Herencia maldita: Jacqueline Pinochet demanda a su hermano Marco Antonio por apropiación indebida de bienes familiares
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La siempre controvertida herencia de Augusto Pinochet Ugarte ha abierto un nuevo capítulo de disputas judiciales, esta vez protagonizado por los propios hijos del dictador. Jacqueline Pinochet Hiriart, la menor del clan familiar, presentó una querella contra su hermano Marco Antonio, acusándolo de haberse apropiado indebidamente de parte del legado patrimonial dejado por el exgeneral tras su muerte en diciembre de 2006.
La acción legal, admitida la semana pasada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se encuentra ahora en manos de la Fiscalía Oriente, que deberá determinar si los hechos denunciados configuran delitos susceptibles de ser perseguidos penalmente.
Propiedades en disputa y exclusión familiar
La querella, presentada por el abogado Jorge García, detalla que están en juego al menos ocho propiedades. Entre ellas figuran casas en balnearios, un departamento en Vitacura, una residencia en Los Boldos (Santo Domingo) y una parcela en El Melocotón, en San José de Maipo.
Según la denuncia, Marco Antonio habría administrado y lucrado con estos bienes sin consultar al resto de los herederos, arrendándolos en beneficio propio y sin entregar dividendos a Jacqueline.
“Pese a los constantes requerimientos de información, estos siempre fueron rechazados, con insultos y descréditos de diversa naturaleza, que por lo general apuntaban a la situación familiar de la querellante”, señala el documento judicial.
El conflicto familiar escaló hasta lo personal, con acusaciones de exclusión sistemática y aislamiento. Jacqueline afirma que desde 2019 le ha sido prohibido el acceso a la hacienda familiar en Los Boldos, incluyendo la capilla donde reposan los restos de sus padres, Augusto Pinochet y Lucía Hiriart. Según la querella, los cuidadores del lugar habrían recibido “órdenes directas” de Marco Antonio para impedirle cualquier acercamiento.
Un legado judicialmente manchado
El patrimonio en disputa no es cualquier herencia. La fortuna de Pinochet ha estado bajo la lupa de múltiples investigaciones judiciales en Chile y el extranjero, desde el escándalo de las cuentas secretas en el Banco Riggs hasta las denuncias de malversación de caudales públicos. Aunque la Corte Suprema autorizó a los herederos a arrendar los bienes inmuebles tras la muerte de Lucía Hiriart en 2021, Jacqueline asegura que jamás fue informada ni recibió ingresos por dichos arriendos.
“La totalidad de los inmuebles antes señalados fueron objeto de la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos ordenada por el 21° Juzgado Civil de Santiago”, recuerda la acción legal, refiriéndose a una causa civil iniciada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Herencia tóxica y conflictos sin fin
El caso refleja el prolongado enredo judicial y familiar en torno al legado de Augusto Pinochet. Lo que comenzó como investigaciones por enriquecimiento ilícito y fraudes al fisco ha derivado en conflictos internos entre los descendientes del dictador, revelando un patrimonio que sigue generando controversia casi dos décadas después de su fallecimiento.
Para algunos analistas, este nuevo enfrentamiento simboliza la herencia política y moral de la dictadura: una estructura de poder marcada por el secretismo, la opacidad en el manejo de recursos públicos y la ausencia de rendición de cuentas, que hoy se refleja en disputas privadas de sus propios herederos.
El Ministerio Público deberá ahora determinar si Marco Antonio Pinochet incurrió en apropiación indebida o administración desleal de los bienes de la sucesión. De ser así, el conflicto podría abrir un nuevo frente judicial para la familia Pinochet, sumándose a una lista de procesos que incluye investigaciones por evasión de impuestos, fraude al fisco y operaciones inmobiliarias irregulares.
¿Un legado maldito?
A medida que salen a la luz nuevas disputas en el clan Pinochet, el patrimonio del dictador aparece cada vez más como una “herencia maldita”, no solo por su origen cuestionado, sino también por las tensiones y rupturas familiares que ha provocado.
La querella de Jacqueline reaviva el debate sobre cómo la fortuna del dictador sigue proyectando su sombra sobre Chile, tanto en el ámbito judicial como en el imaginario colectivo de un país que aún lidia con las cicatrices de su pasado autoritario.
jaime norambuena says:
En un pais mas civilizado , el patrimonio del dictador habria sido
revisado con atencion para comprobar su verdadero origen.
Todavia es tiempo, pero no se hace nada.
Alexandre says:
El patrimonio que el punga golpista amasó fue Gracias al robo de las arcas fiscales, el tráfico de drogas y las licitaciones troncas. Y un mundo civilizado el Estado habría confiscado el botín.