El programa ambiental de Kast: más extractivismo, más desregulación, más conflictos con las comunidades

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A pocas semanas de las elecciones presidenciales, en medio del bombardeo de encuestas y propaganda, el análisis socioambiental ha quedado relegado del debate público. Sin embargo, como advierte Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), es justamente en este terreno donde el programa de José Antonio Kast revela su mayor peligrosidad: profundiza un modelo extractivista, debilita la regulación ambiental y pone en riesgo a comunidades y territorios ya golpeados por décadas de explotación.

El “modelo Kast”: más de lo mismo, pero peor

El programa del candidato republicano, de apenas 39 páginas, dedica escasa atención a la crisis socioambiental. Bajo el paraguas de un supuesto “gobierno de emergencia”, Kast plantea un crecimiento económico acelerado —del 4% anual— sustentado en inversión privada, flexibilización de regulaciones y desregulación tributaria.

Según Arroyo Olea, esto se traduce en una mercantilización de la crisis climática, disfrazada de “progreso” y “desarrollo sostenible”. Pero en la práctica, significa facilitar la inversión a costa de relajar controles ambientales y limitar la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a sus territorios.

Extractivismo recargado

Uno de los puntos más críticos del programa es la intención de flexibilizar la permisología ambiental, reemplazando lo que Kast denomina “obstruccionismo” por un sistema “eficaz y eficiente”. Esto, en palabras de OLCA, es un eufemismo para eliminar barreras a megaproyectos extractivos y desmantelar herramientas como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

A ello se suma la propuesta de crear una Fuerza de Acción Inmediata (FAI) para acelerar la aprobación de inversiones, y la idea de “modernizar” la institucionalidad ambiental sin detallar en qué consistiría, lo que abre la puerta a más arbitrariedades y a la captura empresarial de las políticas públicas.

El programa también impulsa con fuerza la llamada transición energética corporativa, es decir, potenciar inversiones en energías renovables y almacenamiento eléctrico bajo la lógica de la gran industria, sin atender a los impactos que estos proyectos ya generan en zonas rurales y comunidades indígenas.

Riesgos para las comunidades

Arroyo Olea advierte que el proyecto de Kast:

• Debilita el rol del Estado en favor del mercado, con propuestas poco concretas pero claramente inclinadas hacia la desregulación.

• Profundiza la dependencia extractivista de Chile, presentando al país como un “salvador del mundo” por sus bienes naturales, lo que abre la puerta a nuevas tensiones geopolíticas y territoriales.

• Refuerza la asimetría entre comunidades y empresas, blindando los intereses corporativos frente a quienes se organizan para defender el agua, la tierra y la vida.

“Es más de lo mismo, pero peor”, resume el autor, apuntando a que el programa de Kast no solo consolida los impactos ya existentes, sino que amenaza con abrir nuevas dinámicas de conflictividad social y ambiental en todo el país.

Un debate pendiente

Mientras la campaña presidencial se concentra en seguridad y economía, la discusión sobre el futuro socioambiental del país sigue al margen. La advertencia de OLCA es clara: un gobierno de Kast implicaría un retroceso en la protección ambiental y una agudización de la vulneración de derechos comunitarios, bajo la promesa vacía de crecimiento y empleo.

Por Simón del Valle

Simon Del Valle

Periodista