Gobierno discrepa con la Fiscalía por calidad de defensora ambiental de Julia Chuñil
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El caso de la desaparición de Julia Chuñil abrió un nuevo flanco de tensión institucional, luego de que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, pusiera en duda que fuera una defensora medioambiental.
En una entrevista, la persecutora sostuvo que “no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada; más bien, se trataba de una mujer dedicada a su familia y a las actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural”. Sus palabras generaron un inmediato rechazo de la familia, de organizaciones medioambientales y también del propio Gobierno.
La respuesta del Ejecutivo
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió públicamente que “tenemos una diferencia en esto con la Fiscalía, pero ambos poderes somos completamente autónomos”. Al mismo tiempo, reafirmó la visión del Ejecutivo: “Nosotros no tenemos ninguna duda de que ella era defensora medioambiental”.
Gajardo remarcó que la discrepancia no significa falta de confianza en la investigación: “Es razonable que haya diferencias entre organismos públicos y, así como tenemos esta discrepancia, no tenemos ninguna duda de que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible en la investigación para dar con el paradero de Julia o con los involucrados en su desaparición”. El secretario de Estado expresó además su esperanza en que la indagatoria “arrojará resultados prontamente”.
Críticas desde la defensa y la sociedad civil
La abogada de la familia, Karina Riquelme, fue más dura en su reacción: “No sólo demuestra la ignorancia de la persecutora respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que también contradice la propia carpeta de investigación”, señaló en Radio Universidad de Chile.
Por su parte, el director de la ONG Escazú Chile, Sebastián Benfeld, calificó como “preocupante” que una fiscal “no sólo desconozca qué es lo que significa ser un defensor ambiental, sino que contradiga por la prensa los mismos principios y antecedentes que se plasman en toda la carpeta investigativa”. Recordó que fue el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien anunció a inicios de año la activación del protocolo de protección de defensores de derechos humanos en el caso, justamente en atención a la calidad de defensora ambiental de Chuñil.
Benfeld llamó a fortalecer la formación de fiscales y jueces en normativa vigente e instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, para garantizar un trato adecuado a casos que involucran a comunidades y defensores ambientales.
Investigación en curso y nuevas solicitudes
En paralelo, Valencia informó que están evaluando la solicitud de la familia para trasladar la investigación desde la Fiscalía de Los Ríos a la de Aysén, argumentando que se trata de “una causa prioritaria”. La decisión debería ser comunicada la próxima semana a los intervinientes.
La investigación mantiene abiertas diversas hipótesis, entre ellas una línea que apunta a los hijos de Chuñil como eventuales responsables de su desaparición. Sin embargo, para la defensa y las organizaciones, la clave sigue siendo reconocer la condición de defensora ambiental de Julia y garantizar que la indagatoria se realice con pleno respeto a los protocolos internacionales.
