Estado chileno se asocia con Rio Tinto ignorando denuncias por daños ambientales y violaciones a derechos
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Mayo se ha transformado en el mes favorito del Estado chileno para sellar alianzas estratégicas con grandes corporaciones mineras en el marco de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). A dos años de su lanzamiento, esta política pública —presentada como un paso hacia el desarrollo sostenible— avanza entregando el control del litio a los mismos actores de siempre. Esta vez, a una transnacional con un largo historial de denuncias y conflictos: Rio Tinto.
La angloaustraliana ha sido la elegida por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami) para llevar adelante dos de los proyectos más ambiciosos en los salares del norte del país. Codelco anunció su asociación con Rio Tinto para el “Proyecto Paloma”, emplazado en el Salar de Maricunga, mientras que Enami hizo lo propio con el “Proyecto Salares Altoandinos”, que incluye los ecosistemas de Aguilar, La Isla y Grande. A estos se suma un nuevo acuerdo entre Codelco y Rio Tinto para desarrollar el distrito minero de Nuevo Cobre, en la Región de Atacama.
La alianza ha sido celebrada por representantes del empresariado y sectores políticos como un paso decisivo en la llamada “industrialización del litio”. Pero lo que ha pasado desapercibido en el discurso oficial es el historial que arrastra Rio Tinto: una historia de impactos ambientales, conflictos con comunidades indígenas y denuncias de violaciones a derechos humanos en distintos puntos del planeta.
En Chile, la transnacional ya participa con un 30% en Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, operada por BHP. Esta última enfrenta dos demandas del Consejo de Defensa del Estado por daños “graves, permanentes e irreparables” a los acuíferos y ecosistemas del Salar de Atacama y Punta Negra, además de afectar directamente a la comunidad atacameña de Peine. Rio Tinto también figura como responsable del Proyecto Trinidad, en la comuna de Putre, donde las comunidades locales rechazaron su presencia por riesgos a los territorios y el agua.
Fuera de Chile, su historial es igual o más inquietante. En Argentina, opera desde 2022 en el Salar de Rincón, en la provincia de Salta, donde comunidades locales han alertado sobre la explotación de un ecosistema ya afectado por un profundo déficit hídrico. La inversión inicial fue de 825 millones de dólares y actualmente se encuentra en fase de expansión comercial.
Colombia ofrece otro ejemplo: el fallido proyecto Mandé Norte, en los límites de los departamentos de Chocó y Antioquia, desarrollado junto a Muriel Mining Corporation. Las comunidades indígenas denunciaron ante la Defensoría del Pueblo la militarización del territorio, desplazamientos forzados, pérdida de bosques y profanación de sitios sagrados. Rio Tinto terminó cerrando sus oficinas en el país y se desvinculó del proyecto tras la presión social.
Estos antecedentes, sumados a otras denuncias en África, Oceanía y Asia (ver anexo), no parecen haber pesado en la balanza del Estado chileno a la hora de escoger a sus socios estratégicos. La pregunta que se instala es evidente: ¿puede el país avanzar hacia una minería responsable mientras se asocia con empresas que acumulan décadas de conflictos con comunidades y graves daños ambientales?
La Estrategia Nacional del Litio prometía soberanía, sustentabilidad y diálogo con los territorios. A la luz de las decisiones recientes, lo que queda en evidencia es la continuidad de una lógica extractivista, ahora validada por el Estado, que vuelve a mirar hacia otro lado frente a los impactos de la industria minera.
Felipe Portales says:
Lamentablemente de este gobierno ya nada puede extrañar. Primero fue la adhesión al TPP11, luego al Tratado con la UE, después el regalo de la mitad del litio hasta 2060 a Ponce Lerou, más adelante el regalo de cerca de mil millones de dólares a las Isapres, y ahora esto…
Patricio Serendero says:
Este Gobierno sigue vendiendo Chile a las multinacionales extranjeras, que nos dejarán una basura gigantesca, se habrán tomado toda el agua y repatriarán sus utilidades, o sea, el producto del trabajo de los obreros chilenos. Dinero que luego utilizarán para comprar y posteriormente vender sus propias acciones en las Bolsas, en tiempos y momentos escogidos, ganando así nuevamente a costa de Chile.
Cuando iremos a tener un gobierno que defienda los intereses de los chilenos? No hay nadie en los partidos políticos con la dignidad suficiente para defender nuestra riqueza? Que patota de vendepatrias tenemos!