Gobierno y CUT acuerdan alza acotada del salario mínimo mientras persiste la brecha con demandas sindicales
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Tras semanas de negociación, el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lograron finalmente un acuerdo sobre el reajuste del salario mínimo. La propuesta, que será enviada como proyecto de ley al Congreso en los próximos días, contempla un aumento de 3,6% a partir de mayo y otro de 1,9% en enero de 2025. De esta forma, el sueldo mínimo pasará de los actuales $510.536 a $529.000 en mayo, y luego a $539.000 el próximo año.
El acuerdo representa un avance desde la propuesta inicial del Ejecutivo —que situaba el sueldo en $530.957 en mayo y $535.000 en enero—, pero queda lejos de las aspiraciones de la CUT, que había planteado un alza de 12% para este año, con una meta de $578.948 brutos, y una trayectoria que proyecta alcanzar el millón de pesos en 2029.
Un horizonte de largo plazo
En su propuesta, la CUT no solo aspiraba a un reajuste significativo inmediato, sino también a una hoja de ruta clara hacia un salario digno. Su plan estimaba incrementos anuales que elevarían el ingreso mínimo a $665.211 en 2026, $767.654 en 2027, $878.196 en 2028 y $1.004.656 en 2029. La inclusión de una proyección para 2030, con un monto estimado de $1.149.326, subraya la intención de transformar esta política en una estrategia de Estado.
Sin embargo, la viabilidad política y económica de esta propuesta enfrenta resistencias evidentes. El contexto macroeconómico, marcado por bajo crecimiento, inversión estancada y un mercado laboral debilitado, ha sido el argumento recurrente de los sectores empresariales para frenar cualquier avance sustancial. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, calificó el alza acordada como “más prudente y realista”, aunque advirtió que sigue por sobre la inflación acumulada desde el último reajuste (2,3%).
Desde la vereda empresarial, el mensaje es claro: los aumentos salariales deben supeditarse a la productividad, que según sus cifras ha crecido apenas un 12% en la última década, frente a un aumento real del salario mínimo del 46%. Bajo esa lógica, se sigue postergando el debate sobre justicia distributiva en un país con profundas desigualdades estructurales.
El rol del Observatorio y la promesa de una política de Estado
Uno de los elementos clave en esta nueva etapa será la implementación del Observatorio de los Ingresos y Costo de Vida, una instancia tripartita creada en 2023 con el objetivo de dotar de insumos técnicos a la discusión salarial. Su rol será central si se busca avanzar hacia una política de Estado que garantice ingresos dignos, evaluando no solo cifras macroeconómicas, sino también el bienestar real de los hogares trabajadores.
La continuidad de este espacio podría representar un punto de inflexión si se lo reconoce institucionalmente como herramienta permanente de análisis y proyección social. Sin embargo, su impacto dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y del Congreso para traducir sus diagnósticos en decisiones concretas.
Medidas complementarias y promesas postergadas
Junto con el acuerdo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció una inyección de recursos al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, con el objetivo de mantener los precios bajo los $1.050 durante el invierno. Aunque relevante, la medida aparece como paliativa ante la pérdida de poder adquisitivo generalizada.
En paralelo, reaparece la eterna promesa del proyecto de negociación ramal, una de las banderas históricas del movimiento sindical, que permitiría negociar por sector económico y no solo por empresa. Su envío al Congreso se ha pospuesto reiteradamente, y ahora se anuncia para septiembre. La pregunta es si esta vez será realmente priorizado o volverá a dormir en el escritorio del Gobierno.
Una señal insuficiente
El presidente de la CUT, David Acuña, reconoció que, aunque el alza es “insuficiente”, cubre parte de las demandas. Pero el reconocimiento tácito de esa insuficiencia refleja un límite claro: la negociación no se da en igualdad de condiciones. Las aspiraciones de los trabajadores siguen subordinadas a un modelo que privilegia la estabilidad macroeconómica sobre la justicia social.
El acuerdo alcanzado es, en definitiva, un pequeño avance en un largo camino que requiere voluntad política, reformas estructurales y una discusión pública más allá de las cifras. El salario mínimo no es solo una variable económica, sino un termómetro del tipo de sociedad que aspiramos construir.
