La ofensiva de la derecha contra la función pública
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Durante la semana varios medios ligados al mundo empresarial y político de la derecha como El Mercurio (Emol), La Tercera (LT) y Diario Financiero (DF) levantaron sendas notas criticando desde diversas ópticas la función pública: “PMG, Pese a una vara más alta , todos los servicios públicos obtuvieron el máximo bono por cumplir sus metas” (DF), “Empresarios solicitan flexibilizar la función pública” (Emol), “Joaquín Lavín llama a modernizar el Estado y apunta que la inamovilidad en el sector público no se sostiene” (LT). Es una cantinela ya conocida, de la que no salen y donde solo se agrega hoy la seguridad y la inmigración que ponen en evidencia a un sector político pobre en propuestas, carencia que ha sido criticada incluso abiertamente por intelectuales vinculados a ese mundo como el filósofo Hugo Herrera. “Ocurre que ni Kast será capaz de superar el 50% de los votos con un discurso polarizante, ni Matthei será capaz de triunfar sobre Kast sin cambiar radicalmente su estrategia”, dice Herrera, quien ha señalado en varias oportunidades que la derecha chilena no tiene proyecto político país sino que gira en torno a la defensa corporativa de grandes intereses empresariales.
Lavín y la flexibilidad en el sector público: el diablo vendiendo cruces
En el seminario organizado por la SOFOFA en los últimos días, uno de los argumentos para flexibilizar la función pública que esgrimió el ex alcalde de Las Condes es que siendo en dos oportunidades edil, en ambas oportunidades oficializó su nombramiento el mismo secretario municipal. Y es que la derecha desearía disponer de un estado a disposición suya luego de cada elección, su propio “botín de guerra” con funcionarios públicos que solo rindan cuenta ante ellos. El propio Lavín, la UDI en la que milita y su entorno familiar, son un muy buen ejemplo de por qué debe existir una burocracia pública profesional, meritocrática e inamovible. Su partido y los municipios que administraron fueron los especialistas en inventar corporaciones para sustraer recursos financieros del erario público municipal que, traspasados a estas instituciones de papel, defraudaban al fisco, situaciones que no serían posibles de fiscaliza. Así hemos tenido oportunidad de observarlo en los escándalos municipales del sector oriente de la capital del país y en la creación de una burocracia propia, leal al partido gremialista, que iba rotando según ganaban o perdían municipios y sobre todo funcionales a la UDI más que a los habitantes de esas comunas. Así sucedió en Las Condes, Providencia, Rancagua por mencionar algunas de las comunas defraudadas por la UDI. Ni hablar de la familia Lavín que lleva viviendo ya por más de tres décadas del presupuesto público y, también, abusando del mismo.
Que existan funcionarios públicos de carrera que abusan de esa condición, como en todas las instituciones sean públicas o privadas, no es un argumento plausible para acabar con una burocracia profesional que responda a los intereses permanentes y prioritarios del Estado. Además, en mi experiencia personal como funcionario público, he visto que quienes más han abusado son precisamente aquellos/as funcionarios ligados a clientelas parlamentarias de uno y otro sector político.
Cómo fortalecer los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG)
Hay caminos para corregir y fortalecer lo que ya existe, y también una fórmula para introducir componentes de calidad en la gestión pública y también nivelar salarios.
Como se sabe, la dictadura no solo había minimizado e ideologizado la función pública, sino que también la había “proletarizado”. Uno de los desafíos de los gobiernos de la primera transición fue precisamente volver a profesionalizar la función pública, así como dignificarla. Es en ese contexto que nacen los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) creados en 1998 en Chile, como parte de la reforma de modernización de la gestión pública. Específicamente, nacieron con la promulgación de la Ley 19.553, publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1998.
En resumen, los PMG se implementaron en 1998 como un instrumento para vincular el cumplimiento de objetivos de gestión con incentivos monetarios para los funcionarios públicos.
Las metas para cada ministerio las fija la propia institución, pero su cumplimiento es certificado por la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de Hacienda. Personalmente, he visto que somos los propios funcionarios los más interesados en cumplir dichas metas puesto que de eso depende gran parte de nuestros ingresos porque, no se sí los adalides de la libertad lo saben, el sueldo base de un funcionario público es miserable y está por muy debajo de la remuneración de ese mismo profesional en el mercado. Si no existiesen los PMG, el Estado se hubiese quedado sin burocracia profesional hace rato.
Que existen funcionarios/as que no se lo merecen, por supuesto, como en todas partes. Pero la excepción no hace más que confirmar la regla.
La derecha y su doble discurso sobre el Estado y la función pública
La derecha en toda nuestra experiencia republicana no ha tenido sino un discurso falaz sobre lo público. Lo niegan, lo adjetivizan, siempre lo quieren minimizar, pero en la práctica son los que más se han servido y usado en provecho propio, construyendo sus fortunas en base al Estado.
Durante el siglo XIX fue común que nuestra oligarquía terrateniente primero, luego minera y después comercial se comprara un asiento en el Congreso para, desde allí, direccionar el escaso presupuesto público en provecho propio. Así lo hicieron con el ferrocarril construido por el Estado de Chile, la infraestructura pública, el sistema educativo y el propio presupuesto y el marco legislativo.
Durante el siglo XX los privados tampoco crearon ninguna empresa ni industria significativa. Por el contrario, fue el Estado, en particular durante los gobiernos radicales, que se dieron la tarea de industrializar el país a través de CORFO: LAN, CTC (nuestra Telefónica), ENDESA (electricidad), CAP (aceros), ENAP (petróleo), IANSA (azúcar), ENAMI (pequeña y mediana minería), SOQUIMICH (salitre), INACAP entre otras son producto del esfuerzo del Estado chileno a lo largo de cincuenta años. Debemos sumar a ese esfuerzo la nacionalización del cobre y la reforma agraria.
Como se sabe, y lo abordó notablemente María Olivia Monckeberg en el texto “El saqueo de los grupos económicos al estado de Chile”, muchas de estas empresas fueron privatizadas en dictadura a precio de huevo, compradas por los propios funcionarios que debían privatizarlas con presupuesto público como sucedió con ENDESA y el cuestionable rol que jugó allí José Yuraszeck o el papel del entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Este último, dio origen a su primera fortuna primero en CONAF, desmantelando cooperativas agrícolas exitosas como la Hacienda Rupanco o el Complejo Maderero Panguipulli, y luego con la privatización de SOQUIMICH.
Los nuevos ricos son el resultado de la apropiación de empresas u organismos nacidos al alero del Estado chileno, una oligarquía floja y rentista que, en nuestra historia, ha usado y abusado del Estado y del presupuesto público.
No hace mucho, en el gobierno de Piñera II, una ex secretaria general de la UDI, María José Hoffmann vociferaba a raudales sobre acabar con el estado “pituto”, incompetente, lleno de “operadores políticos” y señalaba que no le gustaba “que las personas dependieran del Estado”. Mientras levantaba este discurso público, tenía a gran parte de su parentela “enchufada” precisamente en ese Estado que menospreciaba. Ni hablar de su esposo, Gonzalo Müller, quien cobraba un sueldo millonario en una de esas corporaciones municipales, la de Las Condes, creadas precisamente por la UDI para desfalcar presupuesto público sin que tenga que estar sujeto a auditoría.
Epílogo: profesionalizar el Estado a través de una burocracia meritocrática
El discurso de la derecha sobre el estado es falaz y oportunista. La discusión en serio para que no ocurra lo que ha estado sucediendo con las licencias médicas y el abuso de la función pública es, precisamente, impedir, mediante la consolidación de una carrera profesional y meritocrática, que el estado chileno se cope por personajes funcionales a las “clientelas parlamentarias y partidistas” (con todo el respeto por el poder legislativo y el rol de los partidos políticos en democracia). Precisamente allí hay un foco clave de quienes abusan de lo público, sustituyendo el servicio a la gente y al país por su funcionalidad a quien los/las “enchufó” por la ventana y los puso allí.
Edison Ortiz
Fuente: El Regionalista
