Pescadores artesanales denuncian campaña de la gran industria para frenar la nueva Ley de Pesca
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La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal (CONDEPP) acusó a la gran industria pesquera de desplegar una ofensiva comunicacional y legal destinada a desacreditar la Ley de Fraccionamiento y bloquear la tramitación de la nueva Ley de Pesca en el Congreso. El eje de la disputa son las licencias transables de pesca industrial (LTP), privilegios heredados de la cuestionada Ley Longueira.
Acciones legales de la industria
La denuncia apunta directamente a las empresas Alimar, del grupo Izquierdo Menéndez, y Blumar, vinculada a las familias Sarquis y Vinagre, que anunciaron demandas contra el Estado de Chile. Según el sector industrial, el fraccionamiento de cuotas y la reducción de las licencias constituiría una “expropiación regulatoria” y vulneraría supuestos “derechos adquiridos”.
Desde el mundo artesanal, la respuesta fue categórica: las LTP nunca fueron derechos legítimos, sino un traje a la medida de siete familias que se apropiaron del mar mediante una ley nacida de la corrupción.
Voces del sector artesanal
El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, sostuvo que la reacción empresarial busca frenar una norma ampliamente aprobada en el Congreso:
“La gran industria se puso nerviosa y decidió desacreditar en tribunales una norma que fue aprobada democráticamente. Además, bloquea la tramitación de la nueva Ley de Pesca. Las LTP-A fueron entregadas bajo la excusa de cuotas de investigación y terminaron como patrimonio privado de siete familias. Pretender que eso es un derecho adquirido es una burla para Chile”.
En tanto, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, advirtió que la estrategia busca instalar miedo en la opinión pública:
“Cada vez que se tocan sus privilegios, la industria amenaza con desempleo o falta de inversión. Lo hicieron con la Ley de la Jibia y mintieron. Hoy repiten el libreto para defender licencias que recibieron con una ley corrupta. No es justicia, es impunidad empresarial”.
Desde la Región de Coquimbo, el dirigente Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, fue enfático:
“Aquí no hay expropiación. Lo que existe es la devolución al Estado de un bien común. El mar es patrimonio de todos los chilenos y lo justo es que esas licencias se subasten de manera transparente, para financiar una plataforma social que proteja a las familias artesanales”.
El trasfondo: la herencia de la Ley Longueira
La CONDEPP recordó que la reforma a la Ley de Pesca busca poner fin a los privilegios concedidos por la llamada Ley Longueira, considerada ilegítima por la justicia debido a su origen en sobornos y tráfico de influencias.
“El país no puede seguir atrapado por las amenazas de grupos económicos que se creen dueños del mar. La Ley de Fraccionamiento y la nueva Ley de Pesca son una oportunidad para corregir una década de abusos y avanzar hacia una pesca justa y sustentable, al servicio de Chile y no de unos pocos”, concluyó Cortés.
