos los Estados a que se mantengan firmes y tengan el valor moral y la claridad para actuar a fin de prevenir más violencia y daños. La comunidad internacional será juzgada por nuestras acciones, nuestra fortaleza y nuestra voluntad de hacer que nuestras palabras sobre los derechos tengan sentido en este momento decisivo”.

Relatores especiales involucrados en la declaración:

Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Karima Bennoune, Relatora Especial en el campo de los derechos culturales; Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias; Elina Steinerte (Presidenta-Relatora), Miriam Estrada-Castillo (Vicepresidenta), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, Grupo de trabajo sobre detención arbitraria; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada-Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; Tomoya Obokata, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Claudia Mahler, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores; Mama Fatima Singhateh, Relatora Especial sobre la venta y explotación sexual de niños.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Elena Rusca, Ginebra, 20-8-2021

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