Pescadores artesanales exigen al Congreso una nueva legislación marítima para terminar con la desprotección laboral
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El trágico naufragio del pesquero Bruma, que costó la vida a siete trabajadores del mar, ha vuelto a encender las alarmas entre las organizaciones de pesca artesanal del país, que exigen con fuerza al Congreso cambios urgentes en la legislación marítima. La Alianza en Defensa de la Pesca Artesanal denunció que las actuales normas dejan en total indefensión a quienes trabajan en el mar y a sus familias, especialmente cuando ocurren accidentes o desapariciones.
El reclamo principal apunta a la falta de protocolos claros, la lentitud institucional y la ausencia de protección social para las familias de pescadores desaparecidos o fallecidos, quienes deben enfrentar procesos legales largos y dolorosos para acceder a justicia, seguros o indemnizaciones.
“No se trata de símbolos, se trata de justicia”
Así lo expresó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, quien ha sido una de las voces más activas en visibilizar las demandas de las familias afectadas. “Tenemos una suerte de cuello de botella institucional que impide avanzar en investigaciones, obtener seguros o liberar recursos para la búsqueda”, señaló.
Garrido hizo un llamado a aprobar el proyecto de ley que acelera la declaración de muerte presunta en contextos de desapariciones marítimas. “El Estado no puede seguir exigiendo a las familias que esperen tanto tiempo para una declaración de muerte. Eso no es duelo, es tortura institucional”, acusó.
Según la dirigenta, esta reforma permitiría activar seguros, liberar fondos públicos para la búsqueda de los desaparecidos y permitir a la Armada actuar con mayor rapidez y respaldo legal.
Una plataforma social urgente y con financiamiento
Por su parte, Hérnan Cortés, presidente de la Condepp y vocero de la Alianza, reiteró la necesidad de avanzar de forma prioritaria en la Plataforma Social para la Pesca Artesanal, una propuesta que viene siendo exigida desde hace años.
“Aquí lo crucial no es solo el caso Bruma. Se trata de todas las víctimas que hemos tenido y podríamos seguir teniendo mientras el Estado siga mirando al techo”, dijo.
La plataforma contempla un sistema de seguros de vida obligatorios, cobertura frente a enfermedades laborales, apoyo económico para viudas y familiares, y mecanismos automáticos de respuesta frente a desastres marítimos. “Todo esto debe ser financiado vía licitaciones del sector pesquero”, recalcó Cortés.
El dirigente también recordó otras tragedias recientes, como el caso de la Estrella del Sur en Valdivia, y advirtió que sin cambios estructurales, las muertes seguirán repitiéndose.
Una deuda histórica con los hombres y mujeres del mar
Ambos dirigentes coincidieron en que la actual Ley de Pesca y la legislación marítima vigente no están pensadas para proteger a los pescadores artesanales, sino que responden a intereses económicos concentrados, dejando a miles de familias en la precariedad y la desprotección más absoluta.
Por eso, exigen al Congreso acelerar la tramitación de la nueva Ley de Pesca y priorizar la inclusión de medidas concretas de seguridad, protección social y justicia para los trabajadores del mar.
“La pesca artesanal es más que un oficio: es una cultura, una forma de vida y un derecho. No podemos seguir permitiendo que los pescadores trabajen sin redes de seguridad ni reconocimiento”, concluyó Garrido.
