Senador Daniel Núñez presenta proyecto de ley para tipificar el delito de préstamo ilegal con usura extorsiva
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos
En un intento por frenar una de las prácticas más violentas y crecientes del crimen organizado en Chile, el senador Daniel Núñez ingresó este miércoles un proyecto de ley que busca tipificar como delito específico el préstamo ilegal con usura extorsiva. Esta iniciativa apunta a proteger a familias vulnerables que, al margen del sistema financiero formal, caen en redes delictivas que combinan intereses abusivos con métodos de cobro violentos y coercitivos.
El proyecto propone incorporar al Código Penal una figura autónoma que agrupe dos conductas actualmente sancionadas de forma dispersa: el préstamo usurario y la extorsión. De acuerdo con la propuesta, quienes entreguen préstamos ilegales y luego, al momento del cobro, recurran a amenazas, violencia física o psicológica, apropiación de bienes, engaños o presiones para la firma de documentos, arriesgarán penas que van desde los 10 hasta los 20 años de cárcel. Estas sanciones se verán agravadas si la conducta es reiterada, ejercida de forma masiva o se vincula con asociaciones ilícitas.
“Esta ley apunta a proteger a las familias más vulnerables, que hoy caen en la trampa del préstamo ‘gota a gota’ y terminan extorsionadas por verdaderas mafias”, afirmó el senador comunista. “No podemos seguir permitiendo que el crimen organizado se financie con el miedo de la gente humilde que no tiene acceso al crédito bancario”, agregó.
La preocupación detrás del proyecto se sustenta en cifras alarmantes: según datos incluidos en la propuesta legislativa, en 2021 un 5,4% de los hogares en Chile declaró tener algún tipo de préstamo informal, porcentaje que se eleva significativamente en zonas urbanas y sectores de bajos ingresos. En el 82% de estos casos, los solicitantes habían sido rechazados previamente por instituciones financieras formales. Además, un 24% de los préstamos informales operaban con tasas de interés anualizadas de entre 100% y 500%, y un 19% con tasas que superaban el 500%, llegando incluso al 1000%.
Estas condiciones generan un escenario de endeudamiento impagable que termina por abrir paso a la extorsión y a la violencia como mecanismos de cobro. Muchas víctimas no denuncian por temor o porque, al tratarse de préstamos ilegales, no cuentan con respaldo legal ni posibilidades reales de defensa ante los tribunales.
El proyecto se inspira en la legislación colombiana, donde este tipo de prácticas conocidas como «gota a gota» ya están tipificadas como delito específico, lo que ha permitido una persecución penal más eficaz del fenómeno.
“Queremos cerrar el paso a una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en nuestros barrios”, concluyó Núñez, quien llamó a sus pares a respaldar la iniciativa con sentido de urgencia.
La propuesta también cuenta con el respaldo de otros senadores de diversas bancadas: Paulina Vodanovic (PS), Esteban Velázquez (FRVS), Iván Flores (DC) y Alejandra Sepúlveda (independiente), lo que refuerza su carácter transversal y su posible viabilidad legislativa en el corto plazo.
El debate ahora se traslada al Congreso, donde la discusión podría abrir una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia financiera y el crimen organizado en los sectores más vulnerables del país.
