Amenazan de muerte a diputada Camila Musante y el autor confeso queda libre: nueva polémica golpea al mismo tribunal que liberó al sicario del “Rey de Meiggs”
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La crisis de confianza en el sistema de justicia chileno suma un nuevo y preocupante capítulo. La diputada y subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, denunció este martes haber recibido amenazas de muerte explícitas, en las que se mencionaba al Tren de Aragua, por parte de un sujeto que fue identificado por la justicia, que confesó los hechos ante el Ministerio Público, pero que pese a ello quedó en libertad por decisión del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
La polémica se intensifica al tratarse del mismo tribunal desde el cual, días atrás, se emitió la orden que dejó en libertad a Osmar Alexander Ferrer Ramírez, el sicario venezolano acusado de asesinar al empresario conocido como el “Rey de Meiggs”. Este último caso ya había desatado una ola de indignación y críticas por la aparente vulnerabilidad de los sistemas judiciales frente al crimen organizado.
“Ojalá apareciera muerta en una bolsa negra”
Según relató la parlamentaria, la amenaza llegó de forma directa y fue denunciada oportunamente a la justicia. “He recibido una amenaza de muerte en contra de mi persona, cuestión que denuncié ante la justicia. Y pese a haber sido identificada la persona que realizó esta amenaza, pese a que prestó declaración ante la Fiscalía admitiendo los hechos —donde textual solicitaba que ojalá apareciera muerta en una bolsa negra cortesía del Tren de Aragua—, la Fiscalía y el 8° Juzgado de Garantía han decidido no formalizar a este sujeto”, señaló Musante.
La diputada cuestionó duramente el actuar de las instituciones: “¿Qué está pasando con la justicia en nuestro país? Este es el mismo 8° Juzgado de Garantía de Santiago con el cual nos enteramos que emite una orden para liberar al sicario del Rey de Meiggs. ¿Qué garantía le podemos dar a las personas de que la justicia va a resolver sus problemas cuando se ve amenazada la integridad, cuando incluso han identificado responsables y deliberadamente se decide no tomar ningún tipo de acción?”.
Musante advirtió que este tipo de decisiones judiciales pueden tener consecuencias irreparables. “Después espero que no tengamos que lamentarnos con consecuencias de muerte”, sentenció.
Respaldos y llamados a reaccionar
El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, expresó su respaldo a la parlamentaria y anunció medidas inmediatas. “Vamos a tomar todas las medidas del caso. Vamos a reunirnos con el secretario, voy a exponer esto en comité para ver de qué manera podemos salvaguardar a todos y cada uno de los parlamentarios”, indicó.
Castro también alertó sobre el impacto de estos hechos en la percepción ciudadana: “Cuando el narcotráfico y las amenazas comienzan a socavar el Estado de Derecho, a socavar a las autoridades, la verdad es que todos sufrimos. Si esto le pasa a una diputada de la República, ¿qué esperamos para el común de los ciudadanos?”.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) fue aún más enfático al exigir respuestas de las autoridades: “Aquí se necesita que la Fiscalía y el Poder Judicial den la cara frente al país. Ellos son los responsables de la persecución criminal, y los resultados que tenemos son estos que estamos viendo. Estamos en una situación de mucha fragilidad y hay algunos que siguen negando algo que es muy evidente. Necesitamos una reacción clara y firme del Estado y medidas concretas”.
Una justicia en entredicho
Este nuevo caso se suma a la creciente lista de decisiones judiciales polémicas que han encendido las alarmas sobre la capacidad del Estado para enfrentar el avance del crimen organizado. La liberación del sicario vinculado al Tren de Aragua y ahora la inacción frente a un autor confeso de amenazas de muerte a una autoridad política plantean serias dudas sobre los mecanismos de control y la efectividad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Analistas advierten que la reiteración de estos hechos erosiona la confianza ciudadana y envía una señal peligrosa a las organizaciones criminales, que ven posible intimidar incluso a representantes del poder legislativo sin enfrentar consecuencias inmediatas.
La presión sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público aumenta, mientras desde el Congreso se demandan reformas urgentes para cerrar las brechas que permiten que situaciones como estas se repitan.
