Gobierno confirma desalojo de toma en Placilla tras rechazo judicial a postergación
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El Gobierno, a través de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, confirmó que este jueves 30 de octubre se concretará el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras, ubicado en el sector conocido como “Nuevo Placilla”. La medida fue ratificada luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara la solicitud presentada por el municipio y los ocupantes del terreno para aplazar la acción.
Fallo judicial y antecedentes del caso
En un fallo unánime, la sala de la Corte —integrada por el ministro Pablo Droppelmann, la fiscal judicial Nel Greeven y el abogado Álvaro Pavéz— determinó que el operativo debe ejecutarse desde las 8:00 horas del jueves en las parcelas 161, 162 y 163.
La resolución judicial se sustenta en la sentencia definitiva dictada por la Corte de Valparaíso en agosto de 2023, confirmada posteriormente por la Corte Suprema en enero de 2024. El documento destaca que, habiendo transcurrido con creces los plazos establecidos de seis meses para el abandono voluntario del terreno, no correspondía acoger la petición de postergar el procedimiento.
Operativo y habilitación de albergues
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que se han coordinado todas las instituciones involucradas para garantizar un procedimiento en orden.
“Podemos señalar que están todas las coordinaciones realizadas, en conjunto con el municipio y con Carabineros de Chile, de tal forma de llevar adelante este procedimiento”, señaló la autoridad.
Además, confirmó la habilitación de albergues transitorios para las familias que deban abandonar el campamento:
El principal punto de acogida será el Estadio O’Higgins, ubicado en el cerro Ramaditas de Valparaíso.
Se contará con apoyo social y acompañamiento a los afectados, según aseguró Riquelme, “con apego a los derechos fundamentales de las personas involucradas”.
Recurso ante la Corte Suprema
Por su parte, Gustavo Burgos, abogado de los habitantes del campamento, anunció la presentación de un recurso de reposición y apelación ante la Corte Suprema, en busca de revertir la medida.
“Vamos a requerir de la Corte un nuevo pronunciamiento mediante esta acción. Los tribunales han tomado caminos que se acercan bastante a la criminalización de la pobreza, de la inmigración y de cualquier forma de resolución de los conflictos por la vía de la organización y la movilización”, declaró el jurista.
Una medida en medio de tensiones sociales
El desalojo de Unión Sin Fronteras se produce en un contexto de creciente debate sobre la situación de los campamentos y la falta de soluciones habitacionales en la Región de Valparaíso. El campamento, que alberga a cientos de familias, en su mayoría migrantes, se ha convertido en símbolo de la precariedad y del conflicto entre derecho a la vivienda y propiedad privada.
Mientras el Gobierno asegura que ha dispuesto medidas sociales y albergues para enfrentar la emergencia, dirigentes y abogados de los habitantes acusan que la respuesta judicial y administrativa equivale a criminalizar la pobreza, sin ofrecer alternativas habitacionales permanentes.
El desenlace del operativo y la eventual revisión de la Corte Suprema marcarán los próximos pasos de un conflicto que ha puesto en tensión las políticas públicas de vivienda y seguridad en la región.
