Bolivia a dos años del golpe de Estado: ¿Cuáles son las conclusiones de las Naciones Unidas?

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Comentario de la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, respecto del informe sobre la crisis postelectoral de Bolivia en 2019.

“Acogemos el informe presentado esta semana por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)[1], que concluye que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso sistemático de  tortura, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019.

Las conclusiones del GIEI sostienen que la violencia tuvo sesgos raciales y anti indígenas, y que además las fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y no impidieron adecuadamente los actos de violencia. Estas conclusiones están en línea con las del informe publicado por nuestra Oficina en agosto de 2020.

El informe del GIEI debe fortalecer los esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia.

Es vital que la documentación de las violaciones de derechos humanos que aparece en el informe, producto de ocho meses de riguroso trabajo, sea utilizada de forma constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas persistentes.

Las recomendaciones de este informe, junto con las del ACNUDH, constituyen  una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial, y para fortalecer el estado de derecho y la democracia.

Saludamos el compromiso expresado por el Presidente de Bolivia, Luis Arce, de implementar el informe del GIEI e instamos a las autoridades a establecer prontamente un mecanismo que garantice que estas recomendaciones se traduzcan en medidas concretas, tanto a mediano como a largo plazo.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presencia en el país, está a disposición para apoyar al Estado Plurinacional de Bolivia en este importante proceso y reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias”.

Raíces del golpe de estado en 2019.

En noviembre 2019, luego de la forzada renuncia del Presidente Evo Morales, un gobierno interino encabezado por Jeanine Añez, apoyado por las fuerzas armadas, tomó el poder en el país. Este momento coincidió con la promulgación del Decreto Supremo 4078 que eximió de responsabilidades a las Fuerzas Armadas por el uso de la fuerza. Marcó el comienzo de un periodo de graves violaciones de los derechos humanos, sangrienta represión, persecución política y judicial contra toda persona que expresara ideas contrarias al nuevo gobierno. Este contexto fue enmarcado por un cerco mediático que censuró toda crítica o desacuerdo como actos de “sedición y terrorismo. El saldo de estos eventos fue de 27 personas asesinadas por armas de fuego de las cuales el 100% recibió disparos en órganos vitales. Quedaron 833 personas heridas y 1500 detenidos.

“El problema de Bolivia es estructural, de fondo. Bolivia es un país cuya sociedad se construye permanentemente, aún pre existe en la contienda de la narrativa política un debate entre modelos de Estado, por un lado sostener la República y por el otro el Estado Plurinacional. El primero caracterizado por un modelo monocultural, homogenizante, con graves síntomas de exclusión en el marco de un sistema picmentocrático y por el otro plural, comunitario, intercultural; esta condición plural que traviesa el campo político, económico, jurídico, lingüístico, en resumen en la posibilidad de una pluralidad cultural” nos había explicado en ese momento Olmer Torrejón. Desde el 2007 fue consultor y servidor público en diferentes ministerios, Presidencia, Hidrocaburos, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y los últimos años fue consejero de la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante Naciones Unidas ocupándose en temas de Derechos Humanos.

“Esta narrativa polarizante, más allá de alguna discusión en derecho constitucional, nos acerca a evidenciar la situación de fragilidad y fragmentación de los lazos comunitarios que hacen a la  sociedad boliviana. En estos términos se habla de una situación de polarización, sin embargo es una situación mucho más compleja, puesto que no existen sólo dos polos, sino múltiples, simultáneos y en muchos casos opuestos entre ellos, con intereses, reivindicaciones, necesidades y demandas propias. Es territorial pero al mismo tiempo es de clase o grupo social e incluso, me atrevo a afirmar de carácter racial” dijo Torrejón.

[1] El GIEI fue establecido el 12 de diciembre de 2019 mediante un acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Elena Rusca, Ginebra, 20.08.2021

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