ONU denuncia deportaciones ilegales desde Estados Unidos a El Salvador y alerta sobre graves violaciones a los derechos humanos
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Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresó una severa advertencia respecto de las deportaciones llevadas a cabo por Estados Unidos hacia El Salvador, calificándolas como “aparentemente ilegales” y en contravención del derecho internacional. Según la declaración oficial, más de 250 hombres, en su mayoría venezolanos y salvadoreños acusados de presuntos vínculos con pandillas, fueron expulsados sin el debido proceso legal.
Los especialistas manifestaron su alarma por la invocación inapropiada de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal arcaico que, según indican, habría sido utilizado para evitar el acceso a tribunales, a una revisión independiente y al ejercicio pleno del derecho a la defensa. Esto, señalan, derivó en deportaciones arbitrarias, incluso de personas que no mantenían relación alguna con organizaciones criminales.
“La naturaleza sumaria de estas decisiones fue claramente inadecuada para evaluar el riesgo real que estas personas enfrentarían en El Salvador, incluyendo violaciones graves a sus derechos fundamentales”, declararon. Entre las preocupaciones destacadas se encuentran la omisión del derecho a la vida familiar, el interés superior del niño y el impacto diferenciado que estas medidas tienen sobre los derechos de las mujeres.
Los expertos recordaron que el principio de non-refoulement —parte esencial del derecho internacional de los derechos humanos— prohíbe expresamente la devolución de personas a territorios donde puedan enfrentar tortura, tratos crueles, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o daños irreparables.
En ese contexto, alertaron sobre las condiciones carcelarias en El Salvador, que calificaron como “inhumanas”, citando denuncias de muertes bajo custodia, tortura, hacinamiento extremo y falta de acceso a necesidades básicas como atención médica, colchones o visitas familiares. También denunciaron la detención en régimen de incomunicación, en muchos casos sin que los familiares de los detenidos conozcan su paradero o situación legal. “Estas prácticas se asemejan a desapariciones forzadas”, advirtieron.
Los expertos instaron al gobierno salvadoreño a permitir el ingreso de organismos de monitoreo independientes a las prisiones que albergan a los deportados. También señalaron que tanto El Salvador como Estados Unidos se han negado a restituir a personas que, según fallos judiciales en EE.UU., fueron deportadas ilegalmente.
En su análisis jurídico, los especialistas subrayaron que las bases para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros son inexistentes: “No ha habido ninguna invasión o agresión por parte de Estados extranjeros como lo exige la ley. Incluso si algunos individuos tienen vínculos con pandillas, esto constituye un delito, no un acto de guerra”.
Asimismo, criticaron la designación de estas pandillas como organizaciones “terroristas” como una forma de justificar la deportación acelerada, alertando que esta calificación arbitraria vulnera aún más los derechos de las personas y constituye un abuso del marco legal.
Finalmente, expresaron su preocupación por los ataques políticos en Estados Unidos contra la independencia del poder judicial y la labor de abogados que defienden a los deportados, así como por la situación de defensores de derechos humanos que podrían estar expuestos a represalias tanto en El Salvador como en EE.UU.
Los expertos urgieron al gobierno estadounidense a cesar de inmediato el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y a garantizar que cualquier procedimiento de expulsión se realice conforme al derecho migratorio regular y al marco jurídico internacional. “Las deportaciones deben detenerse hasta que se cumplan plenamente las garantías legales y los derechos humanos fundamentales”, concluyeron.
