Justicia parcial para Moisés Órdenes: Amnistía Internacional celebra condena contra carabineros por brutal golpiza en el estallido social
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Casi seis años después de la brutal agresión policial que sufrió Moisés Órdenes en plena Plaza Ñuñoa, la justicia chilena dictó un veredicto que marca un precedente en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. El 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó este jueves a tres carabineros como coautores del delito de apremios ilegítimos, al determinar que hicieron uso de la fuerza de manera “innecesaria y desproporcionada”. Sin embargo, la figura de tortura, solicitada tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por la defensa de la víctima, fue descartada.
La decisión fue valorada de manera positiva por Amnistía Internacional, que participó como observadora en el juicio. “Después de casi seis años de ocurridos los hechos, al fin, la justicia se pronuncia ante este brutal ataque cometido por policías en el marco de una manifestación pacífica. Valoramos la obtención de un veredicto respecto de semejantes hechos, un paso más hacia la reparación para Moisés y su familia”, señaló Rodrigo Bustos Bottai, director de Amnistía Internacional Chile.
Un camino judicial lleno de obstáculos
El proceso estuvo marcado por dilaciones, sobreseimientos parciales y resoluciones judiciales que fueron reduciendo progresivamente el número de imputados. De los 13 carabineros inicialmente acusados por la agresión colectiva a Órdenes, solo tres llegaron a ser condenados por apremios ilegítimos, uno de los cuales recibió además cargos adicionales por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
Órdenes, de 55 años, fue atacado el 21 de octubre de 2019 mientras participaba pacíficamente en una protesta con una cacerola en mano. Sin mediar provocación, recibió una violenta golpiza que le provocó fracturas de costillas, pérdida de piezas dentales y daños oculares graves. La agresión, registrada en vivo por cámaras de Chilevisión, se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la violencia policial ejercida en esos días.
En diciembre de 2022, la fiscal de la Región Metropolitana Oriente decidió archivar la investigación, lo que generó una fuerte reacción nacional e internacional. Amnistía Internacional lanzó una acción urgente global en enero de 2023, con miles de cartas enviadas a la Fiscalía pidiendo la reapertura del caso. Finalmente, en febrero de ese año, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó reabrir la investigación a siete de los imputados, lo que permitió avanzar hacia el fallo de hoy.
Un precedente en medio de la impunidad
La sentencia, que se conocerá el próximo 9 de septiembre, establecerá las penas que deberán cumplir los responsables. Para Amnistía Internacional, el fallo representa un paso adelante en la búsqueda de justicia, pero advierte que no es suficiente. “Esto no acaba aquí, existen más causas vigentes a la espera de justicia. La lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser un imperativo que implique tomar medidas concretas para avanzar hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas”, afirmó Bustos.
La organización también llamó al Estado a implementar mecanismos eficaces de prevención y sanción del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, con el objetivo de evitar que se repitan los abusos cometidos durante las protestas de 2019.
Justicia tardía
El caso de Moisés Órdenes es emblemático dentro de las investigaciones del estallido social y fue incluido en el informe Ojos sobre Chile, publicado por Amnistía Internacional en 2020, donde se documentaron múltiples episodios de violencia policial y responsabilidades de mandos.
Tras años de dilaciones y resistencias institucionales, el veredicto llega como una señal de que la presión sostenida de familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos puede abrir grietas en la impunidad. Pero también recuerda que la justicia tardía no alcanza a reparar plenamente a las víctimas ni a garantizar que la violencia estatal no vuelva a repetirse.
