Cámara aprueba acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa y abre un nuevo capítulo de crisis en el Poder Judicial
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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, con un resultado contundente: 141 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Tras cerca de cuatro horas de análisis y debate, la decisión suspende de manera inmediata al magistrado de sus funciones y abre un proceso que ahora pasará al Senado.
Una sesión dividida en dos etapas
El debate comenzó con la defensa del juez, encabezada por el abogado Domingo Hernández, quien presentó la llamada “cuestión previa”. Esta figura buscaba impugnar la validez formal del libelo acusatorio. La apelación, sin embargo, fue rechazada por la Sala, que optó por ir al fondo del asunto.
En la segunda parte, la diputada Alejandra Placencia, presidenta de la comisión que revisó la acusación, expuso el informe que contenía los tres capítulos del libelo:
Falta de reserva: Ulloa habría filtrado resoluciones judiciales a terceros antes de su publicación, entre ellos al abogado Luis Hermosilla.
Notable abandono de deberes: Se acusa un patrón sistemático de inconductas que comprometería la probidad y la imparcialidad judicial.
Vulneración de la imparcialidad: El magistrado habría intervenido en nombramientos judiciales y mantenido comunicaciones privilegiadas con abogados litigantes.
Los argumentos de la defensa
El abogado Hernández criticó la acusación señalando que carece de objetividad y que se limita a replicar denuncias de prensa, sin pruebas de presiones ni de beneficios personales para Ulloa. Recordó que la Corte Suprema desestimó once imputaciones y optó por sancionarlo con una suspensión de dos meses, descartando su remoción.
Aseguró además que la práctica de compartir resoluciones previas no es exclusiva y que, en todo caso, la normativa sanciona a relatores, no a ministros. Concluyó que la acusación carece de fundamentos sólidos y no refleja los 35 años de carrera judicial del acusado.
Reacciones en la Sala
El debate en la Cámara dejó entrever posturas transversales sobre la necesidad de enfrentar la crisis de credibilidad en el Poder Judicial:
Daniel Manouchehri (PS): afirmó que se busca “romper la red de corrupción” en que Ulloa sería pieza clave junto a abogados investigados por cohecho.
Daniella Cicardini (PS): enfatizó que “más daño le hace a la sociedad un juez corrupto que cien delincuentes sueltos”.
Johannes Kaiser (IND): apuntó a que el propio sistema de nombramientos judiciales incentiva irregularidades y dependencia de redes de poder.
Camila Musante (IND): criticó a la Corte Suprema por la falta de sanciones ejemplares, afirmando que “se ha convertido en la supremacía de la burla”.
Lorena Fries (IND): sostuvo que Ulloa vulneró probidad y ética, lo que erosiona la confianza en la justicia.
Ana María Gazmuri (IND): recalcó que el proceso no busca “castigar ni humillar”, sino reparar y reafirmar que nadie está sobre la ley.
Lo que viene: Senado en rol de jurado
Tras la votación, el magistrado queda suspendido y el proceso pasa al Senado, que tendrá 30 días para resolver. La Cámara designó a la diputada Carolina Tello y a los diputados Daniel Manouchehri y Eric Aedo para formalizar la acusación en la Cámara Alta.
El Senado actuará como jurado: escuchará la defensa de Ulloa y los alegatos de la comisión antes de votar. Si declara culpable al juez, éste será destituido y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.
Una señal en medio de la crisis de confianza
La decisión de la Cámara refleja un consenso inusual: desde distintos sectores políticos se reconoció que el caso de Ulloa encarna un problema estructural en la administración de justicia. Las acusaciones de filtraciones, tráfico de influencias y cercanía con abogados investigados por corrupción ponen nuevamente bajo escrutinio al Poder Judicial, en un país que ya arrastra cuestionamientos por su falta de independencia y transparencia.
El desenlace en el Senado será determinante no solo para el futuro de Antonio Ulloa, sino también para la credibilidad de las instituciones en un momento en que la ciudadanía exige señales claras contra la impunidad.
Felipe Portales says:
¡Bien!