Cumplimiento alternativo de condena: la ley que reabre el debate sobre impunidad
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En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la mayoría aprobó en general un proyecto de ley que permitiría suspender o reemplazar por medidas alternativas las condenas de personas mayores o con enfermedades terminales. La iniciativa —Boletín N° 17.370-17— ha sido impulsada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (Indep. RN) y Carlos Kuschel (RN). En su corazón, según sus detractores, se encuentra un objetivo tácito: abrir la puerta para que militares y agentes condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet cumplan sus penas fuera de prisión.
El argumento “humanitario”
Los promotores de la moción insisten en que la propuesta se ajusta a estándares internacionales y responde a una cuestión de “dignidad” y “humanidad”. Chahuán aseguró que no se trata de impunidad, mientras que Rojo Edwards (Republicanos) sostuvo que condenar a “una persona de 92 años que no es autovalente ni controla esfínteres” carece de sentido y se asemeja a “una pena de muerte encubierta” cuando el Estado no puede garantizar atención médica adecuada en la cárcel.
La Comisión incluso sesionó en junio de manera inédita en el penal de Colina 1, donde visitó el pabellón de internos de entre 68 y 93 años, la mayoría con enfermedades crónicas o terminales, incluidos condenados por violaciones a los derechos humanos. Los senadores describieron un panorama de hacinamiento y precariedad sanitaria, reclamando urgencia legislativa y proponiendo que este debate se incorpore a un supuesto “plan nacional de reconciliación”.
La aritmética penitenciaria y el trasfondo político
Según datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, al 30 de junio de 2025 había 2.518 personas privadas de libertad mayores de 60 años, de las cuales 1.975 son condenadas. Entre ellas, 403 cumplen penas por casos graves de derechos humanos. Esa cifra explica buena parte de la sensibilidad política del debate: aunque la norma se presenta como general, su impacto concreto se concentraría en un grupo reducido pero emblemático de reclusos, muchos de ellos en Punta Peuco y Colina 1, sentenciados por secuestros, torturas y homicidios cometidos entre 1973 y 1990.
El oficialismo ha mostrado posturas divididas. Mientras algunos reconocen la necesidad de abordar las condiciones carcelarias de personas mayores, otros ven un intento encubierto de revertir décadas de lucha por verdad y justicia.
La memoria frente a la “humanidad”
Las agrupaciones de familiares de víctimas han reaccionado con preocupación. Aunque no han emitido aún una declaración formal sobre este proyecto en particular, su posición histórica es clara: cualquier medida que implique beneficios penitenciarios a condenados por crímenes de lesa humanidad es vista como un retroceso en la lucha contra la impunidad.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) han sido consistentes en rechazar iniciativas que permitan que estos condenados eludan la cárcel. Argumentan que los delitos por los cuales fueron condenados son imprescriptibles, inamnistiables y, por su gravedad, requieren el cumplimiento efectivo de las penas. Para ellas, este tipo de medidas no se trata de un acto de compasión, sino de un golpe a la memoria y al compromiso del Estado con las víctimas y sus familias.
En el pasado, cuando se han discutido indultos o beneficios para estos presos, las agrupaciones han recordado que la mayoría de ellos nunca colaboró con la justicia ni entregó información sobre el paradero de los desaparecidos, lo que agrava su responsabilidad y justifica la severidad de las condenas.
Un debate más amplio sobre el sistema penitenciario
Los defensores del proyecto se apoyan en el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de adaptar las penas a la situación de personas no autovalentes. Sin embargo, críticos advierten que la iniciativa no es acompañada de un plan integral para todos los internos con problemas de salud o edad avanzada, sino que está diseñada para beneficiar a un grupo particular, políticamente influyente.
La Subsecretaría de Derechos Humanos ha planteado la necesidad de armonizar esta propuesta con el régimen general de beneficios y con las obligaciones internacionales del país, advirtiendo que la medida podría generar desigualdades y afectar la confianza en el sistema de justicia.
Lo que viene
El proyecto seguirá su tramitación en la Sala, donde se podrán introducir indicaciones. La presión de sus promotores para darle “urgencia” augura un debate rápido, mientras las organizaciones de derechos humanos preparan su ofensiva para frenar una norma que, a su juicio, vulnera los principios de justicia transicional adoptados por Chile desde el retorno a la democracia.
En palabras de las agrupaciones, la memoria y la justicia no son negociables. Y si la ley se aprueba, podría marcar un antes y un después en la relación del Estado con las víctimas de la dictadura: un paso hacia lo que muchos llaman reconciliación, pero que otros describen como el rostro amable de la impunidad.
Simón del Valle
