Caso SQM: absolución y la confirmación de una impunidad estructural
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El fallo absolutorio del Caso SQM, anunciado el 22 de octubre por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, marca un hito incómodo para la democracia chilena: después de más de una década de investigaciones, con 28 fiscales involucrados, miles de páginas de pruebas y un gasto público superior a los 2.000 millones de pesos, todos los acusados fueron absueltos. Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Patricio Contesse y otros cinco imputados dejan el tribunal con las manos limpias. La justicia, sin embargo, no sale indemne: sale herida.
El tribunal —por mayoría de dos votos contra uno— reprochó al Ministerio Público un “actuar poco prolijo”, alargando un proceso que erosionó testigos y pruebas hasta volverlas inútiles. El resultado es un veredicto técnico: no se acreditaron delitos más allá de toda duda razonable, y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable terminó pesando más que el interés público en esclarecer el mayor caso de financiamiento irregular de la política en la historia reciente de Chile.
El diagnóstico de Gajardo: la mayor derrota de la Fiscalía
El exfiscal Carlos Gajardo, que conoce como pocos los laberintos de la corrupción empresarial y política, no dudó en calificar el desenlace como “la mayor derrota de la Fiscalía en la historia de la Reforma Procesal Penal”. Sus palabras son lapidarias: este caso, dijo, “refuerza la idea de que en Chile sólo se encarcela pobreza”. La impunidad de los poderosos contrasta con la dureza con que el sistema penal actúa sobre los sectores más débiles.
Para Gajardo, no se trata solo de un problema técnico: es un acuerdo tácito de la clase política. El rol del Servicio de Impuestos Internos, que decidió querellarse contra unos y no contra otros en idénticas circunstancias, y la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de desarmar el equipo inicial de investigación, son eslabones de un pacto que, en la práctica, desactivó el potencial explosivo del caso.
El contraste internacional acentúa la incomodidad. Mientras en Francia el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado por delitos de financiamiento ilegal cometidos en 2007, en Chile la justicia absuelve por considerar que juzgar hechos de 2009 a 2013 vulnera garantías constitucionales. “Esa es la diferencia con los países serios”, apuntó Gajardo.
El patrón repetido: en Chile, los grandes nunca caen
El Caso SQM desnuda un patrón que se ha vuelto habitual: los procesos se dilatan, los testigos se desgastan, la evidencia se diluye, y lo que empezó como una promesa de transparencia termina reducido a una absolución técnica. Los acusados podrán declarar que fueron víctimas de persecución y que la justicia les dio la razón, pero para la ciudadanía lo que queda es otra certeza amarga: en Chile, los grandes nunca caen.
El fallo no borra la indignación social que generó el caso ni la percepción de que el sistema está diseñado para perdonar a los poderosos. Lo que queda no es justicia, sino la confirmación de un pacto de impunidad estructural que erosiona la confianza en la democracia.
El desenlace del Caso SQM no es solo el cierre de un juicio: es la constatación de que, cuando se trata de los vínculos entre dinero y política, el Estado de Derecho chileno vacila. Y en esa vacilación, lo que se erosiona no es solo la Fiscalía ni un tribunal: lo que se resquebraja es la legitimidad de la democracia.
Por Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
Hugo Murialdo says:
… y el tardopinochetismo sigue tan campante, ufano, satisfecho, contento, alegre…
Renato Alvarado Vidal says:
Como decía Mao, en una sociedad de clases, todo tiene carácter de clase.
Felipe Portales says:
Si no hay democracia en Chile. ¡Seguimos con la Constitución del 80; con el modelo económico impuesto por la dictadura! ¡Y peor aún, con el cobre desnacionalizado en más de un 70%; con mucho más privatizaciones de servicios públicos; con un sistema de salud que provoca miles de muertes al año en listas de espera; con pensiones de hambre para la gran mayoría; con una gigantesca concentración de la riqueza y de los medios de comunicación en grandes grupos económicos; y, por supuesto, con una «Justicia» plenamente subordinada a las elites económicas y políticas!