El Tricel contra Jadue: la soberanía popular reemplazada por artimañas judiciales
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La resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó la candidatura de Daniel Jadue como diputado por el Distrito 9 marca un precedente grave: se impide al electorado decidir y se vulnera el principio básico de inocencia.
El fallo, dividido y resuelto por tres votos contra dos, responde a una apelación presentada por Renovación Nacional y se basó únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público. Así, sin juicio ni condena, se privó al exalcalde de su derecho político fundamental a competir y a ejercer sufragio.
Desde el Partido Comunista y el propio Jadue se ha denunciado que esta decisión es una “trampa judicial”, expresión de una estrategia de la derecha que busca impedir en tribunales lo que no puede resolver en las urnas. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, lo resumió:
“Aquí lo que se está haciendo es impidiéndole al votante definir por quién votar. El gran beneficiado es la derecha, en particular la UDI, con su candidato Guillermo Ramírez”.
El trasfondo es evidente: las encuestas mostraban a Jadue como claro favorito en el distrito. Su exclusión despeja el camino a la derecha y a sus alianzas, debilitando un espacio donde el oficialismo ha mantenido mayoría.
Más allá de un nombre, lo que está en juego es el respeto a la soberanía popular. Cuando los tribunales deciden quién puede y quién no ser candidato, el veredicto del pueblo queda subordinado a artimañas judiciales que socavan la democracia.
Patricio Serendero says:
Que la democracia es una farsa ya se sabía. Son los mismos caraduras, los del Gobierno y la Oposición que hacen escándalo por Venezuela o Cuba. Jadue será finalmente liberado de una causa fraudulenta y cuando sea candidato, será Presidente.