Congreso aprueba multas por no votar y endurece requisitos para sufragio de extranjeros
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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley dos proyectos que modifican las normas electorales: la reposición de multas por no concurrir a votar y el aumento de requisitos para que personas extranjeras puedan participar en elecciones en Chile.
Las iniciativas —boletines 13.105 y 17.823— fueron fruto de un acuerdo transversal entre el Ejecutivo y distintas bancadas, y lograron avanzar con mayorías amplias en la sala.
Multa por no votar
El primer proyecto modifica la Ley 18.700, de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo una sanción para quienes no cumplan con el voto obligatorio. La multa irá desde 0,5 hasta 1,5 unidades tributarias mensuales, es decir, entre 34 mil y 104 mil pesos, aproximadamente.
La norma contempla excepciones: quienes estén enfermos, fuera del país, a más de 200 kilómetros del local de votación, desempeñando funciones electorales, acrediten una discapacidad reconocida por ley o presenten un impedimento grave ante el juez de policía local.
El concepto de “ciudadanos” se aplica únicamente a chilenos y extranjeros nacionalizados, por lo que los extranjeros residentes no quedarán sujetos a esta sanción.
La medida obtuvo 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.
Debate en sala
Los parlamentarios que respaldaron la iniciativa —entre ellos Erika Olivera, Andrés Celis, Raúl Leiva, Johannes Kaiser y Alberto Undurraga— sostuvieron que la multa garantiza la efectividad del voto obligatorio, fortalece la democracia y asegura mayor participación ciudadana.
En contraste, voces como las de Félix González, Jaime Naranjo y Carlos Bianchi criticaron la propuesta, argumentando que en las democracias más sólidas del mundo el voto es voluntario, y que obligar a la gente a votar no soluciona el déficit de representación política. Además, alertaron sobre el impacto económico de la multa en las familias más vulnerables.
Voto de extranjeros
El segundo proyecto modifica la Constitución, estableciendo que solo los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos podrán ejercer el derecho a sufragio.
El cómputo del tiempo comenzará desde la obtención de la residencia definitiva y se suspenderá si en un período de doce meses se registra una salida del país superior a 90 días.
La norma comenzará a regir en 2026, por lo que en las elecciones de noviembre de 2025 seguirá vigente el requisito actual de cinco años de residencia temporal.
Argumentos a favor y en contra
La propuesta fue aprobada con 142 votos a favor y 4 abstenciones. Legisladores como Lorena Fries, Felipe Donoso, Diego Ibáñez y Joanna Pérez destacaron que la nueva exigencia responde a un contexto migratorio distinto al de años anteriores y asegura mayor integración antes de otorgar derechos políticos.
En tanto, los diputados Luis Malla y Cristóbal Urruticoechea se manifestaron en contra, argumentando que incluso diez años de residencia no bastan para participar en la elección de autoridades, pues solo los chilenos “saben lo que significa serlo”.
Una reforma de alto impacto político
Con estas modificaciones, Chile avanza hacia una mayor exigencia en la participación electoral: por un lado, con sanciones que buscan reforzar el voto obligatorio; por otro, con un endurecimiento en las condiciones que deben cumplir los extranjeros residentes para integrarse plenamente a la vida política del país.
El debate sobre la participación ciudadana y el derecho a voto seguirá abierto, en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones de noviembre de 2025.
