Amnistía Internacional: “Los ataques aéreos de Estados Unidos en Latinoamérica son asesinatos”
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Amnistía Internacional lanzó una dura denuncia contra el gobierno de Estados Unidos tras los ataques aéreos realizados en Latinoamérica y el Caribe desde septiembre, que han dejado al menos 57 muertos. La organización calificó estos bombardeos como “asesinatos ilegales” y llamó al Congreso estadounidense a detenerlos de inmediato.
Una oleada de bombardeos sin justificación
De acuerdo con la información entregada, el Comando Sur de Estados Unidos ha ejecutado 13 ataques aéreos en los últimos dos meses: ocho en el Caribe y cinco en el Pacífico oriental. La administración de Donald Trump justificó las operaciones bajo el argumento de que las embarcaciones atacadas pertenecían a “narcoterroristas”. Sin embargo, Amnistía acusa que no se han presentado pruebas, ni se ha revelado la identidad de las víctimas.
“Ni siquiera si se comprobara que transportaban drogas, eso justificaría el uso de la fuerza letal. El homicidio intencionado de personas acusadas de delitos que no representan una amenaza inminente para la vida es asesinato, y punto”, señaló Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Críticas al uso de fuerza militar
La organización recuerda que la interdicción de embarcaciones sospechosas de contrabando es un procedimiento de cumplimiento de la ley que debe regirse por el derecho internacional de los derechos humanos. Eso implica garantizar el derecho a la vida, al debido proceso y limitar el uso de la fuerza letal solo a situaciones donde exista peligro inminente.
En este caso, según Amnistía, el gobierno estadounidense no demostró que las personas atacadas representaran un riesgo inmediato ni que no existieran medios alternativos, como la interceptación por la Guardia Costera. Incluso el propio secretario de Estado, Marco Rubio, admitió que Estados Unidos podría haber detenido la primera embarcación, pero optó por bombardearla.
“Estos ataques son acciones ilícitas de un gobierno que actúa fuera de la ley. Si Trump quiere combatir la drogadicción, debe financiar programas de salud pública en lugar de volar ilegalmente embarcaciones en Latinoamérica”, agregó Eviatar.
El Caribe y el Pacífico no son zonas de guerra
Otro de los puntos clave planteados por Amnistía es que Estados Unidos intenta aplicar el lenguaje de la guerra a contextos que no lo son. Ninguno de los países de la región está en guerra con Estados Unidos ni ha atacado a ese país de manera que justifique una respuesta militar.
“El Caribe y el Pacífico oriental no son campos de batalla. El despliegue militar con fines de cumplimiento de la ley es un viejo truco autoritario que ha producido graves violaciones de derechos humanos en Latinoamérica”, afirmó Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía.
La organización advierte que estos bombardeos transmiten un “mensaje escalofriante de aprobación tácita” para que otros gobiernos adopten ejecuciones extrajudiciales como método de control.
Llamado al Congreso y a la comunidad internacional
Amnistía Internacional exigió al Congreso de Estados Unidos asumir su rol de control y detener de inmediato estas operaciones. Además, pidió abrir investigaciones independientes que determinen responsabilidades, tanto de los ejecutores como de las autoridades que dieron las órdenes.
“El presidente Trump se ha atribuido públicamente la responsabilidad de ordenar los ataques y ha alardeado de ello, ignorando al Congreso y despreciando el derecho internacional”, denunció Ana Piquer, directora regional de Amnistía para las Américas.
“La vida humana no puede quedar a merced de los caprichos de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendir cuentas”, añadió.
Un mensaje de alerta
Para Amnistía Internacional, lo que está en juego no es solo la legalidad de unas operaciones militares, sino la vigencia misma de los principios básicos de derechos humanos en la región. La organización llamó a la ciudadanía estadounidense y a la comunidad internacional a “hacer sonar todas las alarmas” frente a esta deriva peligrosa.
En un momento de creciente tensión en Latinoamérica y el Caribe, los ataques de Washington se presentan como un recordatorio del uso desproporcionado de la fuerza y de la impunidad con que actúan las grandes potencias. Un mensaje, advierte Amnistía, que erosiona el derecho internacional y amenaza con normalizar la violencia de Estado más allá de las fronteras estadounidenses.
Felipe Portales says:
¡Qué triste fin, para todos los efectos prácticos, de la OEA! Y mucho más triste aún ha sido la total ausencia de una reacción colectiva -¡e individual!- de los países y gobiernos latinoamericanos…