Asociación de Juristas: proceso contra Daniel Jadue tiene rasgos de lawfare
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 58 segundos
La decisión del 3° Juzgado de Garantía de Santiago de mantener la acusación contra Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y figura central del Partido Comunista, y de fijar para el próximo 8 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral, ha encendido fuertes cuestionamientos desde distintos sectores democráticos. Organizaciones de juristas y comités de solidaridad denuncian que el proceso presenta características propias de un caso de lawfare, es decir, el uso político de la justicia para desarticular liderazgos y condicionar la voluntad popular.
La denuncia de los juristas
La Asociación de Juristas por la Democracia (AJD) manifestó su “profunda preocupación” por lo que consideran una vulneración al debido proceso. La organización subrayó que la Defensoría Penal Pública asumió recientemente la defensa de Jadue, enfrentando una causa que supera los cien tomos de antecedentes. “En cuestión de semanas es materialmente imposible revisar el expediente y dar curso a diligencias pendientes esenciales”, indicaron, advirtiendo que forzar el cierre en estas condiciones equivale a privar al acusado de una defensa técnica real.
Pero lo que más alarma a los juristas es la coincidencia del calendario judicial con el calendario electoral: la audiencia se realizará apenas cinco semanas antes de las elecciones parlamentarias, en las que Jadue es candidato a diputado. La AJD sostiene que esta fijación “incide directamente en la campaña de un candidato legítimamente inscrito y vulnera la igualdad de condiciones democráticas”.
Para la asociación, lo que está en juego no es solo el futuro político de Jadue, sino las garantías básicas de un sistema democrático. “El proceso contra Jadue presenta características propias del lawfare, instrumentalizando la justicia para debilitar liderazgos políticos y condicionar la voluntad popular”, señalaron en su declaración.
Un ataque a la democracia
En sintonía, el Comité Nacional e Internacional por la Libertad y Justicia para Daniel Jadue emitió una declaración pública en la que reafirma la tesis de la persecución política. El organismo calificó la situación como “un hecho de enorme gravedad política e institucional”, acusando que la imposibilidad material de estudiar un expediente tan voluminoso en tan poco tiempo equivale a “negar el derecho a una defensa efectiva”.
El comité advierte que la decisión judicial no puede leerse de manera aislada: se inscribe en una ofensiva más amplia que busca condicionar la participación democrática. “La persecución que se ha desplegado contra Daniel Jadue confirma un patrón de lawfare, en el que la justicia es utilizada como arma para debilitar a dirigentes políticos y condicionar la voluntad soberana del pueblo”, afirman.
En su declaración, recalcan que “no se trata únicamente de un ataque a Jadue: es un ataque a la democracia misma, a la posibilidad de que la ciudadanía decida libremente quiénes deben representarla”.
Democracia y resistencia
Tanto la AJD como el Comité concluyen que el caso de Daniel Jadue debe ser entendido como un test de resistencia democrática. En su calidad de candidato a diputado por el Distrito 9, Jadue se convierte en símbolo de un debate más profundo sobre el respeto al debido proceso y las condiciones de igualdad electoral.
“La justicia verdadera no se doblega a los calendarios políticos”, sostienen quienes apoyan al exalcalde. En ese sentido, llaman a mantener la vigilancia ciudadana y la defensa irrestricta del derecho a una democracia sin persecuciones políticas.
El desenlace del proceso judicial, fijado en vísperas de una crucial elección parlamentaria, será determinante no solo para el futuro de Daniel Jadue, sino también para medir el alcance real de la democracia chilena frente al avance del lawfare.
