Chile rinde examen ante la ONU en derechos económicos, sociales y culturales: organizaciones critican respuestas del Estado
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El 15 y 16 de septiembre, en Ginebra, Suiza, el Estado de Chile fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas. La instancia, presidida por Preeti Saran de India e integrada por 18 expertos, evaluó el cumplimiento del país en estas materias. En paralelo, diversas organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Comisión Ética contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecoceanos y Chile Mejor sin TLC— participaron del proceso mediante informes independientes y reuniones previas con el Comité.
Críticas a la delegación chilena
La representación oficial fue encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, acompañada por autoridades de los tres poderes del Estado. Según las organizaciones participantes, la delegación respondió con evasivas, medias verdades o enumeraciones de políticas públicas sin atender de fondo las preguntas planteadas por el Comité. Por ello, calificaron su desempeño como insatisfactorio y “con nota roja”.
Uno de los primeros cuestionamientos provino de la relatora para Chile, Karla Vanessa Lemus, de El Salvador, quien consultó sobre desapariciones forzadas de defensores indígenas y ambientales en democracia. La ministra Toro respondió refiriéndose únicamente al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura, omitiendo los casos recientes.
Derechos de pueblos originarios y proyectos extractivos
El examen incluyó preguntas sobre el sistema de Consulta Indígena en Chile. Integrantes del Comité recogieron denuncias de vicios de forma y fondo, señalando que los resultados no son vinculantes y que los proyectos extractivos se aprueban sin requerir el consentimiento de las comunidades locales. Toro indicó que la definición del carácter vinculante de la consulta está en manos de la Contraloría.
Asimismo, la ministra no respondió directamente a preguntas sobre proyectos como Rucalhue, aprobado sin cumplir compromisos internacionales con el pueblo pewenche, ni sobre iniciativas como la de Statkraft en la región de Los Lagos. Respecto a la explotación de litio en Atacama, sostuvo que las comunidades dieron consentimiento a contratos firmados por Codelco, ENAMI, Soquimich y CORFO, mientras las organizaciones alertan sobre graves impactos socioambientales.
Agua, transición energética y zonas de sacrificio
El Comité también abordó la crisis hídrica, la situación de comunidades en “zonas de sacrificio” y los efectos de la transición energética. Toro defendió la existencia de la Red de Salares Protegidos y destacó fallos de la Corte Suprema que reconocen el derecho al agua, pero sin referirse a la persistente dependencia de camiones aljibe ni a la privatización de facto de este recurso.
En materia minera, la delegación mencionó la Política Nacional Minera como garantía de protección, pese a las denuncias de impactos sobre cuencas y glaciares. En relación con proyectos como Alto Maipo, la ministra aseguró que estaba en funcionamiento, cuando en realidad permanece paralizado tras derrumbes ocurridos a fines de 2024.
Estado de excepción y defensores ambientales
El Comité consultó además sobre los derechos del pueblo mapuche en el contexto del estado de excepción vigente en la Macrozona Sur. Toro justificó la medida en la “criminalidad mapuche” y destacó iniciativas como el “Acuerdo de Paz” y el Programa de Buen Vivir, sin mencionar el rechazo que estas propuestas generan en comunidades indígenas.
Las organizaciones también advirtieron sobre la precarización laboral en la salmonicultura, con un registro de 82 muertes de trabajadores, principalmente buzos, entre 2013 y 2025, y denunciaron la falta de acciones frente a abusos en el sector forestal y la expansión de la industria salmonera en territorios mapuche y la Patagonia.
Protocolos internacionales y el caso de Julia Chuñil
El Estado reconoció que no tiene previsto ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto DESC, aunque sí participa en el Protocolo de San Salvador en la OEA. Sin embargo, omitió informar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares urgentes por la desaparición de la defensora mapuche Julia Chuñil, exigiendo acelerar su búsqueda y garantizar información a su familia.
Las organizaciones que presentaron el informe independiente reafirmaron su compromiso con la verdad y la justicia en el caso de Chuñil y anunciaron que continuarán llevando estas denuncias a instancias nacionales e internacionales, en un contexto que califican de “grave regresión de derechos” en Chile.
