Bolivia: el Tribunal Supremo anula la condena de Jeanine Áñez y ordena su liberación
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El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló este miércoles la condena de 10 años de prisión contra la ex presidenta Jeanine Áñez, sentenciada en 2022 por su rol en la crisis política de 2019. La decisión, anunciada por el presidente del tribunal, Romer Saucedo, ordena su inmediata liberación y marca un giro en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente del país andino.
Áñez, quien aún se encuentra recluida en el penal femenino de Miraflores, en La Paz, había sido condenada por haber asumido “de forma ilegal” la presidencia tras la salida de Evo Morales, en medio de protestas y acusaciones de fraude electoral. Según explicó Saucedo, el tribunal consideró que la ex mandataria debió ser juzgada mediante un “juicio de responsabilidades” —reservado a las más altas autoridades del Estado— y no por la vía penal común.
“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia de 10 años”, señaló el magistrado, agregando que el proceso vulneró derechos constitucionales.
Cinco años de prisión y un proceso polémico
Áñez, de 58 años, permanecía privada de libertad desde marzo de 2021. Su hija, Carolina Ribera, confirmó que la liberación efectiva se concretaría el jueves, pese a que la resolución judicial ordenaba su excarcelación inmediata. “Está muy emocionada, después de casi cinco años de abusos”, dijo Ribera, quien anunció que su madre regresará a su natal región del Beni, en el noreste del país.
La ex presidenta reaccionó en redes sociales: “Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó”, escribió en X, afirmando que sus decisiones de 2019 fueron tomadas “con la conciencia y el corazón firmes”.
La crisis de 2019 y la herencia de la violencia
La asunción de Áñez en noviembre de 2019 fue el desenlace de una grave crisis institucional. Luego de que Evo Morales fuera acusado de fraude para extender su mandato hasta 2025, la presión de las Fuerzas Armadas lo llevó a renunciar y salir del país. La entonces senadora Áñez asumió la presidencia interina, respaldada por la oposición y sectores conservadores.
Su gobierno enfrentó protestas masivas de seguidores de Morales, especialmente en Cochabamba y El Alto, que fueron reprimidas con la intervención de policías y militares. La Defensoría del Pueblo reportó 36 muertos, la mayoría durante los primeros días de su gestión. Estos hechos dieron origen a nuevos procesos judiciales impulsados por el oficialismo del MAS, que la acusa de violaciones a los derechos humanos.
Un país dividido y una justicia en disputa
El fallo del Supremo llega en un momento de profunda fragmentación política en Bolivia. El nuevo Congreso que asumirá en los próximos días estará dominado por fuerzas de derecha y centroderecha —el Partido Demócrata Cristiano, Libre y Unidad—, lo que podría dificultar eventuales juicios políticos contra Áñez.
Desde el entorno de la ex mandataria, la decisión fue celebrada como un acto de reparación. “Su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso”, declaró el senador Branko Marinkovic, ex ministro de Áñez. En cambio, organizaciones de víctimas de la represión, como la dirigida por David Inca, anunciaron que presentarán una acusación ante el Congreso para iniciar un nuevo juicio de responsabilidades.
Entre la justicia y la política
La liberación de Jeanine Áñez reabre el debate sobre la instrumentalización de la justicia en Bolivia, un país donde los procesos judiciales contra ex mandatarios suelen reflejar los vaivenes del poder político. Para el oficialismo, Áñez encabezó un golpe de Estado; para la oposición, fue una presidenta transitoria que evitó un vacío institucional.
Cinco años después de la crisis, el país sigue sin un relato común sobre lo ocurrido en 2019. La decisión del Tribunal Supremo, al anular la condena y ordenar su excarcelación, podría marcar el cierre de una etapa, pero también el inicio de un nuevo ciclo de polarización y disputa por la memoria.
Fuente: AP, AFP, Reuters
