Aborto y democracia: el debate impostergable que la derecha quiere evitar

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos

Con la decisión de adelantar el ingreso del proyecto de ley que busca despenalizar el aborto más allá de las tres causales, el Gobierno ha dado un paso necesario y valiente hacia un debate que ha sido postergado durante demasiado tiempo. No se trata sólo de cumplir un compromiso presidencial, sino de abrir una discusión urgente sobre los derechos de las mujeres, especialmente aquellas en edad fértil, cuya autonomía ha sido históricamente limitada por una legislación que responde más a imposiciones morales que a principios democráticos.

La decisión de La Moneda rompe la inercia de un Estado que, pese a avances parciales, ha evitado discutir de frente la despenalización del aborto. El Gobierno optó por no seguir esperando el pronunciamiento de la Contraloría sobre el reglamento de la ley vigente de aborto en tres causales y resolvió enviar el proyecto al Congreso. Como explicó la vocera Aisén Etcheverry, se trata de una política pública sanitaria vinculada directamente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y agregó algo esencial: este debate es parte del funcionamiento democrático de una sociedad abierta, plural y moderna.

Este anuncio, por supuesto, desató críticas inmediatas de una oposición que hace rato ha renunciado al debate de ideas. La derecha conservadora —con sus ya clásicos argumentos de “desconexión con las prioridades ciudadanas”— volvió a aferrarse al discurso de la seguridad, la migración y el crecimiento económico como si estos temas excluyeran el debate sobre derechos fundamentales. Incluso sectores de la Democracia Cristiana se sumaron a la crítica, anunciando que no entregarán sus votos, reafirmando su distancia con el debate de fondo.

Pero lo que se esconde en esta reacción no es preocupación por el “interés ciudadano”, sino un rechazo ideológico a reconocer a las mujeres como sujetas plenas de derechos. El proyecto de ley marca también una diferencia nítida entre el Gobierno —y los sectores políticos que lo apoyan— y una derecha que sigue anclada en concepciones patriarcales. No es solo una disputa legislativa, sino una señal clara sobre las concepciones de libertad que están en juego.

Este debate no es sólo sanitario ni solamente político: es profundamente ético. Obliga a enfrentar preguntas que muchas veces han sido acalladas por el temor al costo político. ¿Puede una democracia negar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos? ¿Hasta cuándo se aceptará que el aborto en Chile sea castigado penalmente, empujando a las mujeres más vulnerables a la clandestinidad?

El Gobierno ha decidido poner estas preguntas sobre la mesa, y eso es lo correcto. Las discusiones difíciles no se resuelven con evasivas ni postergaciones. Se enfrentan con argumentos, con evidencia y con voluntad política. En una democracia, los derechos no se mendigan ni se dosifican: se conquistan y se defienden. Y el derecho de las mujeres a decidir es, sin duda, uno de ellos

El Clarín de Chile