El algoritmo del despojo: el informe de la ONU y la lucha mapuche
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Entre invisibilización estadística y soberanía epistémica, los pueblos indígenas reclaman control sobre la información que los define.
En septiembre de 2025, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe que interpela los fundamentos del poder contemporáneo: ¿pueden los pueblos indígenas ejercer soberanía en un mundo gobernado por algoritmos, estadísticas y sistemas de información que los excluyen sistemáticamente?
El estudio, titulado El derecho de los Pueblos Indígenas a los datos, fue presentado por la presidenta-relatora del Mecanismo, Anexa Alfred Cunningham, quien subrayó que “el derecho a los datos es un recurso cultural, estratégico y económico arraigado en el derecho inherente a la soberanía y la libre determinación”. No se trata de una cuestión técnica, sino de una disputa por el control de los relatos, las cifras y las decisiones que afectan directamente a las vidas indígenas.
En Chile, esta tensión se manifiesta con particular crudeza. El pueblo mapuche, históricamente despojado de sus tierras y criminalizado por defenderlas, enfrenta hoy una nueva forma de invisibilización: la estadística oficial. Los censos nacionales, los registros de propiedad y los sistemas de salud y educación rara vez reconocen las formas de vida mapuche, sus estructuras comunitarias o sus lenguas. La falta de datos desagregados impide diseñar políticas públicas pertinentes, mientras que la sobreexposición en registros policiales refuerza estigmas de violencia y conflicto.
El informe exige revertir esta lógica: los datos deben servir a la autodeterminación, no al control. En Chile, esto implica reconocer la legitimidad de los sistemas de conocimiento mapuche, sus protocolos culturales y sus formas de gobernanza. Tras el fracaso del proceso constitucional que buscaba declarar a Chile como Estado plurinacional, las demandas mapuche han sido nuevamente relegadas. La militarización del sur, los desalojos forzados y la criminalización de autoridades tradicionales continúan.
El Mecanismo también presentó un segundo informe sobre los derechos económicos de los pueblos indígenas, destacando la necesidad de proteger las economías tradicionales, los sistemas de tenencia comunitaria y los modelos de sostenibilidad propios. En este contexto, la presidenta-relatora advirtió que “la recopilación, desglose, utilización y protección de los datos que afectan a los Pueblos Indígenas —especialmente a las mujeres— debe respetar su autodeterminación, sus protocolos culturales y sus sistemas de conocimientos”.
Además, el Mecanismo anunció que su próximo estudio abordará los derechos indígenas en contextos de conflicto y posconflicto. En Chile, esto podría abrir una vía para analizar el impacto del conflicto histórico en la salud mental, la cohesión comunitaria y la transmisión intergeneracional de la memoria. La justicia transicional, hasta ahora ausente en el caso mapuche, podría encontrar aquí un punto de partida.
En tiempos de inteligencia artificial, minería de datos y vigilancia digital, el informe del Mecanismo interpela al sistema internacional: los pueblos indígenas no son objetos de estudio, sino sujetos de derecho. En Chile, como en otros territorios colonizados, la lucha por los datos es también una lucha por la historia, la dignidad y el futuro.
