Senado tramita amnistía a militares y policías del 18-O: organizaciones denuncian impunidad
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El Senado chileno se encuentra tramitando un proyecto que busca conceder amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de enero de 2021, durante el estallido social y sus secuelas. La moción, ingresada por un grupo de senadores y senadoras, incluye además la exención de responsabilidad civil, evitando la revisión caso a caso. Su aprobación equivaldría, en los hechos, a institucionalizar la impunidad frente a miles de violaciones de derechos humanos documentadas en los últimos años.
El rechazo a esta iniciativa ha sido inmediato y transversal desde el mundo de los derechos humanos. Diversas organizaciones y personalidades advirtieron que las amnistías generales para crímenes de esta naturaleza son incompatibles con los estándares internacionales, los que obligan a los Estados a investigar, juzgar y sancionar. En Chile, recordaron, la propia Constitución reconoce el deber de respetar los tratados internacionales de derechos humanos.
Más de cinco años después del 18-O, persisten miles de causas abiertas con escasas condenas. Las demoras judiciales, los archivos provisionales y la falta de identificación de autores han alimentado una impunidad estructural que, de aprobarse esta amnistía, se profundizaría. Organismos nacionales e internacionales han constatado la violencia institucional ejercida entre 2019 y 2021: torturas, tratos crueles, violencia sexual y más de 400 personas con traumas oculares. Hablar de “excesos aislados” no resiste el contraste con la magnitud del daño.
La propuesta legislativa se suma a un clima político donde resurgen discursos negacionistas que relativizan o justifican la represión. Chile sigue sin contar con una ley que sancione la negación de crímenes de lesa humanidad, lo que deja un vacío legal en el que germina la impunidad.
Frente a este escenario, senadores como Claudia Pascual, Esteban Velásquez, Daniel Núñez, Alfonso De Urresti, Fabiola Campillai, Alejandra Sepúlveda, Juan Ignacio Latorre y Yasna Provoste, junto a decenas de organizaciones de derechos humanos y memoria, llaman a archivar la iniciativa contenida en el Boletín N° 17.784-07. La demanda no se agota en el rechazo: se propone además la creación de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional (2019–2021), independiente, con participación de víctimas y especialistas, con mandato claro y facultades reales para levantar un registro unificado de víctimas, identificar patrones de actuación y responsabilidades, y recomendar medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
El planteamiento incluye la necesidad de una reparación médica, psicosocial, laboral y educacional con enfoque de género y niñez; así como la reforma de protocolos de uso de la fuerza, el control civil efectivo sobre las instituciones armadas, la trazabilidad de medios coercitivos y la supervisión externa. En otras palabras, se busca enfrentar con verdad y justicia un periodo de violencia estatal que todavía espera respuestas.
La memoria no es un museo, recordaron los firmantes, sino una práctica diaria que obliga a enfrentar el pasado reciente. La democracia no puede construirse sobre el olvido ni sobre la impunidad. El 18 de octubre de 2019 abrió un ciclo de movilización y represión cuyas heridas siguen abiertas. Hoy, el país enfrenta la disyuntiva de cerrar los ojos o asumir, con coraje democrático, que sin verdad no hay justicia; sin justicia no hay reparación; y sin memoria, no hay garantías de no repetición.
